RESOLUCIÓN CONTRA LA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES 

 El pasado 7 de junio Fátima Báñez presentó públicamente un extenso informe sobre el sistema público de pensiones que ha provocado una profunda inseguridad en los trabajadores de nuestro país, alimentando una conciencia de precariedad en el acceso presente y el mantenimiento futuro de las pensiones. El informe, elaborado por un grotescamente denominado “comité de expertos”, establece las orientaciones y criterios que presumiblemente adoptará el Gobierno en su anunciada reforma de las pensiones.

1. El documento al que nos referimos pretende abrir al mercado el sistema español de protección social, acreciendo y extendiendo la importancia de la previsión social complementaria que se desarrolla en el ámbito privado. El informe admite este planteamiento con sorprendente naturalidad, como si le fuera posible a la gran mayoría de los trabajadores, advirtiendo que los ciudadanos deberán “tomar medidas” para equilibrar la previsible disminución de su pensión, reservando un papel reforzado para el desarrollo de las pensiones complementarias (fondos de empresa, seguros y fondos de pensiones). En este contexto, causa repulsión saber que ocho de los doce “expertos” han estado a sueldo de las entidades financieras y aseguradoras que se disponen a repartirse nuestro sistema público de pensiones y que desgraciadamente ha contado con el respaldo de un representante de CCOO sin que se haya producido la debida reacción debida por parte de la cúpula de la dirección.

2. Para mantener el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social el informe prevé dos instrumentos que son complementarios y responden a un propósito común. El primero es el denominado FRA (Factor de Revalorización Anual), que descarta la revalorización de las pensiones a partir del IPC e introduce un nuevo índice para reducir continuamente su poder adquisitivo. Según algunos expertos la aplicación de este criterio se traducirá en un drástico recorte de las pensiones, superior a un punto anual de poder adquisitivo cada año de las mismas.

3. El segundo instrumento contemplado es el FEI (Factor de Equidad Intergeneracional), que prevé reducir la pensión media vinculando su cuantía a la esperanza de vida. Sin entrar a valorar las implicaciones morales del enunciado criterio, que parece reprochar a nuestros jubilados el hecho de mantenerse con vida, el resultado de su aplicación será, según datos del propio informe, una progresiva reducción de la pensión de jubilación, a razón de un 5 por ciento cada década.

4. Si sumamos ambas variables a los efectos de la reforma aprobada en 2011 por el PSOE con el insólito apoyo de CCOO y UGT (incremento de la edad de jubilación a 67 años, ampliación del período de cotización necesario, etc.), se advierte nítidamente la intención de romper el modelo público de protección social vigente en nuestro país, aproximándonos a un escenario caracterizado por dos rasgos deleznables: una seguridad social pública muy debilitada, de naturaleza crecientemente asistencial, y una protección complementaria que se encomienda a la iniciativa privada y al esfuerzo individual de los trabajadores.