lunes, 21 de octubre de 2013
Un año más, la fundación privada que gestiona los Premios Príncipe de
Asturias celebra en Oviedo su entrega de premios. Diversas administraciones públicas
aportan directa-mente entre el 18% y el 15% del presupuesto de esta entidad
privada, en torno a 1.112.000 €. En cuanto a las aportaciones indirectas del
erario público, como el desplie-gue policial, no se conocen datos y tampoco a
qué tipo de gastos se destina el dinero público en esta fundación y cual es el
procedimiento para contratar a las empresas que desarrollan las actividades.
Según datos proporcionados por los gestores de esta funda-ción (1), de cada
euro público que gasta la administración en esta actividad, se generan siete
euros en el PIB global del país.
Sobre la correcta utilización de dinero público en estas actividades no
habría que dudar, pues los medios de comunicación informan abundantemente de la
filantropía de la familia real para con la sociedad española. Tampoco deben
extrañar estos buenos resultados económicos, pues la fundación cuenta entre sus
patronos con reputados gestores como Rodrigo Rato, con una trayectoria
reconocida ampliamente en el FMI o Bankia. También se encuentran entres sus
patronos las principales multinacionales de este país (2), a las cuales hay que
agradecer su contribución a la riqueza nacional, aunque informes como el de
GESTHA sindicato de técnicos de hacienda, (3) asegura que las grandes empresas
y fortunas son responsables del 72% del fraude fiscal total, aproximadamente
70.000 millones de Euros.
Lo que llama la atención de esta fundación privada es que acepte fondos
de las adminis-traciones públicas, ya que está compuesta por destacados
partidarios de la no interven-ción del estado en la economía, de la privatización
de sectores productivos que eran ren-tables para el estado (Telefónica,
Argentaria…), partidarios de la regulación de práctica-mente de todos los
aspectos de la vida social por la mano invisible del mercado y par-tidarios de
las “reformas” que se están llevando a cabo en los servicios sociales.
Entonces ¿para qué necesitan fondos públicos y todos los recursos que el
estado les proporciona, cuando se dice constantemente que el estado no debe
intervenir en la economía?
Se
podría argumentar que las aportaciones de dinero público son fundamentales para
evitar la deslocalización de las actividades de esta fundación privada.
Seguramente los chinos o los rusos están muy interesados en trasladar
actividades tan rentables como una entrega de premios a sus países, donde podrían
hacer lo mismo con menos dinero, debi-do a los bajos salarios de sus
trabajadores De esta manera se asegura la administración que la Fundación Príncipe
de Asturias no va a trasladar su producción a los países del Este u otros
lugares.
Las preguntas que suscitan esta lógica son varias:¿porqué no se hizo lo mismo cuando se privatizó Telefónica o Ensidesa, reservar una participación del estado en las mismas? ¿Porqué se dejó una empresa pública rentable en manos de los intereses de multina-cionales que para continuar su producción en nuestro país chantajean constantemente a sus ciudadanos y exigen sus “mordidas”?. ¿No se habrían merecido los trabajadores en Piloña de Chupa-Chups un apoyo de la administración para continuar con la actividad de una fábrica rentable, por ejemplo como cooperativa, y evitar su deslocalización? ¿Y los trabajadores de Tenneco en Gijón? ¿y los mineros de Cerréu? ¿y el desmantelamiento de una fábrica centenaria como la de Santa Bárbara en Oviedo para especular con su suelo?¿Cuánto aportaban todas estas empresas al PIB regional y nacional directamente e indirectamente y porqué no se hace nada para evitar su cierre y desmantelamiento? ¿Con qué argumento se puede echar a decenas de trabajadores de la RTPA a la calle, después de conocer estos datos?
¿Qué ideología o qué ley es la que sustenta todo este disparate y este descalabro social al que nos conducen estas políticas?
Las preguntas que suscitan esta lógica son varias:¿porqué no se hizo lo mismo cuando se privatizó Telefónica o Ensidesa, reservar una participación del estado en las mismas? ¿Porqué se dejó una empresa pública rentable en manos de los intereses de multina-cionales que para continuar su producción en nuestro país chantajean constantemente a sus ciudadanos y exigen sus “mordidas”?. ¿No se habrían merecido los trabajadores en Piloña de Chupa-Chups un apoyo de la administración para continuar con la actividad de una fábrica rentable, por ejemplo como cooperativa, y evitar su deslocalización? ¿Y los trabajadores de Tenneco en Gijón? ¿y los mineros de Cerréu? ¿y el desmantelamiento de una fábrica centenaria como la de Santa Bárbara en Oviedo para especular con su suelo?¿Cuánto aportaban todas estas empresas al PIB regional y nacional directamente e indirectamente y porqué no se hace nada para evitar su cierre y desmantelamiento? ¿Con qué argumento se puede echar a decenas de trabajadores de la RTPA a la calle, después de conocer estos datos?
¿Qué ideología o qué ley es la que sustenta todo este disparate y este descalabro social al que nos conducen estas políticas?
Constitución Española
TÍTULO VII Economía y Hacienda
Artículo
128
1.
Toda
la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está
subordinada al interés general.
2.
Se
reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá
reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en
caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo
exigiere el interés general.
Artículo
129
1.
La
ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad
Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte
directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
2.
Los
poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en
la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades
cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los
trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
