Archive for mayo 2013
Las razones de la lucha
En la lucha económica, política e ideológica es fundamental e imprescindible tener un mensaje, unas razones, unos argumentos que reiterada y repetidamente manifestados producen afecciones y grados de simpatía hacía una causa. Esas líneas argumentales se proyectan en dos direcciones, la que fundamenta y legitima nuestra acción y la que despoja de toda legitimidad a la parte contraria y oponente. Y ello que podría interpretarse como una cierta predisposición a la distorsión de los hechos y las situaciones es, en el caso de España y su Gobierno, una simple descripción objetiva de los hechos.
La condición sine qua non para que ello se constate y resulte posible es que el origen de nuestras posiciones y la crítica a las opuestas tenga como referencia una serie de valores, textos documentales y propuestas considerados universalmente válidos. Dicho de otra manera; es totalmente erróneo en las actuales circunstancias, combatir la política del PP basándose en el argumento de que no es de izquierdas; eso significa lanzar una ofensiva partiendo ya de una visión parcial de la sociedad; es ir al combate renunciado a priori a unos posibles apoyos aunque sean coyunturales pero válidos para una fase de la lucha.
Y eso que sería un error por parte de la izquierda, se transformaría en un desastre para el Frente Cívico Somos Mayoría o para cualquier otro colectivo, movimiento o causa que pretenda para una causa justa, el respaldo mayoritario o al menos importante de la sociedad. El objetivo de nuestra tarea es conseguir lo de aquél personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo. Trasladar un mensaje al campo de la propuesta programática es objetivar en cada medida una solución válida para la mayoría Una propuesta válida que además se sustente en el marco legal existente. Es en definitiva hacer en nuestra práctica y mensajes un uso alternativo del Derecho. Es evidente que el capitalismo en general y el gobierno en particular no pueden mantenerse si no es conculcando los grandes principios y los grandes textos a los que permanentemente recurren para justificar la necesidad de obediencia por parte de la ciudadanía…
En consecuencia voy a desarrollar una breve línea argumental para nuestros discursos, documentos y comunicaciones.
Nuestro mensaje debe, a mi juicio, vertebrarse en torno a tres ideas reiteradas hasta la saciedad:
- Pedimos, exigimos y nos movilizamos para que se cumpla la legalidad constitucional y los textos internacionales en los que se fundamenta.
- Es el Gobierno el que está en la ilegalidad, fuera de la ley, conculcándola y violándola.
- Nuestra lucha, pacífica, está respaldada y justificada por los grandes documentos internacionales, la Historia y la razón. En consecuencia la insumisión, la rebelión o la desobediencia, en situaciones como ésta son legítimas, necesarias y justas.
La Constitución española en su artículo 10 incorpora como materia de
la misma la solemne Declaración de DDHH de 1948 y demás documentos que
la desarrollan. Los más importantes de ellos son los tres pactos
firmados en 1966 y ratificados por el Reino de España en 1977: el Pacto
por los Derechos Políticos, el Pacto por los Derechos Económicos y
Sociales y el Protocolo Vinculante. En consecuencia constituyen materia
constitucional y son, por tanto, de obligado cumplimiento. De igual
manera son también de obligado cumplimiento documentos como la Carta
Europea de Derechos Sociales de 18 de Octubre de 1961, ratificada por el
Reino de España el 26 de Junio de 1980. Obviamente que los contenidos
de la propia Constitución que en muchos casos no son sino una traslación
de la Carta de DDHH, también entran a formar parte de este acervo
documental. En consecuencia, nosotros somos los defensores del
cumplimiento de la legalidad vigente. Ante este razonamiento el gobierno
y los medios de comunicación afines al estatus, alegan que habiendo
cedido soberanía a través de los acuerdos y tratados como el de
Maastricht, desarrollando el artículo 93 de la constitución, los poderes
europeos sustituyen a los textos constitucionales en una serie de
competencias.
Lo anterior plantea dos contradicciones que debemos denunciar, el reconocer que se ha hecho una reforma constitucional mediante los hechos consumados (lo cual es ilegítimo e ilegal) y no a través de los procedimientos reglados y el de la cesión de soberanía sin haber consultado a la población a través de referéndum.
Pero a pesar de ello hay Títulos y artículos que no se han visto
afectados por esa circunstancia; tal es el caso del Título VII y el de
los artículos que lo componen, especialmente el 128. Pero además se debe
tener presente que tras la reforma constitucional pactada entre el PSOE
y el PP en el año 2011 se amplió el artículo 135 para hacer prioritario
el pago de la deuda. Pues bien en el citado artículo y en su punto 4 se
dice que Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda
solo podrán superarse en casos de catástrofe natural, recesión económica
y situaciones de emergencia extraordinaria…..El Reino de España está en recesión desde hace varios años.
En virtud de todo lo anterior quedan claras dos conclusiones que debemos reiterar una y otra vez:
- Nosotros, es decir, los que nos movilizamos contra este estado de cosas, somos los únicos que hemos optado por el cumplimiento de la legalidad.
- Son ellos, el gobierno, los poderes económicos, políticos y mediáticos los que están fuera de la ley .En estos momentos no estamos ante un Estado de Derecho.
El gobierno suele aducir que es un gobierno legítimo porque nació de
las urnas; es cierto Pero, y también es verdad, que una cosa es la
legitimidad de origen y otra la de ejercicio. La primera
se obtiene en las urnas, la segunda en el ejercicio diario de una labor
de Gobierno conforme con los textos constitucionales, la legalidad
internacional y la correcta adecuación entre las promesas electorales y
el ejercicio de la acción gubernamental tras el acceso al Gobierno. El
actual Gobierno tiene la primera pero ha perdido la segunda. Y es esta
última la que valida o invalida la legitimidad global.
Consecuentemente con todo ello, nuestra posición de movilización y
rebeldía está legitimada.
Pero además, lo está por razones basadas en la Historia y en los textos internacionales. En el debate, la controversia y la lucha de ideas hay que referirse a antecedentes que ante la opinión pública legitimen nuestra lucha movilizadora. Ante muchos católicos hay que recordar a Santo Tomás de Aquino, al Padre Mariana o al también jesuita Francisco Suárez que defendieron la rebeldía ante el mal gobierno. Todo ello sin olvidar, por otra parte, al legado que en esta materia nos dejó John Locke. Especial mención merece, por su altísimo valor de ejemplo la trayectoria del universal Gandhi.
Pero además, lo está por razones basadas en la Historia y en los textos internacionales. En el debate, la controversia y la lucha de ideas hay que referirse a antecedentes que ante la opinión pública legitimen nuestra lucha movilizadora. Ante muchos católicos hay que recordar a Santo Tomás de Aquino, al Padre Mariana o al también jesuita Francisco Suárez que defendieron la rebeldía ante el mal gobierno. Todo ello sin olvidar, por otra parte, al legado que en esta materia nos dejó John Locke. Especial mención merece, por su altísimo valor de ejemplo la trayectoria del universal Gandhi.
De la misma manera la Declaración de Independencia de EEUU de 4 de Julio de 1776 reconoce el derecho a la rebelión. También la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.. La constitución francesa de 1793 llegó incluso a reconocer el derecho a la insurrección.
En la actualidad el Preámbulo de la Declaración de DDHH de 1948 dice en su tercer considerando que se debe exigir que
los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen de Derecho a fin de
que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión….
Estas breves consideraciones tienen como objetivo unificar el mensaje
y dotarlo de base para explicarnos ante la ciudadanía, Por ello someto a
vuestra consideración dos propuestas:
- Que si se está de acuerdo, sea esta línea argumental la que llevemos a nuestros actos y documentos.
- Que en los encuentros con otros colectivos y organizaciones para programar las distintas actividades y luchas comunes, propongamos este mensaje como elemento de unidad y visualización de la misma. Todo ello independientemente, claro está, de la especificidad y soberanía de cada uno. Es hora de aunar esfuerzos y conseguir un mensaje común que desde las razones y argumentos de al movimiento global una visualización de unidad en el objetivo común: la Justicia. Video intervención de Julio Anguita
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La Junta General del Principado de Asturias y la reforma de la Constitución.
Miguel Ángel Presno Linera.
1) la reforma del artículo 87.3
de la Constitución, que regula las iniciativas legislativas populares y
que en la actualidad impide su presentación si afectan, entre otras
materias, al régimen electoral general o al desarrollo de los derechos
fundamentales y las libertades públicas. Eso supone que, aunque cuente
con el respaldo de millones de ciudadanos, no se admite su tramitación
si una iniciativa se refiere a cuestiones tan relevantes en un sistema
democrático como la educación, la legislación electoral y de partidos
políticos, las libertades de expresión, reunión y asociación, el derecho
de huelga o el acceso a la justicia. Esta regulación no era tan
restrictiva en el Anteproyecto de Constitución, pues entonces no estaban
excluidas de la iniciativa legislativa popular las leyes orgánicas, que
son las que regulan los derechos fundamentales, el sistema electoral
general o instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo, el
Consejo General del Poder Judicial, o la sucesión a la Jefatura del
Estado.
2) La reforma del artículo 92
para que la aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y
aún no sancionadas, las decisiones políticas de especial trascendencia y
la derogación de leyes en vigor sean sometidas a referéndum vinculante
de todos los ciudadanos si lo solicitan 500.000 personas. La
Constitución de 1978 ni habilita a los ciudadanos para solicitar la
convocatoria de un referéndum ni prevé el carácter legislativo de las
consultas, contemplado en otros países (Austria, Dinamarca, Irlanda,
Italia, Suiza, Estados Unidos, Uruguay,…) y que sí estaba previsto, en
términos más democráticos, en el Anteproyecto de Constitución donde el
artículo 85 decía: “1. La aprobación de las leyes votadas por las Cortes
Generales y aún no sancionadas, las decisiones políticas de especial
trascendencia y la derogación de leyes en vigor, podrán ser sometidas a
referéndum de todos los ciudadanos. 2. En los dos primeros supuestos del
número anterior el referéndum será convocado por el Rey, a propuesta
del Gobierno, a iniciativa de cualquiera de las Cámaras, o de tres
asambleas de Territorios Autónomos. En el tercer supuesto, la iniciativa
podrá proceder también de setecientos cincuenta mil electores… 4. El
resultado del referéndum se impone a todos los ciudadanos y a todos los
órganos del Estado”.
3) La reforma del artículo 166
para que el cambio de la Constitución pueda ser promovido por 500.000
personas. La prohibición actual de iniciativas ciudadanas en esta
materia se ajusta poco al principio de soberanía popular (artículo 1.2
de la Constitución) y al mandato que se impone a los poderes públicos de
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política
(artículo 9.2). Además, esta limitación no estaba prevista en términos
tan excluyentes en el Anteproyecto de Constitución pues el artículo 157
–“La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos
del artículo ochenta”- remitía con carácter general al artículo 80,
donde se regulaban las diferentes iniciativas legislativas, incluida la
popular.
A diferencia de lo que ocurre en
España, en Suiza se admite la iniciativa popular para una reforma total o
parcial de la Constitución; en Letonia pueden promoverla la décima
parte de los electores; en Lituania 300.000 electores y en Austria
200.000 ciudadanos con derecho a voto o la mitad de los que tengan
derecho a voto en cada uno de tres Estados pueden presentar
proposiciones de leyes constitucionales.
El Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida ya ha manifestado su apoyo a esta iniciativa, que en
realidad recupera principios presentes en el proceso de transición a la
democracia.
Estamos seguros que contará
también con el respaldo de los demás Grupos Parlamentarios pues ¿qué
argumentos democráticos pueden tener los diputados del Partido
Socialista Obrero Español para oponerse a esta propuesta si esta misma
semana el secretario general del PSOE ha defendido la necesidad, para
recuperar la calidad de la democracia, de revisar el régimen de
celebración de referendos ampliando los supuestos de su convocatoria y
que la misma pueda ser solicitada por los ciudadanos?
¿Qué argumentos democráticos
pueden invocar los diputados en la Junta General de Foro Asturias para
votar en contra de una iniciativa que promueve la participación y la
democracia si se definen en su página web como “un movimiento de
ciudadanos libres y consiguientemente críticos, que se rebela contra la
condición de súbditos”?
¿Qué argumentos democráticos
pueden hacer valer los parlamentarios del Grupo Popular para rechazar
esta propuesta si ya el Presidente Fundador de su partido, el señor
Fraga Iribarne, defendió en el debate constituyente la reforma de la
Constitución a propuesta de los ciudadanos y una regulación generosa de
la iniciativa legislativa popular y de los referendos? El propio
Presidente del Gobierno, el señor Rajoy, ha animado a los que defienden
las consultas populares para que planteen propuestas de reforma de la
Constitución.
Finalmente, ¿qué argumentos
democráticos puede oponer el diputado de Unión, Progreso y Democracia a
una iniciativa progresista y democrática?
Los diputados y diputadas de la
Junta General del Principado de Asturias tienen el día 24 de mayo una
inmejorable ocasión para demostrar que no le tienen miedo a los
ciudadanos, que no le tienen miedo a la democracia, que no le tienen
miedo a la libertad.
Texto publicado en el periódico La Nueva España el 19 de mayo de 2013. Petición ciudadana para que se remita al Congreso de los Diputados una iniciativa de reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución https://oiga.me/campaigns/pide-al-parlamento-asturiano-que-apruebe-la-peticion-ciudadana-de-reforma-constitucional
“Pueblos Unidos contra la Troika”, manifestación internacional.
Comunicado sobre la manifestación internacional “Pueblos Unidos contra la Troika”
El día 1 de junio tendrá lugar la manifestación internacional
“Pueblos Unidos contra la Troika”,que en España está convocada por la
Marea Ciudadana contra los Recortes y por una verdadera Democracia. Esta
movilización, promovida desde el colectivo portugués “Que se Lixe a
Troika” (Que se joda la Troika en conjunción con movimientos y
colectivos de países como España (Marea Ciudadana, asambleas del 15M y
otros), Grecia (sindicato GSEE ligado a Syriza), Francia, Inglaterra,
Italia, Eslovenia, Irlanda, Chipre y Alemania (Blockupy), quiere hacer
más visible, si cabe,la actual situación.
A la pérdida de todos nuestros derechos se suma la pérdida de
soberanía al ser, de facto, tres organismos supranacionales y sin
legitimidad democrática alguna, el Banco Central Europeo, la Comisión
Europea y el Fondo Monetario Internacional quienes están rigiendo
nuestros destinos. No haría falta recordar lo que estamos viviendo en
nuestro día a día: la imposición salvaje de un modelo
económico–ideológico que no tiene en cuenta ni a personas ni los daños
irreversibles que causan a las mismas.
Una vez analizada y aprobada por unanimidad la propuesta en la Mesa
Técnica, la Comisión Gestora Estatall del Frente Cívico Somos Mayoría
quiere hacer público con este comunicado su participación en las
movilizaciones del sábado 1 de junio.
Para ello vamos a sumarnos como parte activa a la Marea Ciudadana con
la certeza de que todos los Frentes Locales, Comarcales, Provinciales y
Autonómicos se volcarán en el trabajo común con el resto de colectivos
para conseguir que sea la voz de la Ciudadanía, no la de los mercados,
la que se oiga
Reforma del Sistema Electoral por Miguel Ángel Presno
El día 19 de abril Miguel Ángel Presno , profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, nos ofreció una charla sobre la Reforma del Sistema electoral. La charla al completo la podéis ver en nuestro canal de youtube http://www.youtube.com/feed/ y le damos las gracias por facilitarnos el documento pdf de las tablas que aparecían en las diapositivas con los ejemplos que iba explicando, os las podéis descargar en este https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0Bz3DW5ykumJvbU9Yci1uVHIxbEk
Los crímenes del Gobierno Rajoy
Casi sin darnos cuenta, muy poco a poco, se va conduciendo a la ciudadanía de este país a una situación insostenible. El Gobierno del Partido Popular, sin prisa pero sin pausa, está conduciendo a este país al abismo. Con la complicidad de los sectores en la sombra, de la Iglesia, de la Banca, de las grandes empresas transnacionales, de los intereses de las grandes corporaciones, de las grandes fortunas, del poder financiero, de los ricos y poderosos, está desmantelando no sólo el incipiente Estado del Bienestar que habíamos comenzado a disfrutar, sino todos los cimientos de la protección social que se había desplegado hasta su llegada al poder.
El acoso y derribo a la clase trabajadora, a los de abajo, por parte de los poderosos, de la casta oligárquica, del Gobierno y de sus secuaces, las grandes empresas, la CEOE, los partidos que les apoyan, las Instituciones que los mantienen, y sus cómplices internacionales que los alientan, los justifican y los jalean, tales como la Comisión Europea, el FMI, el BCE, la OCDE, etc., nos están llevando a un escenario de caos y de fractura social. Podemos calificarlas como auténticas situaciones de muertes o de asesinatos civiles, de crímenes sociales, que en un intento de recopilación no exhaustiva, presentamos a continuación en el siguiente decálogo:
SEGUNDO CRIMEN SOCIAL: El segundo crimen social de este país lo constituye el desmantelamiento que se está realizando de la Sanidad Pública, que otrora representara uno de los grandes pilares de nuestro Estado del Bienestar, por el que lucharon desde los tiempos de nuestros abuelos, y que ahora perversos gobernantes quieren aniquilar.Cierres de servicios de urgencia nocturnos, privatización de servicios hospitalarios, privatización de la gestión de hospitales públicos, deudas de dinero público hacia empresas privadas que gestionan hospitales, reducción de personal (médicos, enfermeros, etc.), figuran entre las estrategias en marcha para conseguir el desmantelamiento total de nuestra Sanidad Pública. Todo ello sin contar con algunas dramáticas situaciones de precariedad a las que están llegando algunos Hospitales debido a los indiscriminados y brutales recortes.
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QUINTO CRIMEN SOCIAL: La desprotección al colectivode las personas dependientes constituye el quinto crimen social. En efecto, con una Ley de la Dependencia a la que se deja sin recursos, unido al exigente objetivo del cumplimiento del déficit público que se exige a las Administraciones, asfixia las dotaciones económicas y presupuestarias ligadas al reconocimiento y a la vida mínimamente digna de estas personas, lo cual está provocando, junto al pago de sus propios medicamentos, que este colectivo sea uno de los que más esté sufriendo las consecuencias de este criminal Gobierno.
SEXTO CRIMEN SOCIAL: Como una variante o modalidad del segundo crimen social, tenemos las situaciones de desamparo, marginación y desprotección que se están realizando a los inmigrantes, en lo que tiene que ver con su cobertura sanitaria. Primero les dejaron sin derecho gratuito a la Sanidad, quedando únicamente la posibilidad de que pudieran acudir a los Servicios de Urgencia. Pero ya se están denunciando muchos casos en los cuales tampoco se atiende en urgencias, o bien se envían facturas abusivas intentando que los inmigrantes ilegales paguen por los servicios médicos llevados a cabo. Partos, sesiones de rehabilitación, atención de urgencia, etc., pasan gravosa factura a posteriori a los inmigrantes que acuden a los Centros de Salud.
OCTAVO CRIMEN SOCIAL: En octavo lugar, tenemos el crimen social que representa el conjunto de la población española que ya se encuentra en situación límite, es decir, en exclusión social, en los umbrales o dentro de la situación de pobreza, con un porcentaje que va creciendo que se sitúa en pobreza severa o extrema, es decir, en situación de indigencia. Ni qué decir tiene que esto es consecuencia directa de los otros crímenes sociales, pues se comienza con salarios precarios, se continúa en situación de paro, y se finaliza en situación de máxima precariedad, lo que lleva a la población afectada a no poder hacer frente al pago de los servicios para cubrir sus necesidades básicas, y por último, a la pérdida de su vivienda. Se han disparado los servicios que prestan los Bancos de Alimentos, los albergues públicos y de las distintas ONG's, así como la asistencia social que prestan algunas plataformas. Este crimen social se ceba también y fundamentalmente con la infancia, afectando ya a más de 2 millones de niños/as pobres en nuestro país.
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DÉCIMO CRIMEN SOCIAL: Para el décimo lugar hemos dejado el crimen social más aberrante, que es el que se comete con los inmigrantes, desde las deportaciones masivas, hasta el internamiento en los CIE, en una situación deplorable y que rayaría en el desamparo más absoluto de los Derechos Humanos, hasta auténticas aberraciones cometidas por las autoridades, como el atropello de pateras por parte de embarcaciones patrulleras de la Guardia Civil, como la que ocurrió hace pocos días cerca de las costas de Tenerife. Es de todo punto intolerable que un Gobierno mínimamente sensible y que se las da de legal y de democrático, someta a personas extranjeras a tan vil vasallaje, con un total desprecio hacia sus vidas. Acciones de este tipo sólo pueden ser tildadas de criminales.
Se criminaliza también a los desempleados, porque "tienen lo que se merecen", por no esforzarse lo bastante en encontar un esclavizante empleo. A Laponia deberíamos irnos si hace falta, nos dicen los mismos que se benefician de las amnistías fiscales, la desesperación y el miedo a la pobreza. Es el negocio redondo: si te cuesta encontrar empleo, cuando finalmente lo encuentras, si lo consigues, debes olvidarte de tus derechos, porque simplemente, "es lo que hay", como le gusta afirmar al indecente Presidente de los empresarios de este país.
Rafael Silva Martínez
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Por la recuperación de la soberanía económica, monetaria y ciudadana
POR LA RECUPERACIÓN DE LA SOBERANÍA ECONÓMICA, MONETARIA Y CIUDADANA.
SALIR DEL EURO
La dramática
situación social y económica en la que está hundida nuestra sociedad
exige una política capaz de crear las condiciones para salir de la
crisis. Es una necesidad urgente. El tiempo se ha convertido en un dato
primordial por los riesgos de agravamiento y degradación que existen,
por el enorme sufrimiento social que provoca la persistencia de las
políticas de ajuste, austeridad y privatización de lo público.
La red en la que estamos
atrapados está conformada por un nivel de paro catastrófico, por un
endeudamiento del país frente al exterior imposible de afrontar y por
una evolución de las cuentas públicas que conducen a la quiebra
económica del Estado. Más de 6 millones de parados, más de 2,3 billones
de euros de pasivos brutos frente al exterior, y una deuda pública de
casi un billón de euros, creciente y próxima al 100% del PIB, son datos
que definen un desastre inmanejable, ponen en peligro la convivencia y
derruyen derechos sociales fundamentales.
Una crisis de esta envergadura tiene causas complejas y múltiples,
desde la crisis general del capitalismo financiero hasta el despilfarro
y la corrupción propios, pasando por un sistema fiscal tan regresivo
como injustamente aplicado, pero aun a riesgo de simplificar el
análisis para desentrañar las soluciones, hay que atribuir a la
incorporación de nuestro país a la moneda única la principal razón de
esta desoladora situación.
Como ahora se reconoce, no había condiciones para implantar una
moneda única entre países tan desiguales económicamente sin ir
acompañada de una fiscalidad común. Su creación implicaba, por otra
parte, un marco propicio para implantar políticas regresivas y
antisociales de todo tipo según la doctrina neoliberal, que ha tenido
en la construcción de la Europa de Maastricht su máxima expresión.
Como se calibró en su momento, el Estado del bienestar no es compatible
con la Europa de Maastricht.
Con la incorporación al euro, nuestro país perdió un instrumento
esencial para competir y mantener un equilibrio razonable de los
intercambios económicos con el exterior, como era el control y manejo
del tipo de cambio con respecto al resto de las monedas. Por otra
parte, hubo una cesión de la soberanía al BCE en cuanto a la creación de
liquidez y aplicación de la política monetaria, una institución
dominada desde los orígenes por los intereses del capitalismo alemán.
Como no podía ser de otro modo, el retraso y la debilidad de la
economía española frente a otros países y la rigidez absoluta impuesta
por el euro llevaron a lo largo de la década del 2000 a un déficit de
la balanza de pagos por cuenta corriente abrumador. Se registraron unos
desequilibrios insostenibles, como también les ocurrió a otros países
como Grecia y Portugal, apresados en la misma trampa. En los 14 años
transcurridos desde la creación del euro en 1999 hasta el final del
2012, el déficit exterior acumulado fue de casi 700 mil millones de
euros, que hubo de financiarse endeudándose con el exterior. Las
entidades crediticias y las empresas españolas demandaron más de otro
billón de euros de recursos para sus planes de inversiones en el
exterior, principalmente en América Latina.
Hasta el año 2008, en que se desató la crisis financiera
internacional, por las facilidades extraordinarias de financiación, el
país vivió un sueño, como drogado, alimentando la burbuja inmobiliaria y
ajeno a los problemas que se habían gestado. En ese año, todo cambió
radicalmente, los mercados financieros se cerraron, por los canales no
fluía la liquidez y la situación de cada deudor pasó a examinarse con
rigor. Con el cambio abrupto en la posición deudora de nuestra economía
frente al exterior, los pasivos brutos pasaron de 540 mil millones al
final de 1998 a 2,2 billones en 2008, el país entró en quiebra y
sobrevino una profunda recesión que a todos los efectos sigue vigente.
El sector público se resintió profundamente desde entonces,
incurriendo en un déficit desorbitado por la caída drástica de los
ingresos, reforzada por el estallido de la burbuja inmobiliaria. El
Estado, sobre el que acaban descargando todas las tensiones de las
administraciones públicas, ha necesitado de centenares de millones de
euros, obtenidos con la emisión de deuda pública en los mercados
interior y exterior, ante la imposibilidad de la financiación directa
por la autoridad monetaria. Al final de 2007, la deuda en circulación
del Estado era de 307.000 millones de euros, el 37% del PIB. Al final
de 2012 había subido a 688,000 millones, el 65% del PIB, y sigue
aumentando como corresponde a la evolución deficitaria de las cuentas
públicas.
Desde que se admitió la crisis, la política económica ha tenido unos
rasgos básicos inamovibles. La pérdida de competitividad de la economía
española ha servido de excusa para aplicar a rajatabla las recetas
neoliberales y se ha tratado de compensar con el llamado “ajuste
interno”, un proceso dirigido a disminuir los salarios y facilitar los
despidos para abaratar los precios de las mercancías y servicios
españoles, desde el momento en que la vía natural e histórica de la
devaluación de la moneda está cegada por el euro. Ajustes,
contrarreformas laborales y recortes continuos jalonan la política de
los últimos años. Por otra parte, la mal denominada austeridad se ha
impuesto brutalmente en la política fiscal, como exigencia de los
poderes económicos, haciéndose de la lucha contra el déficit publico el
talismán engañoso de la solución a la crisis.
Esta política ha producido un retroceso social muy doloroso, ha
impulsado inconteniblemente el crecimiento del paro y, lo que es
fundamental, es inútil. El país se desliza sin freno y se despeña hacia
una fosa profunda. Los determinantes de la crisis siguen intactos
cuando no degradados. Los pasivos exteriores no pueden disminuir sin
que se registre un excedente de la balanza de pagos, cosa prácticamente
inalcanzable para una economía bastante derruida y de escasa
competitividad, y la pesada carga de deuda pública no dejará de crecer
hasta que se diluya el déficit público, algo que el propio gobierno no
alcanza a vislumbrar. La desconfianza es general.
La sociedad en una encrucijada.
¿Cómo superar el desastre? La alternativa a la crisis que defiende la
Troika y abiertamente el PP pasa por profundizar en los ajustes, en
la austeridad y en la destrucción de lo público. La economía española,
como ya le ha ocurrido a Grecia o Portugal, cae por el precipicio y se
desfondará en el abismo, con unas consecuencias sociales dramáticas y
riesgos políticos de todo signo.
El PSOE, copartícipe activo en el actual diseño económico y social,
finge ahora un desacuerdo con el PP y critica su política suicida, pero
sigue amarrado al criterio de que el euro es irreversible.
Las direcciones de los sindicatos mayoritarios, una vez contrastado
el error de cálculo cometido con el sí crítico a Maastricht, denuncian
ahora el actual estado de cosas, pero no están en condiciones de
proponer medidas anticrisis realmente efectivas ya que no cuestionan con
coherencia la Europa construida.
Otras fuerzas, organizaciones y autores de la izquierda critican la
Europa actual y proponen cambios bastante utópicos y proyectos sin
fundamento, dado el carácter irreformable de la Europa surgida, sobre
todo después de la ampliación de la zona euro al Este. A las carencias
originales de la moneda única se añade el peso que ha cobrado Alemania
como país hegemónico y la realidad de una descomposición de Europa,
aprisionados algunos países en deudas impagables. La imprescindible y
urgente necesidad de romper con las ataduras de los Tratados europeos no
puede paralizarse ni ocultarse tras propuestas de proyectos de otra
naturaleza. Por deseable que sea otra Europa, es ahora inviable,
requiere de bases en que sustentarse bien distintas y de la soberanía
perdida de cada Estado.
El fracaso del proyecto de construcción de Europa es inocultable,
con independencia de que no sea posible determinar cuándo y cómo se
desbaratará la insostenible situación existente.
A los firmantes de este manifiesto nos parece claro que la Europa de
Maastricht no podrá sobrevivir con su actual configuración, tras los
desastres y sufrimientos que ha causado, además de vaciar de contenido
la democracia y sustraer la soberanía popular.
También afirmamos que nuestro país no puede salir de la crisis en el
marco del euro. Sin moneda propia y sin autonomía monetaria es imposible
hacer frente al drama social y económico, tanto más cuanto que la
política fiscal también ha quedado anulada con el Pacto de Estabilidad,
alevosamente constitucionalizado.
Es precisa una moneda propia para competir y una política monetaria
soberana para suministrar liquidez al sistema y estimular una demanda
razonable. Y esto como primera condición ineludible, pero en modo alguno
suficiente, para poder desarrollar una política avanzada de control
público de los sectores estratégicos de la economía, entre ellos la
nacionalización de la banca, de reconstrucción del tejido industrial y
agrícola, de defensa y potenciación de los servicios públicos
fundamentales con un poderoso y progresivo sistema fiscal, de
amortiguación de las desigualdades y distribución de la riqueza, del
reparto del trabajo para combatir el paro, de derogar las
contrarreformas laborales y de las pensiones, de respeto en serio al
medio ambiente, etc., y de abordar un proceso constituyente que permita
recuperar y profundizar la democracia. Por todo ello hay que
despreocuparse transitoriamente del déficit público, olvidarse de hacer
propuestas imposibles al BCE y dejar de añorar a la Reserva Federal o
el Banco de Inglaterra cuando se puede disponer del Banco de España como
institución equivalente.
El montante de la deuda externa es impagable. Su mayor parte es deuda
del sector privado, y corresponde a sus agentes resolver los problemas
que se presenten, incluido el sector financiero, muy comprometido. Por
ello rechazamos toda operación de “rescate” de nuestro país y por la
misma razón consideramos como deuda completamente ilegitima la contraída
por el Estado para proporcionar fondos de salvamento a las entidades
crediticias que no hayan sido nacionalizadas.
Con respecto a la deuda pública, el Estado debe realizar una profunda
reestructuración de la misma (quita, moratoria, conversión en moneda
nacional) que alivie la presión abrumadora que soportan las cuentas
públicas. En otro caso, puede darse como irremediable la quiebra del
Sector público.
No se nos escapan los problemas y complejidades de los pasos que
proponemos, entre otros limitar la libre circulación de capitales.
Tampoco nuestro análisis nos impide colaborar en acciones, propuestas y
movilizaciones con aquella parte de la ciudadanía y sus organizaciones
que, bajo el efecto del bombardeo mediático al que somos sometidos o por
otros motivos, aún no comparte nuestra opción ante la encrucijada en
que estamos y la necesidad de romper el nudo gordiano del euro. Sin
embargo, ante el desastre que nos envuelve y ante las causas profundas
que lo promueven y agudizan, no podemos mantenernos mudos ni evasivos.
A nuestro entender, hoy la sociedad española, que ya ha entrado en una
agonía prolongada y sin esperanza, no dispone de otra elección que
salir del euro para impedir el hundimiento definitivo del país.
Recuperar la soberanía económica perdida, hacer efectiva la soberanía
popular, requiere desprenderse de los dogales que nos paralizan,
encarar la cruda realidad y dotarse de los medios para trazar un
proyecto de supervivencia que, con todas sus dificultades, puede
representar también una gran oportunidad para crear una sociedad
soberana, próspera, justa, solidaria, democrática, ecológicamente
responsable y libre.
PARA ADHERIRSE AL MANIFIESTO PINCHA AQUI
Plebiscito Ciudadano
Invitaros a la reunión que se celebrará el próximo lunes día 20 a las 19:00 horas en el palacio de Valdecarzana (C/Sol, 1) en Avilés y en la que hablaremos del Plebiscito Ciudadano que está convocado para la semana del 23 al 30 de junio; esperamos contar con vuestra presencia.
Si necesitáis información de cualquier tipo no dudéis en poneros en contacto a través de el correo electrónico plebiscitoaviles@gmail.com. Además aquí os dejamos el enlace a la
página web de las mareas ciudadanas donde podréis encontrar información sobre el
plebiscito http://plebiscitovinculante.wordpress.com y en nuestra entrada del Blog. Gracias¡¡
23-30 de Junio Plebiscito Ciudadano
El Frente Cívico Avilés, aprueba en la última Asamblea la participación en el Plebiscito Ciudadano. Vamos a resumir de qué se trata y como participar en este proyecto.
¿Qué es un Plebiscito?
¿Cómo llevarlo a cabo?
Para que el Plebiscito sea un éxito se necesita:
- La participación de voluntarios.
- La elección de las mesas electorales y lugares.
- La participación y voto de los ciudadanos.
La participación de voluntarios es necesaria para llevar a buen fin la consulta. Para ello la Marea ciudadana a preparado un FORMULARIO, en el que todas las personas que quieran implicarse puedan apuntarse. ¿Puedes dedicarle 4 horas de tu semana a recoger firmas en una mesa electoral?, pues ¡apuntate!. Esta es una oportunidad para mostrar nuestro descontento con el rumbo que ha tomado este gobierno.
La elección de las mesas electorales, dependerá del número de voluntarios, cuantos más seamos podremos cubrir mas barrios de nuestra ciudad. Los lugares podrán ser sitios o edificios públicos. REGLAMENTO.
El voto ciudadano es el fin último. Dependiendo del volumen de participación esta acción se verá refrendada y respaldada por los artículos: 1 La soberanía reside en el pueblo, y 23 Los ciudadanos tienen derecho a participar en asuntos públicos, de nuestra constitución, y en caso de que nuestro gobierno desatienda este pronunciamiento de la población estaríamos dispuestos a ir al tribunal constitucional y al tribunal Europeo por un hecho que atenta contra los principios básicos de representatividad y de nuestra carta Magna.
