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En defensa del Sistema Público de Pensiones (14)
Las razones que se esgrimen para cambiar el Sistema de Pensiones, no se sostienen por si mismas, sólo es posible sostenerlas ante una sociedad aletargada, descolocada y desprovista de agentes sociales que la defiendan.
En tanto en cuanto recibir una pensión digna es un
derecho constitucional y un derecho garantizado por la Declaración Universal de
Derechos Humanos, los abajo firmantes, economistas, profesionales y académicos
de distintas procedencias y sensibilidades, no podemos dejar de denunciar
enérgicamente la nueva reforma de las pensiones públicas que prepara el
Gobierno, que supone un nuevo engaño a los ciudadanos para favorecer a
entidades bancarias y aseguradoras:
- Denunciamos que esa reforma se
hace en el peor momento, con argumentos falsos y sin participación de la
sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez más las pensiones.
Disminuir aún más el nivel de vida en medio de una
crisis como esta y hacer ver a una parte tan numerosa de la población que
seguirá bajando en el futuro es todo lo contrario de lo que conviene hacer para
recuperar la confianza y el consumo imprescindible para salir de una recesión.
Y además, justificar la reforma con argumentos falsos, solo para satisfacer a
los grandes grupos financieros de presión es una verdadera traición a los
intereses de la mayoría de la población.
- Denunciamos ante la opinión
pública que es falso que una mayor esperanza de vida sea lo que ponga en
peligro el futuro de las pensiones.
Es verdad que en los años próximos habrá más personas
jubiladas y, en proporción, menos empleadas, pero no es cierto que de ahí se
pueda deducir que inevitablemente se producirá un desequilibrio financiero de
la Seguridad Social que impedirá pagar las pensiones, salvo que se reduzca su
cuantía desde ahora, como se propone.
El equilibrio financiero depende no solo del número de
pensionistas y empleados y de la magnitud de las pensiones, sino de otros
factores de los que no se habla cuando se propone rebajar las pensiones:
§
Del empleo, pues cuanto mayor sea
el número de empleados más ingresos recibirá la seguridad social.
§
De la productividad, pues a
medida que aumenta (como viene sucediendo en los últimos años), se puede
obtener más producto e ingresos para financiar las pensiones incluso con menos
empleados.
§
Del nivel de los salarios y, por
tanto, de la participación de los salarios en los ingresos totales, pues cuanto
mayor sea ésta más masa salarial habrá para financiar las pensiones.
§
De la extensión de la economía
sumergida, pues cuanto más pequeña sea más cotizantes habrá y, en consecuencia,
también más ingresos para la Seguridad Social.
Por lo tanto, no es cierto que lo que pone en peligro
el futuro de las pensiones sea que, afortunadamente, aumente la esperanza de
vida sino el aumento del paro, la especialización de nuestra economía en
actividades de bajo valor y poco productivas y la desigualdad que hace que los
salarios tengan cada vez menos peso en el conjunto de las rentas. Es decir, lo
que viene ocurriendo como consecuencia de las políticas neoliberales que han
aplicado los gobiernos en los últimos años siguiendo las directrices de la
Unión Europea y, en particular, como consecuencia de la respuesta que se está
dando a la crisis cuyo único propósito es el de favorecer a los bancos y a las
grandes empresas y que está produciendo, precisamente, todo estos fenómenos:
aumento del paro y de la desigualdad
Si se logra aumentar el empleo, si conseguimos que la
productividad aumente en los próximos años simplemente lo mismo que aumentó en
los últimos decenios y si frenamos el proceso creciente de desigualdad en el
reparto de la renta, España podrá hacer frente sin dificultades al mayor gasto
en pensiones que lógicamente se producirá en los próximos años.
-Denunciamos también que
la propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos los grupos de
trabajadores sin distinción es tremendamente injusta.
Sabemos sin lugar a dudas que las personas de mayor
renta y de cualificación profesional más elevada tienen mayor esperanza de vida
(en España hay una diferencia de casi 10 años entre lo que vive por término
medio la persona de renta más alta y la de más baja). Por tanto, imponer que
todos se jubilen a la misma edad significa obligar a que las personas de renta
más baja financien de modo desigual las pensiones de las de rentas más altas, y
también prolongar injustamente la vida laboral de quienes desempeñan
actividades más molestas, insalubres o peligrosas. Tratar igual a los
desiguales, como pretende el Gobierno con esta nueva reforma, es una injusticia
inaceptable.
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En defensa del Sistema Público de Pensiones (13)
Esta
semana décimo segunda parte del extenso documento "EN DEFENSA
DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES", documento que os podéis descargar al
final de esta entrada.
Para entender la legitimidad de nuestro actual sistema
de pensiones debería bastar hacer referencia a dos textos fundacionales de
nuestro modelo social y de derecho. La Constitución del año 1978 y la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Pretender desmontar el
sistema de pensiones es ir contra estos dos documentos, algo impensable hace
unos años, pero que ahora se está haciendo realidad.
Asegurar pensiones públicas que permitan mantener un
nivel de vida digno es una cuestión de la máxima importancia social y política.
Los principios que deben regir la gestión de este derecho de la ciudadanía se
encuentran en los textos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Ya
hemos mencionado el artículo 50 de la Constitución, que garantiza a todos los
ciudadanos de la tercera edad pensiones adecuadas y actualizadas
periódicamente. En consecuencia, y como ya se ha argumentado anteriormente, en
épocas de déficit de la Seguridad Social ese derecho debe ser sufragado a cargo
de los Presupuestos Generales del Estado. Ese esfuerzo no debería ser ningún
problema, si se aplicara el principio de progresividad, establecido en el
artículo 31 de la Constitución, y si las principales empresas del país y las
grandes fortunas pagaran las cantidades que en justicia les corresponden y en
estos momentos eluden. No se trata de confiscar el dinero de nadie: una
contribución similar a la de sus equivalentes en otros países europeos -Estados
social y democráticamente más avanzados- sería suficiente.
Para todos los que luchamos por la democracia y la
justicia social, el máximo referente normativo no puede ser otro que la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Su memorable artículo 25 hace una
mención expresa a la tercera edad, en relación al derecho a un nivel de vida
adecuado y al bienestar, derecho que todo ser humano posee. Es más, el artículo
22 establece que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social”.
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pensiones
En defensa del sistema de pensiones (12)
No actualizar las pensiones con el IPC, en tanto que incrementan otros componentes de la riqueza nacional (como los beneficios empresariales) es una redistribución de renta, pero detrimento de los más débiles y en favor de los que más tienen. Robin Hood, pero al revés.
El pacto de Toledo tuvo al menos un efecto positivo
que es el que ahora se intenta desterrar: el compromiso de las distintas
fuerzas políticas acerca de que las pensiones se actualizarían anualmente
de acuerdo con el incremento del índice de precios al consumo. La medida
parecía justa y lógica. Justa porque así lo proclama nuestra Constitución y
lógica porque con la inflación también se incrementan y a veces más que
proporcionalmente los ingresos del Estado. Hay una afirmación que debería ser
de común aceptación: mientras que la renta por habitante de una población se
mantenga constante o crezca, ningún miembro de ella, bien sea pensionista,
funcionario, escritor o bombero, tiene por qué ver empeorada su situación en
cuanto a ingresos. La no actualización de las pensiones conduce a que los
jubilados vean que su pensión se reduce año a año. El planteamiento de los
expertos del Gobierno consiste en utilizar la inflación, aprovechando la
ilusión monetaria, para reducir progresivamente las pensiones, de manera que se
cierre el desfase existente por otras causas entre las cotizaciones y las
prestaciones.
Si en un periodo determinado de tiempo las pensiones
suben por término medio menos que lo que lo ha hecho la renta per cápita es
porque otras rentas, bien sean las salariales, las de capital o las
empresariales, lo hacen en un porcentaje mayor, es decir, se modifica la
redistribución de la renta en contra de los pensionistas; ni que decir tiene
que este efecto es mucho mayor cuando se pretende que ni siquiera mantengan el
poder adquisitivo. Los expertos del Gobierno hablan de un factor de equidad
intergeneracional, pero lo cierto es que todas las recomendaciones que ofrecen
en su informe tienden a romper tal equidad, condenando a los pensionistas a un
empobrecimiento progresivo en favor de otras rentas y es bastante lógico
suponer que estas serán las de capital.
No es la pirámide de población, ni el incremento de la
esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la
insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas
reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos. El riesgo viene de
una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal de
España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a
Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de
diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos
políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que
acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y
principal reforma que habría de llevarse a cabo.
El profesor de Economía Aplicada de
la Universidad de Valencia, AMAT SÁNCHEZ, explica como y porqué el
sistema público de pensiones en España constituye un problema político y
no económico.
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pensiones
En defensa del Sistema Público de Pensiones (11)
Las aportaciones al sistema de pensiones han sido una fuente de recursos para el estado y esto ha permitido invertir en el futuro del país y por tanto generar capital humano para sostener las pensiones que ahora cobramos, ¿por qué no ha de ser así en el futuro?
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pensiones
En defensa del Sistema Público de Pensiones (10)
SE
PRETENDE FAVORECER LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES
Existen
sospechas bien fundadas de que las múltiples campañas realizadas
para sembrar dudas acerca de la viabilidad de las pensiones públicas
tienen también como finalidad potenciar los fondos privados de
pensiones. De ahí que en todas las reformas se plantee la necesidad
de completar las pensiones públicas con pensiones privadas. Lo
primero a considerar es lo incorrecto y cómo induce a engaño la
denominación “pensiones” aplicadas a los fondos, al menos tal
como se instrumentan en España, donde las aportaciones las realizan
solo los particulares y no las empresas. De hecho, la única
alternativa que se propone a las pensiones públicas es que cada
persona de forma individual ahorre para la vejez. Pero para ese viaje
no hacían falta tales alforjas. Si es así, lo que resulta aún más
indignante es que pretendan decirnos en qué inversiones tiene que
materializarse nuestro ahorro. ¿Por qué en fondos y no directamente
en bolsa o en vivienda o en obras de arte o en cualquier otro activo?
Los fondos de pensiones no son más que una forma de ahorrar y no
precisamente de las más ventajosas para el inversor. Habrá que
cuestionarse el motivo de incentivar un sistema de ahorro (los fondos
de pensiones) en detrimento de otros.
Supeditar
la solución de la contingencia de vejez a la cantidad de ahorro que
cada individuo haya podido acumular a lo largo de su vida activa es
condenar a la pobreza en su ancianidad a la gran mayoría de la
población. Es bien sabido que el 60% de los ciudadanos carecen de
capacidad de ahorro (no llegan a final de mes) y otro 30%, si ahorra,
lo hace en una cuantía a todas luces insuficiente para garantizar el
mínimo vital en la jubilación.
Los
mal llamados fondos de pensiones solo benefician a las entidades
financieras depositarias de las inversiones y que controlan a las
gestoras. De hecho, dejarían de existir tan pronto como
desapareciese la desgravación fiscal, tal como se encargaron de
difundir sus propios defensores cuando se expandió el rumor de que
iban a perder los beneficios fiscales. ¿Pero cuál es entonces la
razón de ser de un producto financiero que sin desgravación fiscal
nadie -ni ricos ni pobres- estaría dispuesto a demandar? Para el
participante carecen de todo aliciente: ausencia de liquidez,
carencia de control de la inversión, pago de importantes comisiones,
etc. Pero, precisamente lo que son rémoras para el cliente, se
convierten en ventajas para las entidades financieras: fondos
cautivos que manejan a su antojo a través de las gestoras y que les
dotan de enorme poder económico, a la vez que les permiten
apropiarse mediante distintas comisiones de la casi totalidad de la
rentabilidad que tales recursos puedan generar.
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pensiones
En defensa del Sistema Público de Pensiones (9)
Contrariamente a lo que se presupone en las instituciones internacionales y debido a un mal análisis de los datos comparativos, las pensiones españolas son bajas respecto a la media de las pensiones de los paises de nuestro entorno.
EL
SISTEMA ESPAÑOL NO ES GENEROSO
El
tema de las pensiones lleva ya muchos años acumulando tras de sí
todo tipo de falacias y sofismas. Una de las más importantes quizá
sea la afirmación de la OCDE y de otros organismos internacionales
acerca de que las pensiones en España son muy generosas. Cosa
curiosa, porque para generosidad la que estos organismos tienen con
sus funcionarios. Trabajar unos pocos años en cualquiera de ellos
garantiza una generosa pensión que ya quisieran para sí los
trabajadores con mejor cualificación de nuestro país.
Esa
versión alejada de la realidad de las pensiones españolas proviene
de unos planteamientos que no se corresponden con los datos, Además,
las comparaciones internacionales resultan muy complicadas en estos
casos. Parten de la siguiente pregunta: ¿qué pensión le
correspondería en relación con su último salario a un trabajador
que hubiese cotizado el número mínimo de años para percibir la
pensión máxima (en España, más de 35) y se jubilase a la edad
legal (en nuestro país, 65 años, por ahora)? Este porcentaje, que
se sitúa en España por encima del 90%, es superior al de muchos
países de la Unión Europea, pero paradójicamente no a los de
Portugal y Grecia. Por tanto, según este indicador, los países con
menos ingresos de la Unión son los más generosos con sus jubilados.
En
realidad, se trata de todo lo contrario, porque el indicador anterior
es un porcentaje teórico que pasa por alto muchos factores: la
dinámica del mercado de trabajo, la penalización de la jubilación
anticipada, topes máximos, salario mínimo, bases sobre las que
cotizan determinados regímenes, pensiones mínimas, sistema fiscal,
etc. La tasa real en nuestro país está muy alejada de ese
porcentaje. En vez del 90%, la cifra que se obtiene computando todos
los factores, no alcanza siquiera el 60% del salario medio. En 2011,
la media de las nuevas pensiones de jubilación ascendió a 1.200
euros mensuales, mientras que el salario medio bruto para el cuarto
trimestre de ese año fue de 2.020 euros. El 20% de las pensiones
contributivas y la totalidad de las no contributivas están por
debajo del umbral de pobreza. En 2011, la cuantía de la pensión
media de jubilación ascendió a 915 euros, y el 72% de los
jubilados cobran en la actualidad menos de 1.100 euros mensuales (el
49% no sobrepasa los 700 euros).
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pensiones
En defensa del Sistema Público de Pensiones (8)
Dado el aumento progresivo de la renta disponible, asegurar unas buenas prestaciones de jubilación depende de la voluntad de la sociedad (de decisiones políticas no económicas).
LA
RENTA PER CÁPITA COMO VARIABLE ESTRATÉGICA
Por
otra parte, la esperanza de vida, la pirámide de población y la
proporción entre activos y pasivos no son las únicas variables que
habría que tener en cuenta si se quiere comprobar la viabilidad o
inviabilidad del sistema público de pensiones, sino también la
evolución de la renta per cápita. Si la renta per cápita crece, no
hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que
un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir
percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las
cuantías de las pensiones no solo deberían no reducirse sino que
tendrían que incrementarse por encima del coste de la vida.
El
problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de
distribución y no de escasez de recursos. En los últimos treinta
años la renta per cápita en términos constantes casi se ha
duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución
similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para
pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya
voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los
políticos- de realizar una verdadera política redistributiva.
MÁS
BIENES PÚBLICOS
Las
transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan
también que las necesidades que deben ser satisfechas cambien y, por
tanto, haya una variación de los bienes y servicios que hay que
producir. Es muy posible que la decisión que adopte el mercado
referente a estos no sea la adecuada -en contra de lo que piensa el
liberalismo económico- a las necesidades reales, ni en su
composición cualitativa ni cuantitativa. La vida urbana y el trabajo
en el sector industrial y en el de servicios presentan nuevas
contingencias o, al menos, contingencias mucho más acusadas que en
el mundo rural. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el
aumento en la esperanza de vida crean nuevas necesidades y exigen por
tanto la necesidad de que las sociedades se doten de nuevos
servicios.
John
Kenneth Galbraith anunció ya hace bastantes años que todos estos
cambios exigían una redistribución de los bienes y servicios que
deben ser producidos y en consecuencia, consumidos, a favor de los
llamados bienes públicos y en contra de los privados. Habrá quien
diga que estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los
podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica tal
aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la
población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían
permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la
sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la
capacidad de ahorrar una cuantía suficiente para garantizarse una
pensión de jubilación digna? La única dificultad es ideológica.
Bajo el poder absoluto del neoliberalismo económico, una sola
tendencia pretende imponer su ley: más iniciativa privada y menos
sector público.
El
envejecimiento de la población de ninguna manera provoca la
insostenibilidad del sistema público de pensiones, pero sí obliga a
dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo a financiar las
pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios
de atención a los ancianos y los dependientes. Detracción por una
parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos
condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la
población, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia
colectiva.
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pensiones
En defensa del Sistema Público de Pensiones (7)
LAS
PENSIONES, DERECHO DE LOS CIUDADANOS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN
Afirmar
que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de
mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna
razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las
empresariales. El artículo 50 de la Constitución Española afirma:
“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas
y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad”. Las pensiones, en tanto que
derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la
Constitución, tienen la consideración de “gastos obligatorios”
que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos
presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de
ingresos. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para
asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con
cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes
para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el
desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.
El
denominado “déficit del sistema”, más allá de una forma
impropia de hablar, carece totalmente de sentido. Realmente solo
puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el
desfase entre cotizaciones y prestaciones no es sino un componente de
aquel, sin que tenga sustantividad propia. No se puede pretender que
esté en cuestión la viabilidad del sistema de pensiones por el
hecho de que en una coyuntura como la actual se necesite que a los
ingresos por cotizaciones se sumen otras aportaciones del Estado.
Asimismo,
vincular la viabilidad del sistema público de pensiones a la
coyuntura actual de crisis, en la que la caída brutal del empleo
(provocada en parte por la propia política económica adoptada a
nivel europeo y nacional) ocasiona una reducción de ingresos por
cotizaciones, no parece razonable. El hecho de que los ingresos por
cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en
pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de los
ingresos debida a la recesión, y que, por extensión, lo
verdaderamente insostenible es la propia recesión. Lo que se debería
estar haciendo de forma urgente es adoptar las medidas que permitan
superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del empleo. En
ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de
pensiones puede estar siendo “seriamente cuestionada” por la
severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la
política económica seguida.
TAMBIÉN
HAY QUE CONSIDERAR LOS INGRESOS
Es
curioso que la cuestión se haya planteado siempre desde el lado del
gasto para reducirlo, y nunca desde la óptica de los ingresos y de
su posible incremento; más bien todo lo contrario, de vez en cuando
surgen presiones para disminuir las cotizaciones sociales. Estas
presiones que, en los momentos actuales, proceden incluso de la
propia Unión Europea, añaden sin duda un factor más de inseguridad
si hacemos depender exclusivamente las pensiones de las cotizaciones,
tal como se asume en el informe de los expertos del Gobierno. Es una
evidencia que las reivindicaciones para reducir las cotizaciones
aumentarán en el futuro bajo el argumento de que estas constituyen
un impuesto sobre las nóminas, y que deberían ser sustituidas por
impuestos indirectos.
El
gasto, en relación al PIB, del sistema público de pensiones español
es reducido cuando lo comparamos con el de la mayoría de los países
de nuestro entorno, por lo que no parece que tenga mucho sentido
hablar de que su viabilidad esté en cuestión. Destinamos a ello el
10% del PIB, mientras que la media de la Eurozona tiene un gasto del
12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3%. Y aun cuando no se
modificase el sistema, la situación no va a cambiar durante muchos
años. Siempre siguiendo los datos de la Comisión Europea (que es la
instancia que nos conmina a llevar a cabo reformas urgentes), en 2030
nuestro gasto en pensiones será del 10,6%, prácticamente lo mismo
que hoy gasta Alemania (10,5%). Y aún en 2035, nuestro gasto será
del 11,3%. Los datos no avalan, pues, en modo alguno, la premura ni
la obligación por el lado del gasto.
Tras
la reforma de 2011, el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría
España, según admite la Comisión Europea en su informe The
2012 Ageing Report,
sería del 14% del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se
reduce rápidamente debido a que la presión demográfica de la
llegada a la edad de jubilación de las generaciones del baby
boom es
sustituida por el efecto contrario: la llegada de las generaciones de
la más baja tasa de natalidad de la historia). Es decir, tendremos
que destinar a las pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin
demasiadas complicaciones países como Austria, Francia o Italia.
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pensiones
En defensa del Sistema Público de Pensiones (4)
En esta parte del documento se plantea otro factor que determina favorablemente la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que no se tiene en cuenta cuando se hacen previsiones fatalistas e interesadas sobre la viabilidad del mismo, la productividad. En la segunda parte de la tabla se desmonta la falsa creencia (que se ha ido asumiendo) de que las pensiones se deben sostener sólo con cotizaciones, sin poder recurrir a transferencias del estado.
LA
PRODUCTIVIDAD:
FACTOR DECISIVO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
PÚBLICO DE PENSIONES
Pero
ahondando más en la materia, al plantear la cuestión de las
pensiones hay que superar también la visión estrictamente
cuantitativa del número de trabajadores para considerar, además, la
productividad. Como ya hemos dicho, el problema no estriba en cuántos
son los que producen sino en cuánto es lo que se produce. Cien
trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es
diez veces superior, de tal modo que los que cuestionan la viabilidad
de las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus
argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores
por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el
futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo
ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta
años el 30% de la población activa española trabajaba en
agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce
más que el 30% anterior. En resumen, un número menor de
trabajadores podrá mantener a un número mayor de pensionistas.
CONSECUENCIAS
DE UNA VISIÓN SESGADA DEL PACTO DE TOLEDO
Ha
sido el Pacto de Toledo, o una visión sesgada del mismo, lo que ha
introducido al sistema público de pensiones en un laberinto de
difícil salida. A ello ha contribuido la consideración de las
cotizaciones sociales como fuente exclusiva de
financiación de las pensiones, no encontrando entonces otra salida
que no sea la disminución de las prestaciones.
Se
llama Pacto de Toledo al documento aprobado por el pleno del Congreso
de los Diputados, en la sesión del 6 de abril de 1995, titulado
“Análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad
Social y de las principales reformas que deberán acometerse”. Su
origen inmediato se debe buscar en la aprobación por el Congreso de
una proposición no de ley, presentada por CiU, por la que se creaba
una ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos para analizar
los problemas estructurales de la Seguridad Social. Pero esta
iniciativa parlamentaria no descendió del cielo, sino que surgió de
un escenario formado por dos hechos que se complementan.
El
primero es una ofensiva internacional en contra de las pensiones
públicas y a favor de las privadas, que partía de ciertos
organismos internacionales como el Banco Mundial o la Unión Europea.
Estas maniobras tenían -y aún tienen- su eco en todos los países,
potenciadas por las entidades financieras y por la mayoría de las
fuerzas económicas y políticas.
El
segundo hecho es nacional y reside en las acusaciones mutuas entre
los dos partidos políticos mayoritarios de nuestro país, que se
reprochaban poner en peligro el sistema público de pensiones. El
PSOE, desde el gobierno, hacía propaganda del mérito de pagar a los
pensionistas, y ante la amenaza de perder las elecciones generales
-como así ocurriría en 1996- difundía la idea de que la llegada de
la derecha al poder suponía un grave riesgo para esta prestación
social. Al mismo tiempo, ante el déficit que en aquel momento
mostraban las cuentas de la Seguridad Social, el Estado, en vez de
enjugarlo con transferencias a fondo perdido, lo compensaba mediante
préstamos. Esto, por una parte, lanzaba ya un mensaje negativo al
presentar la Seguridad Social como una institución distinta del
Estado y, por otra, desde el punto de vista financiero, la colocaba
en una situación crítica de cara al futuro. Este hecho daba ocasión
al PP para acusar al Gobierno de ponerla en peligro.
La
presencia de ocho millones de pensionistas, convertidos en ocho
millones de votantes, cuyo ámbito de preocupaciones, en esta etapa
de su vida, se circunscribe en buena medida a cómo afrontar
económicamente los últimos días de su existencia, es bastante
aliciente para que los dos partidos mayoritarios utilicen el tema de
las pensiones como arma electoral. Los jubilados son percibidos como
presa fácil de la demagogia política.
Esta
similitud de comportamientos entre los dos partidos mayoritarios
resultaba preocupante porque sembraba la sospecha de que tanto uno
como otro consideraban las pensiones públicas como algo graciable
que podía reducirse. Cuando piensan que están perjudicando a la
otra formación política, en realidad lo que hacen es descubrir su
concepción espuria sobre el tema. El simple hecho de dar como
posible la quiebra de la Seguridad Social es ya un atentado al Estado
social que consagra la Constitución.
FRENTE CÍVICO SOMOS MAYORÍA A NIVEL NACIONAL, SE ADHIERE AL DOCUMENTO EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS EN EL SIGUIENTE COMUNICADO:
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pensiones
