Y la Resolución de Conflictos entre Inversor y Estado da todas las ventajas a las grandes empresas e inhabilita de hecho las leyes europeas en beneficio de la ciudadanía y del medio ambiente. Con tribunales de arbitraje privados, que no son verdaderos tribunales, corporaciones y grandes empresas podrán demandar compensaciones multimillonarias por pretendidas pérdidas al aplicarse leyes nacionales o europeas. La empresa Vattenffal demandó al gobierno alemán por 3.700 millones de euros cuando éste decidió desmantelar sus plantas nucleares tras el accidente de Fukushima. Y Philip Morris demandó a Uruguay en 2010 por 2.000 millones de dólares por su campaña anti-tabaco, alegando violación del tratado bilateral entre Uruguay y Suiza. ¿Violación? Uruguay había logrado reducir el consumo de tabaco en el país por lo que recibió un premio de la Organización Mundial de la Salud. Pero Philip Morris dijo que eso perjudicaba sus intereses y demandó al Estado uruguayo.

 Artículo : Rosa Llacer Visto en diario.es

No ha provocado grandes protestas sociales. Ni siquiera ha tenido un coste político excesivo. De hecho, pareciera que es justo lo contrario ya que el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, es el mejor valorado del Gobierno de Rajoy y suena con fuerza para ser el referente del PP en las próximas elecciones andaluzas. Lo cierto es que casi sin ruido, el Gobierno de Mariano Rajoy ha operado una auténtica ‘contrarreforma’ ambiental, similar en profundidad y calado a la producida en sanidad, educación, empleo o justicia, que está modificando de manera significativa la legislación nacional en asuntos tan sensibles como costas, agua, energía, especies invasoras y evaluación ambiental. La aprobación, el pasado viernes, por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de la nueva Ley de Parques Nacionales va en la misma dirección que las anteriores: menores cautelas ambientales y más control del Estado sobre las competencias autonómicas. La nueva Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, que devuelve al primer plano institucional a las políticas medioambientales tras la complicada y breve unificación con Agricultura, tiene ante sí el reto de combatir, matizar o aceptar estos cambios que, sin duda, afectan a Andalucía.

1. Parques nacionales, más control del Estado y más ‘actividades’

Esta reforma ha sido aprobada con dos críticas fundamentales. De un lado, una “recentralización encubierta” de la gestión de los Parques Nacionales al pretender, en explicaciones del secretario de Estado Federico Ramos esta misma semana ante la APIA (la asociación de los periodistas ambientales), que en el manejo de estas áreas protegidas pueda intervenir el Gobierno central, de tal manera que pudiera exigir “una gestión adecuada” a las Administraciones locales y autonómicas. De otro lado,  y a pesar de que el ministro Cañete ha negado de manera categórica la posibilidad de autorizar la caza comercial dentro de las zonas de máxima reserva, lo cierto es que el anteproyecto de Ley abre la mano a actividades turísticas, cinegéticas, recreativas y empresariales actualmente prohibidas en estos espacios. Se da la circunstancia de que hace un año, el Ministerio dejó en 0 euros las ayudas de carácter socioeconómico que recibían los municipios incluidos en los Parques Nacionales y que permitían compensar precisamente estas actividades no autorizadas. En Andalucía, con dos parques nacionales de la importancia ambiental y fuerza simbólica de Doñana y Sierra Nevada, ambos gestionados por la Junta, es de esperar una importante oposición a esta norma.

2. Ley de Costas, menos control en la primera línea

Fue el primer movimiento de calado en materia ambiental de Arias Cañete y el que ha generado una mayor contestación social y política, provocando el recurso de varias comunidades autónomas -entre ellas, Andalucía- ante el Tribunal Constitucional por “invadir” sus competencias y suponer “una amenaza” al principio de protección del medio ambiente recogido en la Carta Magna. Con la reforma de la Ley de 1988, el Gobierno dijo perseguir recuperar “la seguridad jurídica” en el ámbito litoral. Por el contrario, los colectivos ecologistas, las comunidades afectadas y una buena parte de la oposición política -el PSOE también ha recurrido ante el TC- consideran que la norma de Cañete supone la “privatización” de parte del dominio público marítimo terrestre al amnistiar a más de 154.000 inmuebles levantados a pie de costa y permitir diferentes actividades en la línea de litoral que, hasta el momento, eran ilegales. En Andalucía, que tramita en estos momentos el Plan de Protección del Corredor Litoral, podría llegar a darse la paradoja de que los primeros 50 metros de playa estuvieran menos protegidos que los 500 siguientes, en cuya regulación actúa la comunidad autónoma.

3. Agua, apoyo a los grandes consumidores

En el horizonte inmediato se dibuja un nuevo Plan Hidrológico Nacional, del que Cañete se ha apresurado a aclarar que es todavía “una hoja en blanco” rechazando hablar, de momento, de trasvases y, en particular, del trasvase del Ebro, cuya suspensión fue la decisión ambiental de mayor impacto del primer Gobierno de Zapatero. Hasta que esa hoja en blanco comienza a escribirse, el Ejecutivo ha dado algunos signos muy evidentes de la orientación de su política de aguas con la sucesiva aprobación de los planes de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, un proceso, por cierto, que dejó bastante empantanado y retrasado el último Gobierno socialista.
En el caso de Andalucía, la Junta se ha mostrado beligerante con el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir por eliminar la limitación inicial a los consumos de las grandes comunidades de regantes, por no obligar a la tarificación por volumen consumido y no por hectárea, por la condicionar la exigencia de mejoras en los regadíos existentes y por reducir las inversiones previstas en el primer documento del Plan. Posteriormente, el Consejo de Participación de Doñana también se mostró contrario al Plan por entender que “no garantiza la supervivencia” del espacio protegido. Por el contrario, Feragua, la asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, consideró que se trata “de un plan equilibrado y que ajusta las dotaciones de riego a los niveles estrictamente necesarios, con medidas de ahorro y control en consonancia con los objetivos de la Directiva Marco de Aguas”.

4. Energía, la ‘privatización del sol’

Aunque se encuadra competencialmente en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la reforma energética del Gobierno de Rajoy tiene incidencia directa en políticas ambientales claves como la lucha contra el cambio climático. La medida más cuestionada es la que algunos expertos han calificado como ‘la privatización del sol’ y que básicamente consiste en la penalización del autoconsumo energético con la imposición de un pago por el mismo. Esta decisión se suma a la moratoria de las primas a las renovables, que según la Junta de Andalucía afectará a 7.840 instalaciones de distinto tipo, siendo el más perjudicado el de la energía termosolar -de la que el 50% de la potencia instalada de España se encuentra en esta comunidad autónoma- y el desarrollo de las plantas de biomasa, la energía renovable con mayor tasa de creación de empleo verde.
El impacto total calculado por la Junta afectaría a unos 45.000 empleos y una inversión comprometida de casi 12.000 millones de euros. Por su parte, el ministro José Manuel Soria -quien tampoco escapa mal en las encuestas de popularidad- defiende que esta reforma crea un “sistema estable a medio y a largo plazo que obliga a medidas dolorosas que no son fácilmente aceptables”.

5. Especies invasoras, especies indultadas

El nuevo catálogo de Especies Invasoras incluye como principal novedad el ‘indulto’ a su calificación como tales de cuatro especies en atención a su “utilidad económica, alimentaria o lúdica”. Se trata del cangrejo rojo americano, el arruí, la trucha arco iris y el visión americano, del que podrán instalarse nuevas industrias de cría. La polémica por esta decisión no ha ido más allá de la comunidad científica y los colectivos ecologistas, lo cual sorprende ya que la acción de la fauna invasora es uno de los mayores riesgos para la biodiversidad y los espacios protegidos.

6. Evaluación de impacto ambiental, ¿facilidades para el fracking?

El proyecto de ley de Evaluación Ambiental vio la luz en el Consejo de Ministros de la pasada semana para, según afirmó Arias Cañete, “agilizar la tramitación de los casi 10.000 expedientes de evaluación ambiental paralizados en las distintas administraciones del Estado, de los que depende la creación de casi 80.000 empleos y con una repercusión de casi mil millones de euros sobre la actividad económica”. Sin embargo, no pocos han visto en este proyecto de Ley una nueva vía de rebajar las exigencias de la actual legislación ambiental española e incluso de facilitar el desarrollo de la polémica técnica conocida como fracking o fractura hidráulica, la cual persigue la extracción de hidrocarburos en capas muy profundas del terreno mediante la inyección a presión agua con arena y distintos productos químicos.
Por su parte, Ecologistas en Acción señala que la nueva ley supone una reducción en la calidad de las evaluaciones ambientales y favorece la mercantilización de la biodiversidad, al tiempo que teme que los bancos de conservación, incluidos en la reforma, permitan “una especie de monopoly de la naturaleza, un mercado financiero de activos medioambientales”.
Suelen decir los ambientalistas que las conquistas ambientales, en permanente e interesado conflicto con el mal llamado desarrollo,  tardan muy poco en perderse y décadas en recuperarse.  ¿Sucederá lo mismo con esta auténtica contrarreforma?

Artículo: CARLOS FRESNEDA
Tablas: FRENTE CÍVICO AVILÉS

 

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