Pedro Montes

 La reforma de las pensiones está de nuevo en el ojo del huracán de la política neoliberal del PP. Por ser más preciso, habría que decir que la degradación del sistema público de pensiones no ha dejado de estar entre los objetivos de todos los gobiernos durante las últimas décadas, desde cuando allá a mediados de los años 80 el PSOE llevó a cabo la primera reforma. La prueba más concluyente es que teniendo las reformas un período de maduración medible por décadas, cada unos cuantos años, se manifiesta la necesidad de emprender nuevos recortes, tomando siempre como pretexto el sublime objetivo de garantizar su futuro.
Apenas dos años después de la última reforma, la que ejecutó el gobierno de Zapatero con el beneplácito de las direcciones de los dos sindicatos mayoritarios, ya se ha culminado la fase de preparación de la nueva reforma con él casi “preceptivo” informe de los “expertos”, todo menos independientes, y el gobierno del PP, en su violenta política antisocial, ya está a punto de legislar las nuevas dentelladas que pretende dar a las pensiones.
Este es un asunto al que no puede ser ajeno ningún sector de la población, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de organizar la respuesta de la izquierda. Ya sean los jóvenes sin trabajo y con escasas perspectivas de generar un derecho a pensión, los actuales pensionistas, que están viendo reducir el montante de sus prestaciones y él tiempo necesario para lograrlas -no cabe olvidar la infame prolongación de la edad de jubilación a los 67 años de la última reforma del PSOE-, y, en fin, los actuales pensionistas, a los que directamente se les pretende reducir de modo sistemático el poder adquisitivo de su prestación.
No hace falta recortarlas para garantizar su futuro Sin entrar en los detalles y concreción de la nueva reforma, que será contundente, con los sindicatos entrando de nuevo a un trapo del que sólo pueden salir engañados, cabe exponer dos verdades decisivas sobre el futuro de las pensiones, en apariencia contradictorias pero que guardan una coherencia extrema si se enfoca correctamente la cuestión.
Los recortadores de derechos siempre fundamentan sus propuestas en que la relación trabajador/pensionista, esto es, el número de trabajadores activos por pensionista irá disminuyendo, tanto más cuanto que, con ese lamentable y desgraciado avance de la esperanza de vida, los pensionistas tenderán a acumularse. Con este sencillo esquema explicativo, les salen todas las cuentas a los expertos oficiales para declarar, nada menos, la quiebra a la Seguridad Social en el año que convenga y para proponer, por tanto, la disminución necesaria de las prestaciones si se quieren garantizar en el futuro.
No obstante, basta considerar no cuántos trabajadores activos tendrán que “mantener” a los pensionistas, sino cuánto podrán producir los posibles trabajadores activos para que el problema tenga otro cariz y las conclusiones sean radicalmente distintas. Una economía creciendo moderadamente y generando un modesto empleo para absorber a los millones de parados, con un aumento también moderado de la productividad de cada trabajador, cosa que garantiza el avance tecnológico, permitiría un crecimiento de la renta del país que podría dedicar una porción de ella no significativamente distinta de la actual para mantener sin recortar las pensiones del futuro. Sería muy fácil demostrar con datos esta conclusión, como de hecho está demostrada, por no mencionar que el gasto público en pensiones podría financiarse con ingresos no sólo provenientes de las cotizaciones sociales.
La primera verdad por consiguiente sobre las pensiones es que no es necesario recortarlas para avalar su futuro. Se produce así un choque de expertos contra expertos basado simplemente en la forma de formular el problema. La ideología, como cabe pensar, desempeña un papel decisivo a la hora de delimitar a los bandos.
La segunda verdad tiene que ver con el futuro real de las pensiones. Para los recortadores, su objetivo esencial es acometer reformas que las reduzcan de modo inmediato; o sea, justificar la ignominiosa, burda y cruel política del PP. Si todo lo que pronostican fuera verdad y sus previsiones correctas, no se explica, como se ha dicho, que cada poco tiempo revisen sus cálculos para ensombrecer el horizonte y proponer nuevos recortes. No hay mucha seriedad en los expertos ni, por supuesto, ningún cientifismo en sus proposiciones.
Es necesaria otra política económica Lo que sí lo que es verdad es que de aplicarse la política que ellos propugnan aisladamente para las pensiones, al margen de otras cuestiones y sin encajar en una visión más general de la evolución económica, el futuro de las pensiones corre un grave peligro. Otro recorte de las pensiones se inscribiría en la política de austeridad que se viene aplicando para, según dicen, remontar la crisis. Pero los resultados saltan a la vista y conforman una situación estremecedora: el país cada vez más empobrecido, con más marginación y paro, con un maltrecho estado del bienestar y sin ninguna perspectiva de salir de la crisis, por mucho que se empeñe el gobierno para consolarnos y engañarnos. Así, pues, los recortadores no sólo quieren empeorar las pensiones, algo que como se ha visto afecta a toda la población y el comportamiento de gasto de las familias, sino que ponen en grave amenaza el futuro del sistema público.
La segunda verdad, por consiguiente, es que es necesaria otra política económica para no poner en peligro real el futuro de las pensiones. Una política que rompa con el patrón de la austeridad y los recortes. No recortar las pensiones es una forma de contribuir a disminuir ese peligro. De ese modo, se puede afirmar que, aunque parezca paradójico, volver a disminuir las pensiones es amenazar su futuro, mientras que la alternativa de defenderlas es la mejor y manera de luchar por la supervivencia del Sistema público.
La coherencia de esta alternativa parece indiscutible, pero no es menos cierto que en el fondo de ella subyace una cuestión fundamental: cómo afrontar la terrible crisis económica, cómo resolverla. En este crucial tema debería haber una brecha no superable entre la derecha y la izquierda, si bien lamentablemente la izquierda todavía no se ha aclarado. O por ser más preciso, parte de la izquierda sigue sin aclararse.
La nueva ofensiva contra las pensiones
El Gobierno ha aprobado el viernes 13 de septiembre el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones, que desvincula a estas prestaciones del IPC y que introduce el llamado ‘factor de sostenibilidad’ a partir de 2019.
El nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones aplicará un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%, de modo que las pensiones no puedan ni subir ni bajar por encima de esos valores. Tendrá en cuenta además los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social tomando como referencia las medidas de once ejercicios para modular los datos y evitar cambios bruscos en el sistema.
La vicepresidenta Soraya Sáenz, indicó que es voluntad del Gobierno “escuchar y tomar en consideración” todas las aportaciones que puedan hacerse “para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sistema público de pensiones”, como es habitual en nuestros mendaces políticos, habría que señalar, cada vez que acometen un recorte de las prestaciones.
La ministra Bañez, en su megalomanía y aversión a la verdad, ha destacado que se trata de la reforma “más importante” en términos sociales que ha aprobado el Gobierno, y ha afirmado que dará “confianza, tranquilidad y certidumbre” tanto a los pensionistas presentes como futuros, concluyendo sin rubor alguno que los jóvenes de hoy han de tener la seguridad de que serán los pensionistas del mañana.
Como es sabido, la reforma ha contado con el antecedente de un informe de una “Comisión de expertos” designada por el Gobierno. Pues bien, el próximo viernes día 20, otra Comisión de expertos independientes, de ideología contraria a los neoliberales, formada por 24 personas, el doble de la del gobierno, presentan un Documento sobre la sostenibilidad del Sistema público de pensiones. Los economistas y juristas que lo han elaborado, de reconocido prestigio profesional, rebaten a los expertos oficiales y llaman a todos los ciudadanos a defender las pensiones. Entre ellos se encuentra Pedro Montes, miembro del Frente Cívico Somos Mayoría, que ha remitido el siguiente artículo.
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