domingo, 5 de enero de 2014
Las razones que se esgrimen para cambiar el Sistema de Pensiones, no se sostienen por si mismas, sólo es posible sostenerlas ante una sociedad aletargada, descolocada y desprovista de agentes sociales que la defiendan.
En tanto en cuanto recibir una pensión digna es un
derecho constitucional y un derecho garantizado por la Declaración Universal de
Derechos Humanos, los abajo firmantes, economistas, profesionales y académicos
de distintas procedencias y sensibilidades, no podemos dejar de denunciar
enérgicamente la nueva reforma de las pensiones públicas que prepara el
Gobierno, que supone un nuevo engaño a los ciudadanos para favorecer a
entidades bancarias y aseguradoras:
- Denunciamos que esa reforma se
hace en el peor momento, con argumentos falsos y sin participación de la
sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez más las pensiones.
Disminuir aún más el nivel de vida en medio de una
crisis como esta y hacer ver a una parte tan numerosa de la población que
seguirá bajando en el futuro es todo lo contrario de lo que conviene hacer para
recuperar la confianza y el consumo imprescindible para salir de una recesión.
Y además, justificar la reforma con argumentos falsos, solo para satisfacer a
los grandes grupos financieros de presión es una verdadera traición a los
intereses de la mayoría de la población.
- Denunciamos ante la opinión
pública que es falso que una mayor esperanza de vida sea lo que ponga en
peligro el futuro de las pensiones.
Es verdad que en los años próximos habrá más personas
jubiladas y, en proporción, menos empleadas, pero no es cierto que de ahí se
pueda deducir que inevitablemente se producirá un desequilibrio financiero de
la Seguridad Social que impedirá pagar las pensiones, salvo que se reduzca su
cuantía desde ahora, como se propone.
El equilibrio financiero depende no solo del número de
pensionistas y empleados y de la magnitud de las pensiones, sino de otros
factores de los que no se habla cuando se propone rebajar las pensiones:
§
Del empleo, pues cuanto mayor sea
el número de empleados más ingresos recibirá la seguridad social.
§
De la productividad, pues a
medida que aumenta (como viene sucediendo en los últimos años), se puede
obtener más producto e ingresos para financiar las pensiones incluso con menos
empleados.
§
Del nivel de los salarios y, por
tanto, de la participación de los salarios en los ingresos totales, pues cuanto
mayor sea ésta más masa salarial habrá para financiar las pensiones.
§
De la extensión de la economía
sumergida, pues cuanto más pequeña sea más cotizantes habrá y, en consecuencia,
también más ingresos para la Seguridad Social.
Por lo tanto, no es cierto que lo que pone en peligro
el futuro de las pensiones sea que, afortunadamente, aumente la esperanza de
vida sino el aumento del paro, la especialización de nuestra economía en
actividades de bajo valor y poco productivas y la desigualdad que hace que los
salarios tengan cada vez menos peso en el conjunto de las rentas. Es decir, lo
que viene ocurriendo como consecuencia de las políticas neoliberales que han
aplicado los gobiernos en los últimos años siguiendo las directrices de la
Unión Europea y, en particular, como consecuencia de la respuesta que se está
dando a la crisis cuyo único propósito es el de favorecer a los bancos y a las
grandes empresas y que está produciendo, precisamente, todo estos fenómenos:
aumento del paro y de la desigualdad
Si se logra aumentar el empleo, si conseguimos que la
productividad aumente en los próximos años simplemente lo mismo que aumentó en
los últimos decenios y si frenamos el proceso creciente de desigualdad en el
reparto de la renta, España podrá hacer frente sin dificultades al mayor gasto
en pensiones que lógicamente se producirá en los próximos años.
-Denunciamos también que
la propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos los grupos de
trabajadores sin distinción es tremendamente injusta.
Sabemos sin lugar a dudas que las personas de mayor
renta y de cualificación profesional más elevada tienen mayor esperanza de vida
(en España hay una diferencia de casi 10 años entre lo que vive por término
medio la persona de renta más alta y la de más baja). Por tanto, imponer que
todos se jubilen a la misma edad significa obligar a que las personas de renta
más baja financien de modo desigual las pensiones de las de rentas más altas, y
también prolongar injustamente la vida laboral de quienes desempeñan
actividades más molestas, insalubres o peligrosas. Tratar igual a los
desiguales, como pretende el Gobierno con esta nueva reforma, es una injusticia
inaceptable.
