domingo, 18 de mayo de 2014
Artículo de Nathalie Pédestarres
Tablas del Frente Cívico Somos Mayoría Avilés
El comercio exterior no suele ser un tema que destaque en los
programas electorales. Sin embargo, de cara a las elecciones europeas
del 25 de mayo algunos partidos ecologistas y de izquierdas centran
buena parte de su campaña en las actuales negociaciones entre la Unión
Europea y EEUU para conseguir un gran acuerdo de libre comercio, llamado
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP en sus siglas en
inglés). La eliminación de aranceles y trabas como regulaciones y normas
aumentaría el tráfico de bienes y servicios entre los dos principales
bloques económicos del mundo, que engloba a 820 millones de
consumidores, según argumentan los promotores del tratado. El número
creciente de críticos, no obstante, teme que los negociadores acabarán
aceptando el denominador común más bajo que rige la actividad económica a
ambos lados del Atlántico. Grupos medioambientales alertan sobre cómo
los logros en normas y estándares ecológicos, por ejemplo en la
producción agrícola en Europa, se diluirán en beneficio de las grandes
empresas alimentarias de EEUU.
El Parlamento Europeo es la única institución elegida por la
ciudadanía que podría poner freno al TTIP. Con el Tratado de Lisboa
firmado en 2007, la Cámara de Estrasburgo ha ganado el poder de vetar
asuntos relacionados con el comercio exterior de la UE. Cualquier
acuerdo con Washington, por ende, necesitará la aprobación de los
eurodiputados que saldrán elegidos el 25-M. En el pasado, la Eurocámara
era un tigre sin dientes, pero recientemente ha mostrado sus garras a
los gobiernos nacionales y la Comisión Europea, por ejemplo, al tumbar
el acuerdo internacional contra la piratería (ACTA) o cuando votó a
favor de suspender el intercambio de datos bancarios con EEUU (Swift) a
raíz del malestar por el espionaje de la agencia norteamericana NSA.
Lo que ha reforzado las sospechas acerca del TTIP es la opacidad con la que se conducen las negociaciones
que comenzaron hace dos años. El secretismo absoluto ha alertado a
varias ONG, sindicatos y asociaciones civiles, tanto en Europa como en
EEUU. El Corporate Europe Observatory (una ONG con base en Bruselas que
vigila los abusos de influencia de los lobbies industriales) lleva un
año reclamando legítimamente (acogiéndose al reglamento 1049/2001 que da
derecho a acceder a documentos relacionados con tratados de la UE) más
transparencia sobre el contenido del Tratado y la identidad de los
negociadores. En vano. Lo único que se ha podido conseguir al respecto
proviene de documentos wiki-filtrados por europarlamentarios
indignados por lo poco que se llega a conocer de las rondas
negociadoras.“El TTIP amenaza con quitar los medios democráticos para la
gestión social y medioambiental del mercado interno”, opina el
ecologista alemán Sven Giegold.
Los pocos documentos que han sido filtrados destapan que el acuerdo prevé una desregulación a todos los niveles, y no precisamente en pos de la calidad.
El economista francés Jacques Sapir denuncia en su blog que el tratado
transatlántico “impone que nuestras normas sociales y sanitarias se
alineen sobre las de EEUU”. Lo confirmó también la Comisión de Asuntos
Europeos del Parlamento francés en un informe de 2013 sobre el TTIP: “El
objetivo declarado por el Farm Bureau [el lobby de los grandes
productores agrícolas de EEUU] es aumentar los flujos de comercio
agrícola de Estados Unidos hacia Europa. Esto requeriría llegar a un
acuerdo SPS plus [reglamentos en materia sanitaria y
fitosanitaria que se basan en el uso de normas científicas] muy agresivo
por parte de los americanos que pedirían que se suprimieran las
restricciones europeas sobre carnes tratadas con hormonas de crecimiento
(ractopamine), sobre los tratamientos antimicrobianos o de reducción de
agentes patógenos (ácido, lejía), la ausencia de etiquetaje específico para productos que contienen transgénicos
y la reducción de los plazos de autorización para introducir soja
transgénica en el mercado europeo de la alimentación humana y animal”.
Cláusulas para proteger al inversor
Además de la posible llegada generalizada de transgénicos o
tratamientos hormonales, los ecologistas y el partido verde europeo
temen sobre todo un aspecto muy controvertido del tratado: el llamado
Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Se trata de cláusulas
que permiten a un inversor privado llevar a las autoridades de un Estado
soberano ante un tribunal de arbitraje internacional si considera que
una nueva ley perjudica sus intereses económicos en el país en
cuestión. Así, por ejemplo, en 2013, la empresa americana Lone Pine
Resources demandó al gobierno de la provincia canadiense de Québec por
haber aprobado una moratoria para el fracking, la controvertida
práctica de extraer gas de esquisto del subsuelo con la inyección de
agua y químicos. “Se va a trasladar el poder de decidir de las normas
corporativas de las jurisdicciones oficiales hacia grupos de arbitraje
privados que no tienen nada que ver con la justicia. No habrá
posibilidad de recurrir puesto que las decisiones de estos arbitrajes
serán definitivas y apremiantes”, señala el economista belga Raoul-Marc
Jennar.
Según un informe reciente de la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (Unctad), los casos de litigios ligados a la
cláusula ISDS, que se ha incluido en un sinfín de tratados bilaterales,
se duplicaron entre 2002 y 2013. En algunos países, notablemente en
Francia y Alemania, se oponen a esta cláusula. Por ello, la Comisión
Europea ha decidido excluir, por ahora, el ISDS de las negociaciones
sobre el TTIP y dejar el tema para más adelante.
Los promotores y defensores de este gran espacio económico sin trabas
fronterizas destacan los efectos para la economía y el empleo. Según un
informe de la Comisión Europea, el TTIP aumentaría el crecimiento en la
UE en un 0,48% anual del Producto Interior Bruto y un 0,38% en EEUU
hasta el año 2027. “¡Un incremento deseado del 0,5% del PIB y la
creación de entre 300.000 y 500.000 puestos de empleo en 13 años, cuando
hay actualmente en Europa 26,5 millones de parados!”, ironiza el
economista Jennar. Partidarios del TTIP, como el francés Vincent
Champain, economista y miembro de la Cámara de Comercio
Franco-Americana, responden con este planteamiento: “Hasta en las
hipótesis más pesimistas, hay algo de crecimiento. La pregunta que hay
que hacerse es si se está mejor con o sin el Tratado”.
Para Aurélie Trouvé, economista y copresidenta del comité científico
de ATTAC Francia, la respuesta es no. Basa su argumento en la
experiencia de acuerdos similares como el famoso Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (NAFTA). Según un estudio del Economic
Policy Institute (una ONG americana para la defensa de los trabajadores
con salarios bajos-medios), 20 años después de su lanzamiento, NAFTA no
ha creado los 170.000 empleos al año que se habían prometido. En su
lugar, ha contribuido a generar un enorme déficit comercial con México y
Canadá y la pérdida de puestos de trabajo en EEUU. Es más, en vez de
reforzar las alianzas, NAFTA ha aumentado los conflictos comerciales
entre los tres países. “Estos acuerdos bilaterales son una nueva vía de desregulación de los mercados.
A los países del sur que habían conseguido rechazar la liberalización
salvaje de los mercados en el marco de la Organización Mundial del
Comercio, se la vuelven a servir mediante estos acuerdos bilaterales de
libre comercio. Temen lo que ha pronosticado José Manuel Barroso, el
actual presidente de la Comisión Europea: que el TTIP se contagie como
modelo al resto del mundo”, opina la economista Trouvé de ATTAC.
Reunión con empresarios en Madrid
En marzo tuvo lugar en Madrid una reunión de empresarios españoles
con los equipos de negociadores de ambas partes para ponerles al día
sobre algunos detalles. El jefe de la delegación de la Comisión Europea,
el español Ignacio García Bercero, y su colega estadounidense, Dan
Mullaney, se emplearon a fondo para resaltar las ventajas de una gran
área de libre comercio para las empresas de ambos bloques. Pero los
beneficios van más allá, según García Bercero: “Si EEUU y la UE quieren
seguir desempeñando su papel de líderes que dictan las normas del
comercio internacional, habrá que establecer una cooperación y un
diálogo más fuerte y eficaz que los que hemos desarrollado hasta ahora”.
El Gobierno de España es uno de los partidarios incondicionales del tratado comercial con EEUU.
Lo confirma la designación del titular de Agricultura y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, como cabeza de lista del Partido Popular en las
elecciones europeas de mayo. Los ecologistas critican que el ministro
somete el medio ambiente a los intereses de la industria. “Durante su
mandato, Miguel Arias Cañete se ha dedicado en nuestro país a lo que
nosotros llamamos una contrarreforma medioambiental”, afirma Juan López
de Uralde, coportavoz de Equo. “Ha desmantelado la ley de Costas y ha
abierto la de impacto medioambiental para autorizar el fracking. También
tiene una responsabilidad directa en que España se haya convertido en
la puerta de entrada de los transgénicos en Europa. Su política defiende
los intereses de las multinacionales agroalimentarias y del sector de
la agricultura industrial”, subraya el dirigente del partido
ecosocialista.
Las negociaciones del TTIP se han complicado últimamente y hay
síntomas de fatiga en ambos lados. La cumbre entre la UE y EEUU, en
marzo en Bruselas, a la que asistió el presidente Barack Obama, no dio
ningún impulso al proyecto, según los medios europeos. Pero los
opositores al TTIP no se confían. Durante la campaña para el 25-M habrá muchas movilizaciones y campañas de información en todo el continente:
“Todo dependerá de la movilización ciudadana que está creciendo en
Europa y en los Estados Unidos”, opina Trouvé, de ATTAC, y recuerda que
otro tratado, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), fracasó
por el rechazo masivo de la sociedad civil mexicana en 2005. En Francia,
las regiones de Île de France, PACA (Provenza, Alpes, Costa Azul) y la
ciudad de Besançon ya se han declarado preventivamente como regiones
“fuera del TTIP”.
