1.- Planteamiento
La situación por la que atraviesa la sociedad española exige por parte de los agentes sociales y políticos, así como por parte del amplio sector de la población dañado sistemáticamente por las políticas del presente, dar una respuesta unitaria, contundente y organizada a las instituciones gubernamentales -nacionales y supranacionales-, los estamentos financieros y económicos, así como a los medios de comunicación corporativos, que empujan al abismo a una inmensa mayoría de personas de nuestro país y de nuestro entorno.
Esta exigencia hace que los agentes implicados por y para el cambio de modelo se alejen de las viejas posturas, de los elementos diferenciadores y, en un acto de responsabilidad y valentía, construyan un nuevo porvenir entorno a los ricos elementos y motivaciones comunes que el presente exhibe.
Se trata de que desafiemos unitariamente el presente para construir entre todos y todas un nuevo futuro, sobrepuesto al desolador panorama que hoy visualizamos.
Por ello, la unidad de los agentes y, lo que es más importante, la unidad del pueblo, ha de tejerse alrededor de objetivos, planteamientos y reivindicaciones comunes y asumibles por todos y todas; planteamientos y reivindicaciones que se comparten de común acuerdo porque responden a los ataques directos que están posibilitando la miseria y la destrucción de una sociedad hoy de rodillas.
Nuestras reivindicaciones, respondiendo a lo dicho más arriba son:
1.- Contra el paro y la precariedad laboral. A favor de la creación de empleo digno y con garantías.
2.- Contra los recortes sociales que afectan directamente a la sociedad, minando los mecanismos de protección y desarrollo social contemplados en la Constitución española y en la DDHH, especialmente aquellos que van ligados a la jubilación, la sanidad, la educación y los servicios sociales básicos.
3.- A favor de los servicios públicos en cualesquiera de sus formas (Sanidad, Educación, Servicios Sociales o Pensiones).
4.- Contra la corrupción instaurada en las instituciones gubernamentales, políticas, económicas, financieras y judiciales.
5.- A favor de una auditoria de la deuda contraída ilegítimamente por el estado y en contra del pago de la misma.
Estas reivindicaciones abarcan la inmensa mayoría de males que nos aquejan hoy como sociedad, aglutinando bajo su manto a un porcentaje muy elevado de personas de este país que sufren los efectos devastadores de las políticas imperantes.

2.- Objetivos
Los objetivos de las Marchas a Madrid 22M pueden diferenciarse en dos etapas:
Primera Fase
Comprendida desde la puesta en común de la idea hasta el día 22 de Marzo, con la llegada a Madrid de las marchas.
1.- Constituir un espacio común de lucha entorno a los comunes denominadores que persiguen todos los colectivos y movimientos implicados, y que afectan de forma unitaria a una gran parte del pueblo español.
2.- A través de este espacio común de lucha, desarrollar una organización y estructura unitarias que posibiliten el ensamblaje de los diferentes colectivos, organizaciones, plataformas y movimientos implicados hoy en la lucha contra el estado actual de cosas, y que pivote alrededor de las demandas exigidas.
3.- Trasladar un mensaje de unidad ante la lucha del espacio reivindicativo español a las instituciones gubernamentales, económicas y los medios de comunicación.
4.- Trasladar la necesidad de movilización, asociación y participación entorno a los objetivos comunes al conjunto de la población hoy desmovilizada. Desarrollar las motivaciones de estas necesidades y explicar su importancia en el contexto actual.
5.- Transformar el estado de resignación, descreimiento y frustración instaurado en un gran número de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
6.- Construir mayoría social y ciudadana que se vaya conformando en contrapoder.

Segunda Fase
Con inicio el 22 de Marzo.
1.- Asentar y fortalecer las estructuras creadas, así como completar la organización desarrollada en la fase anterior.
2.- Dar respuesta social y ciudadana, en base a esta organización, a las agresiones que como pueblo hemos sufrido y desafiar aquellas que estén por venir.
3.- Diseñar y desarrollar una estrategia de lucha continuada en el tiempo, que persiga la reversión de todas las agresiones ejecutadas sobre el común de la población española, y que busque alternativas de convivencia social, política y económica.
4.- Continuar la construcción de un espacio de lucha, implicación y movimiento ciudadano que conquiste progresivamente el sector de la sociedad no movilizada, dotándolo de herramientas efectivas de acción y cambio.
5.- Aprovechar los múltiples recursos que las distintas asociaciones, colectivos, plataformas, etc., han desarrollada para, de forma unitaria, contribuir a la promoción y desarrollo del resto de objetivos.
6.- Plantear un escenario real y factible de cambio como alternativa al modelo económico y social existente.

3.- Motivaciones

Son múltiples, variadas y de peso, pero todas se pueden circunscribir a los planteamientos anteriormente señalados:
1.- Contra el paro y la precariedad laboral. A favor de la creación de empleo digno y con garantías.
- 6 millones de parados/as en España.
- 3’5 millones de parados/as de de larga duración.
- 1’3 millones de personas en España no reciben ningún tipo de prestación.
- El 10’6 % de hogares españoles sin ingresos.
- 3 millones de españoles y españolas viven en la pobreza severa, lo que supone vivir con menos de 307 euros al mes.
- Desde 2008, 400.000 jóvenes españoles han marchado al extranjero.
- Desde 2008, los salarios de la clase trabajadora han disminuido un 10 %.

- Las ganancias empresariales en 2013, por primera vez en la historia, han superado los costes salariales, aumentando de forma progresiva la diferencia entre salarios más altos y salarios más bajos.
- El precio de la vida ha subido un 20% desde 2009.
- La diferencia entre ricos y pobres ha aumentado en un 30%
- Las empresas del IBEX-35 subieron sus ganancias en un 20% durante 2012 y en 2013, sus ganancias ascendieron a 15.000 millones de euros (un 9% más).
- Desde 2008 se han producido en España más de 400.000 desahucios.
- La reforma laboral desarrollada por el gobierno del PP (28/06/2012 ) ha traído consigo la destrucción de 630.000 puestos de trabajo, 30.000 ERES (un 20% más que el año anterior), 25.000 contratos menos, la pérdida masiva de derechos laborales en forma de incumplimiento de convenios de forma unilateral por parte de las empresas, despidos casi a precio de saldo o un nuevo modelo de mercado laboral al servicio y gusto del gran empresario, que define al trabajador como una pieza más en el engranaje de la gran rueda de las ganancias particulares.
- La reforma anterior impulsada por el gobierno del PSOE ya había allanado el camino para ésta.
- Los dirigentes políticos españoles desde la Transición han apostado por un modelo económico basado en el ladrillo, el “pelotazo” y el turismo.
- Desde 2008 hasta 2011 desaparecieron en España más de 20.000 empresas industriales, lo que se traduce en 600.000 puestos de trabajo menos.
- Casi el 40 % del volumen industrial que se maneja en España está en manos extranjeras.
2.- Contra los recortes sociales que afectan directamente a la sociedad, minando los mecanismos de protección y desarrollo social contemplados en la Constitución española y en la DDHH, especialmente aquellos que van ligados a la jubilación, la sanidad, la educación y los servicios sociales básicos.
- El “copago” sanitario supone entre 500 y 1000 euros al año a pacientes crónicos o con enfermedades raras.
- El gasto sanitario en septiembre del 2013 fue 66 millones de euros mayor que en el mismo mes del año anterior, cuando no existía “copago”.

- Se privatiza la sanidad a base de eufemismos e intereses particulares mientras las listas de espera crecen rápidamente y la calidad de los servicios no es igual para todos/as.
- A más de 50.000 residentes en España se les ha retirado la tarjeta sanitaria.
- Un español que resida en el extranjero más de tres meses será desposeído de su tarjeta sanitaria.
- Los “sin papeles” y los jóvenes mayores de 26 años sin cotización han perdido la tarjeta sanitaria.
- El número de ultrarricos (tener más de 30.000 millones de euros en activos) en España ha aumentado en 2013 hasta 1625 personas, un 6’9 % más que en 2012.
- La riqueza acumulada por éstos es superior a 48 veces el PIB de España.
- El 20% de los más ricos en España acapara el 44% de los ingresos declarados.
- El 20% más pobre apenas aporta el 6%.
- Las grandes fortunas y las grandes empresas concentran el 71’8 % (el 65% del presupuesto de Sanidad en todo el estado) del fraude fiscal total, lo que suponen entorno a 45.000 millones de euros al año.
- El 80% de efectivos de la Agencia Tributaria se dedican a perseguir al pequeño fraude.
- Los técnicos del sindicato GESTHA (Inspectores de Hacienda) llevan mucho tiempo denunciando las atrocidades fiscales que se cometen en nuestro país, proponiendo medidas alternativas como un impuesto sobre la riqueza que lograría recaudar 3.400 millones de euros.
- Con un mayor esfuerzo en la persecución del fraude fiscal que nos situara en la media europea, el Estado lograría recaudar 38.000 millones de euros al año.
- El rescate a Bankia costó a las cuentas del erario público 22.400 millones de euros.
- Caixa Catalunya y la CAM 27.000 millones de euros.
- Nova Galicia Caixa 9.000 millones de euros.
- Esta última ha sido vendida a un empresario venezolano, amigo del Presidente Nuñez Feijoo por 1.000 millones de euros, una vez saneada con dinero público.
- 15 aeropuertos deficitarios en España (no llegan al tercio de su capacidad operativa).
- Las autopistas rescatadas por el gobierno dejan una deuda de 4.000 millones de euros.

3.- A favor de los servicios públicos en cualesquiera de sus formas (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, etc.) y de un sistema de pensiones público y digno.
- Desde 2010 hay 52.000 profesionales sanitarios menos.
- Desde 2009 el gasto sanitario se ha recortado en un 30%.
- El año pasado se han invertido en Sanidad 6.300 millones de euros menos.
- Desde 2011 se han despedido a 50.000 profesores de enseñanza Primaria y Secundaria.
- La educación privada hoy en España supone el 31% del total, frente al 3% de Finlandia, siendo uno de los porcentajes más altos de toda Europa.
- Desde 2009, el gasto público en educación se ha recortado en más de 8.000 millones.
- El PP ha impuesto una ley educativa rechazada por la comunidad educativa en pleno y que ha tenido una rotunda contestación social.
- El recorte en becas ha sido superior al 50%, desde 2010.
- Son miles los profesores universitarios despedidos y otros tantos los precarizados.
- Son cientos los centros de investigación públicos que se han cerrado, miles los profesionales cualificados que han emigrado y el recorte en i+d durante el 2012 ha sido superior al 7’4%.
- La Seguridad Social española abona mensualmente cerca de nueve millones de pensiones contributivas. La pensión media del sistema es de 833,63 euros (incluyendo otras prestaciones como las de viudedad y orfandad) y hay alrededor de ocho millones de pensionistas.
- El 20% de estas pensiones están por debajo del umbral de pobreza, mientras que el gasto público en pensiones es del 10% del PIB (dos puntos por debajo de la media de la UE).
- Con la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno calculan que “ahorrarán” 33.000 millones de euros durante los próximos 9 años, lo que es otra forma de anunciar el dinero que perderán los pensionistas en ese periodo.
- La pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas con la aplicación de esta reforma estará entre un 14,8% y un 28,3% para los próximos 15 años, es decir, entre 123, 37 y 235,91 euros de la pensión media.

- Si el próximo año la revalorización de las pensiones fuera de sólo el 0,25% (algo muy plausible, según las propias estimaciones del Gobierno) y la inflación fuera del 2%, los pensionistas no recuperarían su poder adquisitivo hasta el año 2021.
4.- Contra la corrupción instaurada en las instituciones gubernamentales, políticas, económicas, financieras y judiciales.
- Gürtel, contabilidad B, “despidos en diferido”.
- ERES de Andalucía.
- Caso Palau.
- Caso Noos (Urdangarín y la Infanta).
- Caso Emperador (tres primas del Rey imputadas).
- Caso Palma Arena.
- Caso Pokemon.
- Caso Conde Roa.
- Caso Baltar.
- Caso ITV.
- Caso Brugal.
- Caso Carlos Fabra.
- Caso Díaz Ferrán.
- Caso Andratx.
- Caso Malaya.
- Caso Blesa.
- Los “papeles” de Bárcenas.
- El Consejo de Europa ha alertado de la injerencia política en los órganos judiciales.
- Los jueces o inspectores de Hacienda que aplican la ley de forma igual para todos son perseguidos y apartados de los casos en cuestión, cuando no expulsados de la carrera.
- La inmensa mayoría de imputados quedan impune y sólo se logra recuperar una ínfima parte de lo defraudado.
- Amnistía Fiscal.
- El fenómeno de la “puerta giratoria”, por el que políticos que han formado parte de gobiernos en determinados momentos pasan a empresas privadas sobre las que tomaron decisiones: Felipe González (PSOE): Gas Natural. José María Aznar (PP): Endesa. Ángel Acebes (PP): Iberdrola. Abel Matutes (PP): Banco Santander. Ana Palacio (PP): HC Energía. Manuel Pimentel (PP): Baker & McKenzie. Josep Piqué (PP): Vueling. Rodrigo Rato (PP): Telefónica. Eduardo Serra (PP): Everis. Isabel Tocino (PP): Banco Santander. Eduardo Zaplana (PP): Telefónica. Marcelino Oreja (PP): FCC. María Ángeles Amador (PSOE): Red Eléctrica Española. Josep Borrell (PSOE): Abengoa. Miguel Boyer (PSOE): Red Eléctrica Española. Luis Carlos Croissier (PSOE): Repsol. Luis Martínez Noval (PSOE): HC Energía. Elena Salgado (PSOE): Endesa. Jordi Sevilla (PSOE): PwC. Javier Solana (PSOE): Acciona. Pedro Solbes (PSOE): Enel. Matías Rodríguez Inciarte (UCD): Banco Santander, y mucho más.
- En el gobierno hay un grupo de personas que cometieron fraude, que mintieron sistemáticamente y de forma consciente, incumpliendo una tras una, las medidas y propuestas anunciadas en su programa electoral.
- La nueva Ley de Seguridad Ciudadana contempla sanciones de hasta 600.000 euros por asistir a una manifestación sin permiso gubernamental, o de 30.000 euros por impedir un desahucio.
5.- A favor de una auditoria de la deuda contraída ilegítimamente por el estado y en contra del pago de la misma.
- El BCE no puede prestar dinero a los estados, sólo da dinero a la banca privada.
- La deuda española, al igual que la del resto de estados, es comprada por grandes grupos inversores gestionados por la banca privada.
- El BCE –nuestro banco público europeo- ha dado, desde 2008- más de 2 billones de euros a la banca privada a un interés del 0’5% para que éstos compraran deuda de los estados por valor de 500.000 millones de euros, recibiendo por ello unos intereses, en el caso de España, superiores al 4%.
- Informes de expertos de la Tesorería del Estado cuantifican la deuda ilegítima que hemos contraído en 150.000 millones de euros.
- Deuda ilegítima es aquella cuyos beneficios al contraerla no recaen sobre el común de la sociedad, si no sobre particulares.
- Al día pagamos como país 105 millones de euros por los intereses derivados de esta deuda ilegítima, lo que suponen 38.000 millones de euros al año.

- El 26/08/2011 los dos grandes partidos de esta país, PSOE y PP, reformaron en forma exprés la Constitución española, asegurando así a sus amigos de las grandes fortunas y los grandes negocios que antes que comer, el pueblo español pagaría.

4.- Conclusiones.

Si las anteriores razones no fuesen suficientes, aún existen otros que legitiman aún más, si cabe, el proyecto de lucha y cambio en el que estamos embarcados: tenemos motivos para marchar a Madrid porque nuestra Constitución se está incumpliendo sistemáticamente, porque las leyes se imponen o aplican de forma arbitraria al servicio del poder económico y financiero. Tenemos motivos porque nuestra Carta Magna nos blinda ante las tropelías que estamos viviendo a través del reconocimiento de la DDHH.
Tenemos motivos porque como seres humanos y como queda recogido en el preámbulo de la solemne DDHH, es nuestro el derecho a la rebelión ante la tiranía y la opresión.
Pretendemos desafiar el presente para construir el futuro. Esperamos vernos en el camino y hacer camino juntos al andar. 

Nos vemos en Madrid el 22 de Marzo

Ciertamente, como somos solamente humanitos (y ratifico el diminutivo, tan necesario a nuestra especie), muchas veces no sabemos si es mejor hablar o callar. Pero, seamos sinceros: muchas otras sí lo sabemos, pero elegimos callar por todos los temores que nos despierta atravesar la puerta de las palabras. Y un miedo fundamental es a que el otro cambie la imagen que creemos que tiene sobre nosotros mismos (con las posibles consecuencias del caso). Sabemos que ese silencio es un candado que nos deja presos... Sabemos que se va teniendo mal regusto a medida que los días pasan (o los meses, o los años...). Pero callamos. A veces son palabras sencillas: “gracias”, “te valoro tanto...”, “te pido disculpas por lo que hice”, “te extrañé”, “me dañó lo que hiciste en aquél momento”... O bien son cosas que necesitábamos inquirir, pero que no nos animamos a hacerlo. Así, signos de admiración y de pregunta quedan enredados como hilos no usados en un viejo costurero...

Otras veces lo no-dicho se trata de una sola palabra que puede uno tardar años en poder a decir. Corta. Tremenda. Eficaz si se es fiel a ella. La palabra “basta”. Para eso con frecuencia tiene que estar el recipiente lleno de aquello que ya no queremos, pues “bastar” significa eso: “ser suficiente, no hacer falta más”. “No quiero más de esto en mi vida” es el preludio para todos los otros “Sí, quiero”.

Decir la palabra no-dicha, -la necesaria, la que abre puertas y ventanas para ventilar todo lo rancio- es como nacerse. Y entonces sí, amanece un silencio perfumado que huele a crío, a inaugural. 

~ Virginia Gawel ~

Mesa Estatal del Frente Cívico Somos Mayoría

Desde el comienzo de la crisis la deuda pública no ha dejado de aumentar de una forma alarmante. Aunque al comienzo (2008) estaba en torno al 40 % del PIB hemos pasado a un 93 % del PIB en el primer semestre del presente año. Si partíamos como uno de los países con menos deuda hemos sido unos auténticos campeones al situarnos entre el pelotón de cabeza. Sólo en la etapa del PP la deuda pública española ha crecido más de 209.000 millones de euros, situándose en 943.702 millones de euros. Esto supone que cada ciudadano español debe más de 20.000 euros. Si la inmensa mayoría de la población se encuentra con una deuda que no ha generado ¿cómo hemos llegado a esta dura situación?

Este inasumible desequilibrio de las cuentas públicas se ha originado por el aumento del gasto público y la disminución de los ingresos. ¿Por qué ha aumentado tanto el gasto y, por tanto, la deuda pública? Lógicamente hay un gasto que el estado debe afrontar para mantener la producción de bienes y prestación de servicios (sanidad, educación, dependencia, jubilaciones, desempleo o subvenciones a la economía productiva…), pero lo que realmente ha disparado nuestra deuda ha sido la desorbitada cantidad de intereses que estamos pagando. Según el economista Juan Torres (¿Quién vive gratis en España? Público, 17-11-13) “casi el 70 % de lo que hoy debe el Estado español es por concepto de intereses y este concepto es lo que hace que hoy día deba 4,5 veces lo que debía en 1989. Mientras que si los déficits de gastos e ingresos corrientes generados desde 1989 se hubieran financiado por un banco central con los mismos tipos de interés con que el Banco Central Europeo financia a la banca privada, nuestra deuda ahora no llegaría ni al 15% del PIB”.

De esta afirmación podemos sacar tres conclusiones:

1ª- La inmensa mayoría de la deuda pública corresponde a intereses (más de 105 millones diarios).

2ª- Esta deuda pública no se ha generado por los gastos ocasionados por el estado de bienestar, sino por la ayuda económica que ha tenido que proporcionar el Estado a la banca en crisis para evitar su quiebra, que desde el 2009 se cifra en 246.000 millones de euros (según el FMI), con los correspondientes intereses.

3ª- Si nuestro país hubiera mantenido su Banco Central propio hoy no tendría ningún problema de liquidez y de deuda pública. Debemos recordar que mientras el Banco Central Europeo presta el dinero de todos los europeos a la banca privada a menos del 1 %, ésta dedica ese préstamo a adquirir deuda pública al 3, 4, 5, ó 6 %. Por otra parte, el dinero directo que el Banco Central Europeo ha prestado para el rescate de la banca (más de 61.000 millones de euros) no ha ido directamente a ella, sino que se ha canalizado a través del FROB (Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria), dependiente del Ministerio de Economía, y, por tanto, ha pasado directamente a engrosar la deuda pública.

Sin embargo, los ingresos en estos años de crisis han caído constantemente debido, sobre todo, a la disminución de ingresos por el IVA (la fuerte caída del consumo interno por bajada de salarios y el elevado nivel paro), al mantenimiento de una fiscalidad injusta que recae sobre todo en los asalariados, reducida tributación de las grandes empresas y multimillonarias fortunas y al enorme fraude fiscal anual (unos 80.000 millones de euros).

Mientras sigue aumentado el paro, cada vez hay mas familias sin ingresos, los jóvenes tienen que buscar empleo en el extranjeros, se desahucia a las familias, se congelan las pensiones o se precariza el mercado laboral, el Gobierno clama a los cuatro vientos, con el coro mediático y los poderes económicos que lo apoyan, que estamos saliendo del túnel. Argumentan que el paro se ha estabilizado, que ha aumentado la inversión extranjera y la exportación, que es positivo el saldo de la balanza por cuenta corriente, que se accede más fácil a los mercados financieros, que tenemos una inflación baja…

Veamos. ¿Cómo se puede afirmar que estamos saliendo de la crisis con tan elevado déficit público, con una deuda pública que nunca podremos pagar y un paro altísimo, aunque diga el Gobierno que se ha estabilizado y que prevé un crecimiento del 0’1 % para el 2014? Se exporta más por la reducción de costes generada por la bajada de los salarios y el ajuste de las propias empresas para su supervivencia en una mejora de la productividad mal entendida. El acceso del crédito a los mercados financieros para el Tesoro Público, aunque últimamente más barato, sigue siendo insostenible por el gran aumento de la deuda pública. Una inflación baja beneficia a la economía, pero la reducción generalizada de salarios hace imposible aumentar el consumo. No obstante, todos sus argumentos se refieren a la macroeconomía. Tardará mucho tiempo para que llegue el crecimiento económico (estamos en recesión) y que las posibles mejoras que anuncian lleguen a los ciudadanos y contribuyan a mejorar su calidad de vida.

¿Tiene solución esta dura crisis? Sólo si la inmensa mayoría de los ciudadanos toman conciencia de la situación, se unen y obligan a los poderes políticos a cambiar la situación, acabando con este sistema injusto, corrupto y antidemocrático.

¿Qué soluciones hay? Vamos a enumerar algunas:

- Como muchos economistas argumentan (Pedro Montes, Ramón Franquesa, Juan Francisco Martín Seco, Alberto Montero, Juan Torres…) la salida del euro y la recuperación de nuestra autonomía monetaria (Banco Central español) son imprescindibles. El euro y su implantación, con todo el tinglado montado a su alrededor (Troyka), ha propiciado en gran parte la desastrosa situación que padecemos.

- Son totalmente necesarias, tanto la recuperación de una fiscalidad progresiva (que pague más quién más tiene), como la persecución del fraude fiscal.

- Hay que implantar una banca pública (ya existe) que posibilite préstamos a PYMES y a familias para facilitar el consumo y exigir a la banca privada la devolución del dinero prestado.

- Se deben establecer un salario mínimo interprofesional (SMI) de acuerdo con los que tienen los países de nuestro entorno (Alemania, Francia, Italia,…) y una renta mínima garantizada para todos los ciudadanos.

- Nuestra deuda pública es impagable. Por ello, debemos negarnos a pagar la alta deuda ilegítima, negación respaldada por el derecho internacional.

- Tenemos que recuperar los derechos laborales y sociales perdidos en las últimas décadas.

- Hay que fomentar una fuerte inversión pública, tanto para mantener los servicios sociales esenciales como para potenciar el desarrollo de una economía productiva.

- Debemos recuperar unos salarios dignos, estabilidad en el empleo, convenios colectivos y una jubilación mínima equivalente al SMI.

¡La unión y la lucha de toda la ciudadanía son más necesarias que nunca! Si no, cuando nos impongan que hemos salido de la crisis, será con unas condiciones sociales y laborales tercermundistas, retrocediendo en derechos fundamentales muchas décadas.

En tanto en cuanto recibir una pensión digna es un derecho constitucional y un derecho garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, los abajo firmantes, economistas, profesionales y académicos de distintas procedencias y sensibilidades, no podemos dejar de denunciar enérgicamente la nueva reforma de las pensiones públicas que prepara el Gobierno, que supone un nuevo engaño a los ciudadanos para favorecer a entidades bancarias y aseguradoras:

- Denunciamos que esa reforma se hace en el peor momento, con argumentos falsos y sin participación de la sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez más las pensiones.

Disminuir aún más el nivel de vida en medio de una crisis como esta y hacer ver a una parte tan numerosa de la población que seguirá bajando en el futuro es todo lo contrario de lo que conviene hacer para recuperar la confianza y el consumo imprescindible para salir de una recesión. Y además, justificar la reforma con argumentos falsos, solo para satisfacer a los grandes grupos financieros de presión es una verdadera traición a los intereses de la mayoría de la población.

- Denunciamos ante la opinión pública que es falso que una mayor esperanza de vida sea lo que ponga en peligro el futuro de las pensiones.

Es verdad que en los años próximos habrá más personas jubiladas y, en proporción, menos empleadas, pero no es cierto que de ahí se pueda deducir que inevitablemente se producirá un desequilibrio financiero de la Seguridad Social que impedirá pagar las pensiones, salvo que se reduzca su cuantía desde ahora, como se propone.

El equilibrio financiero depende no solo del número de pensionistas y empleados y de la magnitud de las pensiones, sino de otros factores de los que no se habla cuando se propone rebajar las pensiones:

Por lo tanto, no es cierto que lo que pone en peligro el futuro de las pensiones sea que, afortunadamente, aumente la esperanza de vida sino el aumento del paro, la especialización de nuestra economía en actividades de bajo valor y poco productivas y la desigualdad que hace que los salarios tengan cada vez menos peso en el conjunto de las rentas. Es decir, lo que viene ocurriendo como consecuencia de las políticas neoliberales que han aplicado los gobiernos en los últimos años siguiendo las directrices de la Unión Europea y, en particular, como consecuencia de la respuesta que se está dando a la crisis cuyo único propósito es el de favorecer a los bancos y a las grandes empresas y que está produciendo, precisamente, todo estos fenómenos: aumento del paro y de la desigualdad

Si se logra aumentar el empleo, si conseguimos que la productividad aumente en los próximos años simplemente lo mismo que aumentó en los últimos decenios y si frenamos el proceso creciente de desigualdad en el reparto de la renta, España podrá hacer frente sin dificultades al mayor gasto en pensiones que lógicamente se producirá en los próximos años.

-Denunciamos también que la propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos los grupos de trabajadores sin distinción es tremendamente injusta.

Sabemos sin lugar a dudas que las personas de mayor renta y de cualificación profesional más elevada tienen mayor esperanza de vida (en España hay una diferencia de casi 10 años entre lo que vive por término medio la persona de renta más alta y la de más baja). Por tanto, imponer que todos se jubilen a la misma edad significa obligar a que las personas de renta más baja financien de modo desigual las pensiones de las de rentas más altas, y también prolongar injustamente la vida laboral de quienes desempeñan actividades más molestas, insalubres o peligrosas. Tratar igual a los desiguales, como pretende el Gobierno con esta nueva reforma, es una injusticia inaceptable.