domingo, 17 de noviembre de 2013
LAS
PENSIONES, DERECHO DE LOS CIUDADANOS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN
Afirmar
que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de
mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna
razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las
empresariales. El artículo 50 de la Constitución Española afirma:
“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas
y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad”. Las pensiones, en tanto que
derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la
Constitución, tienen la consideración de “gastos obligatorios”
que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos
presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de
ingresos. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para
asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con
cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes
para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el
desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.
El
denominado “déficit del sistema”, más allá de una forma
impropia de hablar, carece totalmente de sentido. Realmente solo
puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el
desfase entre cotizaciones y prestaciones no es sino un componente de
aquel, sin que tenga sustantividad propia. No se puede pretender que
esté en cuestión la viabilidad del sistema de pensiones por el
hecho de que en una coyuntura como la actual se necesite que a los
ingresos por cotizaciones se sumen otras aportaciones del Estado.
Asimismo,
vincular la viabilidad del sistema público de pensiones a la
coyuntura actual de crisis, en la que la caída brutal del empleo
(provocada en parte por la propia política económica adoptada a
nivel europeo y nacional) ocasiona una reducción de ingresos por
cotizaciones, no parece razonable. El hecho de que los ingresos por
cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en
pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de los
ingresos debida a la recesión, y que, por extensión, lo
verdaderamente insostenible es la propia recesión. Lo que se debería
estar haciendo de forma urgente es adoptar las medidas que permitan
superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del empleo. En
ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de
pensiones puede estar siendo “seriamente cuestionada” por la
severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la
política económica seguida.
TAMBIÉN
HAY QUE CONSIDERAR LOS INGRESOS
Es
curioso que la cuestión se haya planteado siempre desde el lado del
gasto para reducirlo, y nunca desde la óptica de los ingresos y de
su posible incremento; más bien todo lo contrario, de vez en cuando
surgen presiones para disminuir las cotizaciones sociales. Estas
presiones que, en los momentos actuales, proceden incluso de la
propia Unión Europea, añaden sin duda un factor más de inseguridad
si hacemos depender exclusivamente las pensiones de las cotizaciones,
tal como se asume en el informe de los expertos del Gobierno. Es una
evidencia que las reivindicaciones para reducir las cotizaciones
aumentarán en el futuro bajo el argumento de que estas constituyen
un impuesto sobre las nóminas, y que deberían ser sustituidas por
impuestos indirectos.
El
gasto, en relación al PIB, del sistema público de pensiones español
es reducido cuando lo comparamos con el de la mayoría de los países
de nuestro entorno, por lo que no parece que tenga mucho sentido
hablar de que su viabilidad esté en cuestión. Destinamos a ello el
10% del PIB, mientras que la media de la Eurozona tiene un gasto del
12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3%. Y aun cuando no se
modificase el sistema, la situación no va a cambiar durante muchos
años. Siempre siguiendo los datos de la Comisión Europea (que es la
instancia que nos conmina a llevar a cabo reformas urgentes), en 2030
nuestro gasto en pensiones será del 10,6%, prácticamente lo mismo
que hoy gasta Alemania (10,5%). Y aún en 2035, nuestro gasto será
del 11,3%. Los datos no avalan, pues, en modo alguno, la premura ni
la obligación por el lado del gasto.
Tras
la reforma de 2011, el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría
España, según admite la Comisión Europea en su informe The
2012 Ageing Report,
sería del 14% del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se
reduce rápidamente debido a que la presión demográfica de la
llegada a la edad de jubilación de las generaciones del baby
boom es
sustituida por el efecto contrario: la llegada de las generaciones de
la más baja tasa de natalidad de la historia). Es decir, tendremos
que destinar a las pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin
demasiadas complicaciones países como Austria, Francia o Italia.
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