martes, 4 de junio de 2013
Desde la Plataforma Stop Ley Wert manifestamos nuestro convencimiento de que han sido las muchísimas voces discrepantes y las multitudinarias y constantes movilizaciones populares las que han provocado el aplazamiento de la aprobación de la LOMCE.
La ciudadanía no admite una ley que:- No parte de un diagnóstico serio y riguroso y del diálogo con toda la comunidad educativa.
- Aprovecha una coyuntura de crisis económica y la utiliza como coartada para abrir las puertas a la privatización de la Educación Pública.
- Está al servicio de los mercados y la Conferencia Episcopal y no de las personas.
- Da la espalda a la Educación Infantil y a las Enseñanzas no obligatorias.
- Se articula en torno a un sistema trasnochado de reválidas, perversos instrumentos de su carácter segregador y excluyente.
- Ignora y desatiende al alumnado con más necesidades educativas.
- Permite a los centros concertados con fondos públicos seleccionar a su alumnado, con el objetivo de lograr los mejores puestos en los rankings que construirán artificial e interesadamente las evaluaciones externas.
- Permite sostener con fondos públicos a colegios que segregan por sexo.
- Convierte a la población estudiantil y sus familias en clientes, desarticulando su condición de ciudadanía.
- Favorece la intromisión política en el proceso educativo con una recentralización impropia de sociedades democráticas.
- Crea una institución costosa como el “Instituto Nacional de Evaluación Educativa” (que además generará efectos muy perversos sobre la Educación Pública), al tiempo que se recortan los servicios públicos alegando razones económicas.
Por todo ello pedimos la destitución inmediata del Ministro Wert y la retirada definitiva de la LOMCE.
La sociedad civil no va a tolerar una ley sin acuerdos y que no cuente con el apoyo de la comunidad educativa. Imponerla por la fuerza del rodillo parlamentario sería una muestra de la ausencia absoluta de voluntad democrática.
Consideramos imprescindible la apertura de un espacio de debate con toda la comunidad educativa para alcanzar una ley de consenso, así como la creación de un marco legal que garantice estabilidad al sistema educativo.
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