sábado, 23 de noviembre de 2013
Dado el aumento progresivo de la renta disponible, asegurar unas buenas prestaciones de jubilación depende de la voluntad de la sociedad (de decisiones políticas no económicas).
LA
RENTA PER CÁPITA COMO VARIABLE ESTRATÉGICA
Por
otra parte, la esperanza de vida, la pirámide de población y la
proporción entre activos y pasivos no son las únicas variables que
habría que tener en cuenta si se quiere comprobar la viabilidad o
inviabilidad del sistema público de pensiones, sino también la
evolución de la renta per cápita. Si la renta per cápita crece, no
hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que
un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir
percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las
cuantías de las pensiones no solo deberían no reducirse sino que
tendrían que incrementarse por encima del coste de la vida.
El
problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de
distribución y no de escasez de recursos. En los últimos treinta
años la renta per cápita en términos constantes casi se ha
duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución
similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para
pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya
voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los
políticos- de realizar una verdadera política redistributiva.
MÁS
BIENES PÚBLICOS
Las
transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan
también que las necesidades que deben ser satisfechas cambien y, por
tanto, haya una variación de los bienes y servicios que hay que
producir. Es muy posible que la decisión que adopte el mercado
referente a estos no sea la adecuada -en contra de lo que piensa el
liberalismo económico- a las necesidades reales, ni en su
composición cualitativa ni cuantitativa. La vida urbana y el trabajo
en el sector industrial y en el de servicios presentan nuevas
contingencias o, al menos, contingencias mucho más acusadas que en
el mundo rural. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el
aumento en la esperanza de vida crean nuevas necesidades y exigen por
tanto la necesidad de que las sociedades se doten de nuevos
servicios.
John
Kenneth Galbraith anunció ya hace bastantes años que todos estos
cambios exigían una redistribución de los bienes y servicios que
deben ser producidos y en consecuencia, consumidos, a favor de los
llamados bienes públicos y en contra de los privados. Habrá quien
diga que estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los
podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica tal
aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la
población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían
permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la
sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la
capacidad de ahorrar una cuantía suficiente para garantizarse una
pensión de jubilación digna? La única dificultad es ideológica.
Bajo el poder absoluto del neoliberalismo económico, una sola
tendencia pretende imponer su ley: más iniciativa privada y menos
sector público.
El
envejecimiento de la población de ninguna manera provoca la
insostenibilidad del sistema público de pensiones, pero sí obliga a
dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo a financiar las
pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios
de atención a los ancianos y los dependientes. Detracción por una
parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos
condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la
población, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia
colectiva.
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