sábado, 21 de diciembre de 2013
No actualizar las pensiones con el IPC, en tanto que incrementan otros componentes de la riqueza nacional (como los beneficios empresariales) es una redistribución de renta, pero detrimento de los más débiles y en favor de los que más tienen. Robin Hood, pero al revés.
El pacto de Toledo tuvo al menos un efecto positivo
que es el que ahora se intenta desterrar: el compromiso de las distintas
fuerzas políticas acerca de que las pensiones se actualizarían anualmente
de acuerdo con el incremento del índice de precios al consumo. La medida
parecía justa y lógica. Justa porque así lo proclama nuestra Constitución y
lógica porque con la inflación también se incrementan y a veces más que
proporcionalmente los ingresos del Estado. Hay una afirmación que debería ser
de común aceptación: mientras que la renta por habitante de una población se
mantenga constante o crezca, ningún miembro de ella, bien sea pensionista,
funcionario, escritor o bombero, tiene por qué ver empeorada su situación en
cuanto a ingresos. La no actualización de las pensiones conduce a que los
jubilados vean que su pensión se reduce año a año. El planteamiento de los
expertos del Gobierno consiste en utilizar la inflación, aprovechando la
ilusión monetaria, para reducir progresivamente las pensiones, de manera que se
cierre el desfase existente por otras causas entre las cotizaciones y las
prestaciones.
Si en un periodo determinado de tiempo las pensiones
suben por término medio menos que lo que lo ha hecho la renta per cápita es
porque otras rentas, bien sean las salariales, las de capital o las
empresariales, lo hacen en un porcentaje mayor, es decir, se modifica la
redistribución de la renta en contra de los pensionistas; ni que decir tiene
que este efecto es mucho mayor cuando se pretende que ni siquiera mantengan el
poder adquisitivo. Los expertos del Gobierno hablan de un factor de equidad
intergeneracional, pero lo cierto es que todas las recomendaciones que ofrecen
en su informe tienden a romper tal equidad, condenando a los pensionistas a un
empobrecimiento progresivo en favor de otras rentas y es bastante lógico
suponer que estas serán las de capital.
No es la pirámide de población, ni el incremento de la
esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la
insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas
reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos. El riesgo viene de
una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal de
España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a
Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de
diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos
políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que
acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y
principal reforma que habría de llevarse a cabo.
El profesor de Economía Aplicada de
la Universidad de Valencia, AMAT SÁNCHEZ, explica como y porqué el
sistema público de pensiones en España constituye un problema político y
no económico.
