domingo, 27 de octubre de 2013
En defensa del Sistema Público de Pensiones (4)
En esta parte del documento se plantea otro factor que determina favorablemente la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que no se tiene en cuenta cuando se hacen previsiones fatalistas e interesadas sobre la viabilidad del mismo, la productividad. En la segunda parte de la tabla se desmonta la falsa creencia (que se ha ido asumiendo) de que las pensiones se deben sostener sólo con cotizaciones, sin poder recurrir a transferencias del estado.
LA
PRODUCTIVIDAD:
FACTOR DECISIVO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
PÚBLICO DE PENSIONES
Pero
ahondando más en la materia, al plantear la cuestión de las
pensiones hay que superar también la visión estrictamente
cuantitativa del número de trabajadores para considerar, además, la
productividad. Como ya hemos dicho, el problema no estriba en cuántos
son los que producen sino en cuánto es lo que se produce. Cien
trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es
diez veces superior, de tal modo que los que cuestionan la viabilidad
de las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus
argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores
por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el
futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo
ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta
años el 30% de la población activa española trabajaba en
agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce
más que el 30% anterior. En resumen, un número menor de
trabajadores podrá mantener a un número mayor de pensionistas.
CONSECUENCIAS
DE UNA VISIÓN SESGADA DEL PACTO DE TOLEDO
Ha
sido el Pacto de Toledo, o una visión sesgada del mismo, lo que ha
introducido al sistema público de pensiones en un laberinto de
difícil salida. A ello ha contribuido la consideración de las
cotizaciones sociales como fuente exclusiva de
financiación de las pensiones, no encontrando entonces otra salida
que no sea la disminución de las prestaciones.
Se
llama Pacto de Toledo al documento aprobado por el pleno del Congreso
de los Diputados, en la sesión del 6 de abril de 1995, titulado
“Análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad
Social y de las principales reformas que deberán acometerse”. Su
origen inmediato se debe buscar en la aprobación por el Congreso de
una proposición no de ley, presentada por CiU, por la que se creaba
una ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos para analizar
los problemas estructurales de la Seguridad Social. Pero esta
iniciativa parlamentaria no descendió del cielo, sino que surgió de
un escenario formado por dos hechos que se complementan.
El
primero es una ofensiva internacional en contra de las pensiones
públicas y a favor de las privadas, que partía de ciertos
organismos internacionales como el Banco Mundial o la Unión Europea.
Estas maniobras tenían -y aún tienen- su eco en todos los países,
potenciadas por las entidades financieras y por la mayoría de las
fuerzas económicas y políticas.
El
segundo hecho es nacional y reside en las acusaciones mutuas entre
los dos partidos políticos mayoritarios de nuestro país, que se
reprochaban poner en peligro el sistema público de pensiones. El
PSOE, desde el gobierno, hacía propaganda del mérito de pagar a los
pensionistas, y ante la amenaza de perder las elecciones generales
-como así ocurriría en 1996- difundía la idea de que la llegada de
la derecha al poder suponía un grave riesgo para esta prestación
social. Al mismo tiempo, ante el déficit que en aquel momento
mostraban las cuentas de la Seguridad Social, el Estado, en vez de
enjugarlo con transferencias a fondo perdido, lo compensaba mediante
préstamos. Esto, por una parte, lanzaba ya un mensaje negativo al
presentar la Seguridad Social como una institución distinta del
Estado y, por otra, desde el punto de vista financiero, la colocaba
en una situación crítica de cara al futuro. Este hecho daba ocasión
al PP para acusar al Gobierno de ponerla en peligro.
La
presencia de ocho millones de pensionistas, convertidos en ocho
millones de votantes, cuyo ámbito de preocupaciones, en esta etapa
de su vida, se circunscribe en buena medida a cómo afrontar
económicamente los últimos días de su existencia, es bastante
aliciente para que los dos partidos mayoritarios utilicen el tema de
las pensiones como arma electoral. Los jubilados son percibidos como
presa fácil de la demagogia política.
Esta
similitud de comportamientos entre los dos partidos mayoritarios
resultaba preocupante porque sembraba la sospecha de que tanto uno
como otro consideraban las pensiones públicas como algo graciable
que podía reducirse. Cuando piensan que están perjudicando a la
otra formación política, en realidad lo que hacen es descubrir su
concepción espuria sobre el tema. El simple hecho de dar como
posible la quiebra de la Seguridad Social es ya un atentado al Estado
social que consagra la Constitución.
FRENTE CÍVICO SOMOS MAYORÍA A NIVEL NACIONAL, SE ADHIERE AL DOCUMENTO EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS EN EL SIGUIENTE COMUNICADO:
