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¿Qué renta básica?
En 2006 publiqué mi libro El subdesarrollo social de España (Editorial
Anagrama) en el que documentaba las causas y consecuencias del enorme
subdesarrollo del estado del Bienestar en España y en sus diecisiete
Comunidades Autónomas. En el texto, aún cuando señalaba mi coincidencia
con el principio de garantizar una renta básica a los ciudadanos y
residentes del país, tenía mis dudas sobre la manera como se estaba
proponiendo por algunos defensores de la Renta Básica (RB) de cómo
hacerlo. Tal propuesta –la de establecer RB en España- era y continúa
siendo una de las medidas que ha acaparado más la atención de las
fuerzas progresistas en nuestro país. Hoy, en unos momentos de grandes
recortes del insuficiente estado del Bienestar español, tal propuesta de
establecer una renta básica se ha convertido en central en las
reivindicaciones de sectores de las fuerzas progresistas del país. De
ahí que sea importante iniciar de nuevo un debate sobre la conveniencia
ahora de tal medida y cómo llevarla a cabo, estableciéndose un debate
sin acrimonia, entre fuerzas progresistas que comparten el objetivo de
mejorar la tan subdesarrollada España social.
Veamos pues los argumentos y los datos. Y miremos primero las áreas
de acuerdo. Tengo que suponer que toda persona o fuerza política
progresista está de acuerdo en que el Estado (ya sea central, autonómico
o local) debería financiar una serie de servicios públicos, tales como
la sanidad, las escuelas primarias y secundarias, las escuelas de
infancia, la educación terciaria, los servicios sociales, la atención
domiciliaria a personas con discapacidades, las viviendas asistidas, la
vivienda social, las residencias de ancianos, los programas de
prevención de la exclusión social, los programas de integración de los
inmigrantes, los programas de formación profesional y otros servicios
públicos que garantizan el bienestar social y la calidad de vida de los
ciudadanos. Pues bien, en cada una de estas áreas, el subdesarrollo y la
subfinanciación de estos servicios es, en España, enorme. España está a
la cola de la Europa Social. Tiene uno de los gastos públicos sociales
por habitante más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el
grupo de países de la UE más semejantes en su desarrollo económico al
nuestro. Mi libro documenta con gran detalle este retraso. Y nadie ha
cuestionado los datos.
Asumo que nadie que se defina como progresista dude de la necesidad
de aumentar sustancialmente el gasto público en estos servicios
públicos, para alcanzar, al menos, los niveles que corresponden a
nuestro país por el nivel de desarrollo económico que tenemos. Estamos
hablando de un déficit de gasto público muy considerable, que, ya antes
de la crisis, no era menor a 66.000 millones de euros (unos seis puntos
del PIB). Y también asumo que nadie que se considere progresista cree
que la manera de solucionar este enorme déficit social sea dando un
cheque social a cada ciudadano y residente para que se espabile por su
cuenta y pague con este dinero unos servicios privados que sustituyan a
los públicos, a los cuales el cheque público sustituiría (para una
expansión de este y otros puntos ver el capítulo 9 de mi libro El subdesarrollo social de España).
La corrección de este déficit de gasto público social requerirá una
movilización masiva, todavía más acentuada y extensa ahora, cuando en
lugar de reducir se está expandiendo enormemente este déficit de gasto
público social como resultado de los recortes.
Veamos ahora el segundo gran capítulo del estado del Bienestar: las
transferencias públicas a las personas, ciudadanos y residentes en
España. Estas transferencias siguen una determinada lógica, respondiendo
a necesidades específicas que generan su demanda. Tienen como objetivo
garantizar determinados niveles de vida (en general, definidos
austeramente) a los beneficiarios, sean estos pensionistas, ancianos,
infantes, jóvenes, familias, personas con discapacidades o personas en
paro, entre otros. De nuevo, como en el caso de los servicios públicos,
el gasto en transferencias por persona es bajísimo. Un cálculo elemental
muestra que para alcanzar el nivel de gasto público en transferencias
que deberíamos tener (al menos, por el nivel de desarrollo económico que
tenemos) tendríamos que incrementar el gasto público en dichas
transferencias en un 5% o 6% del PIB. Sumando esta cantidad a la
anterior (déficit de gasto en servicios) nos da una cifra más que
respetable: un total de más del 11% o 12% del PIB. Creo que la corrección de este déficit debería ser el objetivo principal de cualquier medida progresista en el país.
¿Qué quiere decir renta básica?
Veamos ahora qué entendemos por renta básica. El concepto de renta
básica implica que todo ciudadano o residente tendrá garantizada por
parte del estado la renta necesaria para vivir una vida digna. No creo
que nadie, con sensibilidad progresista, pueda oponerse a este
principio. El punto clave, sin embargo, es cómo garantizarlo. Una
versión de la renta básica es que todo ciudadano, como derecho
universal, es decir, derecho de ciudadanía o residencia, reciba un
cheque público que sea de una determinada cantidad que garantice una
vida digna. Naturalmente, un punto clave en este principio es qué quiere
decir “vida digna”. Por regla general, vida digna se interpreta como
vida no pobre, es decir, por encima del umbral de pobreza (las
cantidades que, por regla general, se utilizan son bastante bajas). Aún
así, multiplicando el número de ciudadanos y residentes por el cheque de
renta mínima básica 8.551 euros al año (60% de la renta media del país)
se obtiene una cifra alrededor del 37% del PIB. Y ahí es donde la
pregunta debe hacerse. ¿Es esta cantidad además de la necesaria para corregir el enorme déficit de gasto público social o es en lugar de?
Si es además veo muy difícil, casi imposible (en la situación política
del país con gran dominio de las derechas en la vida política del país),
llevar a cabo dos propuestas muy ambiciosas (la necesidad de corregir
el déficit social y el establecimiento de la RB) a la vez.
Lo cual me lleva al tema de cómo eliminar la pobreza, que es uno de
los objetivos del movimiento a favor de la renta básica y que yo
comparto. Y es aconsejable mirar la experiencia de los países que han
sido exitosos en reducir e incluso eliminar la pobreza. Y todos ellos
tienen un estado del Bienestar muy desarrollado, como consecuencia de
toda una serie de intervenciones que van desde la provisión de servicios
públicos a la provisión de una renta asegurada para colectivos e
individuos que reúnen una serie de condiciones, que la gran mayoría de
la ciudadanía puede cumplir en situaciones vulnerables, lo cual explica
la gran popularidad de estos programas.
La estrategia antipobreza de la socialdemocracia y de los partidos
comunistas gobernantes (después de la 2ª Guerra Mundial en la Europa
Occidental), incorporada también más tarde por sectores de izquierda de
la democracia cristiana como la alemana, defensora entonces de la
economía social, fue desarrollar políticas de pleno empleo, que
estimularon el aumento de la población adulta que trabajaba (facilitando
sobre todo la integración de la mujer en el mercado de trabajo mediante
la universalización de los servicios de ayuda a las familias y sobre
todo a la mujer, además de cambiar la mentalidad del hombre haciéndole
corresponsable de las tareas familiares), con buenos salarios y con
políticas de formación profesional que aumentaran la productividad y por
lo tanto el salario, todos ellos elementos clave de una estrategia a
corto y a largo plazo, con la provisión de una renta más que básica para
aquellas personas que por causas ajenas a su voluntad no pudieran
trabajar. Y aunque esta estrategia cambió en los partidos
socialdemócratas con la aparición de la Tercera Vía y otras vías afines y
con el abandono de la sensibilidad de izquierdas dentro de la
democracia cristiana, la evidencia continúa mostrando que la estrategia
antipobreza más acertada es la que utilizaron aquellas tradiciones
políticas antes de que fueran abandonadas por aquellos partidos, a
partir de la década de los ochenta. La eficacia de aquellas
intervenciones está más que probada. Suecia, por ejemplo, adquirió uno
de los niveles de pobreza más bajos de la OCDE (el club de países más
ricos del mundo), como también lo consiguió Dinamarca siguiendo tales
políticas.
No niego que, una vez el estado del Bienestar esté bien desarrollado,
el concepto de salario ciudadano pueda resultar una propuesta
atractiva, al distribuir la plusvalía social según aumente la riqueza
del país. Pero establecer un salario ciudadano cuando nuestro Estado del
Bienestar está tan poco desarrollado es comenzar la casa por el tejado.
Hay que garantizar que todo ciudadano y residente pueda tener los
recursos necesarios para vivir una vida digna y ello implica que el
estado debe garantizar que los ciudadanos y residentes puedan alcanzar
tal nivel de renta, bien a través del trabajo, bien a través de otras
fuentes, incluidas las transferencias públicas, a la cual tenga derecho
por sus circunstancias. Y esta renta debería ser superior a la que se
cita frecuentemente como renta básica, que es más parecida en España a
una prestación asistencial antipobreza que no como derecho universal.
Quisiera terminar estas notas indicando que, en España, en el País
Vasco y en Madrid, entre otras partes del país, se han desarrollado
programas bajo este nombre, de renta básica, que en realidad no
corresponden a lo que se ha llamado tradicionalmente programas de renta
básica. Son, en realidad, propuestas que ofrecen un mínimo de renta que
permita prevenir la pobreza absoluta, programas que me parecen
necesarios y que apoyo. Pero, por favor, que no se confundan los
términos. En realidad, estos programas, a fin de tener la aprobación
popular, parten de un umbral de pobreza tan bajo que solo consiguen
prevenir la pobreza absoluta, lo cual ya en sí es un paso adelante, pero
dramáticamente insuficiente para resolver el problema de la pobreza.
Este requiere un mayor gasto en pensiones y servicios públicos (en el
caso de la pobreza entre ancianos) y facilitar la integración de los
jóvenes y sobre todo de la mujer en el mercado de trabajo mediante
programas de formación y provisión de servicios públicos tales como los
servicios de ayuda a la familia, medidas más ambiciosas y más eficaces
que las ayudas en forma de transferencias para los pobres, que tienen un
impacto menor en la eliminación de la pobreza.
Las políticas asistenciales antipobreza siempre han sido mucho menos
eficaces que las universales en eliminar la pobreza, siempre y cuando
los programas universales (que garanticen la eliminación de la pobreza)
consistan en aportaciones sustanciales a colectivos vulnerables de caer
en la pobreza. Es esta interpretación de la política de renta básica
que, además de ser popular, es factible y eficaz. Un ejemplo de ello es
la Seguridad Social, un programa universal (a todas las personas que
pertenezcan a una categoría, por ejemplo ancianos, en el caso de las
pensiones de vejez) que ha sido enormemente popular y eficaz. Sin las
pensiones públicas, el 62% de la población anciana sería pobre, siendo
el programa antipobreza más importante de España. Este es el modelo que
debería seguirse.
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Renta Básica
El derecho a la vida digna: por una renta básica
AGUSTíN MORENO
Fue en San Carlos Borromeo (Vallecas. Madrid), donde resiste uno de
los focos que quedan en España de la iglesia de los pobres y de la
teología de la liberación. El 1 de julio se reunieron allí unas 50
personas representando a más de una veintena de colectivos y entidades.
Estaban convocados por el Campamento Dignidad de Extremadura y por el
Frente Cívico Somos Mayoría. Pero detrás hay una larga trayectoria de
propuestas e intentonas y también luchas recientes como los “campamentos
por la dignidad” citados, marchas de parados, interinos e iniciativas
por la renta básica en Andalucía, Murcia, Cataluña… huelgas de hambre por la Justicia en Huesca, etc.
Y analizaron la realidad: la situación social en España está adoptando características de catástrofe: Paro, precariedad, empobrecimiento, desahucios… Una pobreza de tal calibre que sitúa a un 22% de la población por debajo del umbral que se toma como referencia y que puede ser absoluto (cuando no se tiene para comer) o relativo por tener ingresos inferiores de la mitad del ingreso medio del país.
En España el Estado de Bienestar es muy escaso, ya que siempre hemos gastado en protección social unos 10 puntos menos que la media de la UE-15. Ello hace que haya dos millones de personas paradas que no reciban prestaciones, que las pensiones sean bajas y que las ayudas a la dependencia han sido reducidas drásticamente. Cuando se empiezan a dar casos de familias que no pueden alimentar a sus hijos y tienen que entregarlos a los servicios sociales, se encienden todas las luces rojas y atravesamos la raya del tercer mundo; recuerda el abandono de bebés en los tornos de los conventos de monjas de hace siglos.
Tal y como ha denunciado la confederación de padres de alumnos (CEAPA) y otras ONGs al relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, hay una “situación alarmante y urgente” de “miles de niños”. Problemas de desnutrición infantil acentuado por el recorte entre un 30-50% de becas de comedor. Y malnutrición de personas mayores, especialmente de mayores de 80 años, que viven solas y con pensiones de miseria. ¿Es esto compatible con el robo, saqueo y despilfarro de una pequeña élite?
Frente a esta situación de catástrofe, los reunidos acuerdan poner en marcha un movimiento social contra el paro y la precariedad, organizar y movilizar a los de abajo, al colectivo más vulnerable y abandonado en estos momentos. Defienden una Renta Básica Ciudadana, que definirán en su propuesta de Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Muchos otros lo vienen haciendo en España y fuera de aquí, como Guy Standing, autor de The Precariat. The New Dangerous Class, que defiende la Renta Básica como un salario mensual de carácter individual, modesto e incondicional, porque ninguna sociedad puede funcionar bien si una creciente proporción de sus miembros se encuentra en la pobreza y tiene inseguridad económica (…) tenemos que ver la Renta Básica como parte de una estrategia redistributiva en la que damos un papel importante a las nuevas formas de representación colectiva”
Quieren impulsar una ILP e invitan a participar a todos los movimientos, mareas, sindicatos, fuerzas políticas progresistas, para que no falte nadie. Lo que se plantea en la ILP no es una limosna, es exigir un derecho del ciudadano, algo que le pertenece como ser humano. Esto va en línea con lo que se está haciendo en la Iniciativa Ciudadana Europea por una Renta Básica Universal e incondicional, en pleno proceso de recogida de firmas para llegar al millón antes de enero de 2014, a fin de que el tema sea abordado en el Parlamento y la Comisión Europea. Se puede firmar por Internet.
Dice el profesor Daniel Raventós, “cualquier medida que favorezca a la población más débil se considera ir contra corriente, porque parece que se asume que lo único que tiene sentido económico es quitar derechos de la población más perjudicada, la inmensa mayoría, y que los más ricos se queden igual o, incluso, ganen dinero”. Por ello, la iniciativa tiene calado y removerá muchas cosas. Porque además de defender un derecho humano fundamental como el derecho a vivir, cuestiona las políticas neoliberales de empobrecimiento de la población y de abandono a su suerte de los perdedores por la crisis y plantea el reparto de la riqueza. Deja al descubierto la obscenidad de la corrupción que permite que se enriquezcan políticos y empresarios de manera casi impune, y los fabulosos gastos militares y del rescate a la banca, mientras crece una miseria asfixiante y no se rescata a las personas. Pone en evidencia que se priorice la reforma constitucional del PSOE-PP, a través del nuevo artículo 135, que obliga a pagar la deuda aunque la gente no coma. Si la ley va contra la vida, para asegurar el derecho a vivir dignamente de las personas se tendrán que cambiar las leyes. Para ello hace falta un debate público y una movilización popular.
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Renta Básica
Julio Anguita: “La insumisión es necesaria y justa ante un Gobierno en la ilegalidad”
Así consta en un documento escrito por Julio Anguita titulado ‘Las razones de la lucha’. En el mismo, el histórico dirigente señala que “el Gobierno suele aducir que es un Gobierno legítimo porque nació de las urnas. Es cierto. Pero, y también es verdad, que una cosa es la legitimidad de origen y otra la de ejercicio”, apunta.
“La primera se obtiene en las urnas, la segunda en el ejercicio diario de una labor de Gobierno conforme con los textos constitucionales, la legalidad internacional y la correcta adecuación entre las promesas electorales y el ejercicio de la acción gubernamental tras el acceso al Gobierno”, argumenta.
En este sentido, añade que “el actual Gobierno tiene la primera pero ha perdido la segunda” y añade que es “esta última la que valida o invalida la legitimidad global”.
“Lucha pacífica”
“Nuestra lucha, pacífica, está respaldada por los grandes documentos internacionales, la Hitoria y la razón. En consecuencia, la insumisión, la rebelión o la desobediencia, en situaciones como ésta son legítimas, necesarias y justas”, apostilla.
En este sentido, y entre otros textos, recuerda que el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice en su tercer considerando que se debe exigir que los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión”.
A su juicio, “es totalmente erróneo en las actuales circunstancias, combatir la política del PP basándose en el argumento de que no es de izquierdas”.
Capitalismo “de grandes principios”
“Y eso que sería un error por parte de la izquierda, se transformaría en un desastre para el Frente Cívico Somos Mayoría o para cualquier otro colectivo, movimiento o causa que pretenda para una causa justa, el respaldo mayoritario o al menos importante de la sociedad”, apostilla.
Asimismo, señala que “es evidente que el capitalismo en general y el gobierno en particular no pueden mantenerse si no es conculcando los grandes principios y los grandes textos a los que permanentemente recurren para justificar la necesidad de obediencia por parte de la ciudadanía”.
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Sociópatas
Son sociópatas. He llegado a la conclusión de que algunos de los que están dirigiendo nuestros destinos hacia el abismo desde la política, la banca, la gran empresa, las organizaciones internacionales, son sociópatas. Son psicópatas a gran escala.
Tienen todos los síntomas del trastorno antisocial de la personalidad: egocentrismo y megalomanía, falta de empatía y de remordimiento, altos niveles de impulsividad, necesidad de experimentar sensaciones de control y poder, deshumanización de la víctima y ausencia del sentido de responsabilidad y de preocupación por las consecuencias de sus actos. Es aterrador: las características del sociópata son un retrato robot de los miembros gobierno de la nación. Son robots: máquinas de “repartir dolor”, como dijo el robot Gallardón, un ministro que antepone sus delirios ideológicos y megalómanos a la vida de las mujeres, su ansia de poder a la justicia social, un ejemplo claro de conducta sociópata.
Son robots. También los codiciosos financieros, los empresarios explotadores, la troika inclemente. No sienten lo que hacen porque no sienten. No padecen y por eso hacen padecer a millones de personas. No les importa lo que nos pase porque solo les importa su propio beneficio. No se hacen responsables de sus actos porque no les importan las consecuencias. No les importa hacer daño porque no saben qué es el dolor ajeno.
Son monstruos.
Son monstruos.
Lo demuestran cada día y hoy lo han vuelto a demostrar. El FMI reconoce en un informe que hemos conocido esta mañana que se equivocó en su rescate a Grecia. O sea, que también se han equivocado aquí. Reconoce que subestimó el daño que sus medidas de austeridad tendrían sobre la economía griega y los griegos. O sea que también han subestimado el daño que están haciendo aquí. Es un rasgo del sociópata: subestimar el daño que provocan.
Por eso no se sienten responsables de gran cosa. Reconocen su austericidio y se quedan tan anchos. No se hacen responsables de su error. Se equivocaron con las matemáticas. Eso somos para ellos: matemáticas. Eso es la vida para ellos: números, dólares, euros. No somos familias a las que han empujado a la calle, no somos personas que se han quitado la vida, no somos desahuciados, parados, pobres, desesperados, indignados. No somos. Para ellos solo existen ellos.
Todo esto puede decirse de nuestro gobierno. Los miembros del ejecutivo no sienten las consecuencias reales de sus decisiones. No piensan sienten que hay personas que se quitan la vida porque ellos no impiden los desahucios, personas que mueren, que se tienen que ir del país, jóvenes que están perdiendo años, dependientes que se pudren en sus casas, parados que caen en la depresión, millones de personas desesperadas, por sus decisiones. No les importa. Ayer lo demostraron otra vez. Rajoy dijo de Ana Mato y la UE de Rajoy que lo están haciendo muy bien. No sienten el daño que hacen porque no lo ven. Para eso mandan a los antidisturbios, para golpear sin ver.
Tendrían que sentir en su propia piel el dolor que provocan. El problema es que no sienten. Como decía un personaje del cómic Blueberry de Moebius: “Los animales son bestias pero los hombres son… monstruos”. Muchos se esconden en bancos, grandes empresas, imperios financieros y partidos políticos.
Por Javier Gallego. Carne Cruda 2.0
Comunicado de la Plataforma Stop Ley Wert
Desde la Plataforma Stop Ley Wert manifestamos nuestro convencimiento de que han sido las muchísimas voces discrepantes y las multitudinarias y constantes movilizaciones populares las que han provocado el aplazamiento de la aprobación de la LOMCE.
La ciudadanía no admite una ley que:- No parte de un diagnóstico serio y riguroso y del diálogo con toda la comunidad educativa.
- Aprovecha una coyuntura de crisis económica y la utiliza como coartada para abrir las puertas a la privatización de la Educación Pública.
- Está al servicio de los mercados y la Conferencia Episcopal y no de las personas.
- Da la espalda a la Educación Infantil y a las Enseñanzas no obligatorias.
- Se articula en torno a un sistema trasnochado de reválidas, perversos instrumentos de su carácter segregador y excluyente.
- Ignora y desatiende al alumnado con más necesidades educativas.
- Permite a los centros concertados con fondos públicos seleccionar a su alumnado, con el objetivo de lograr los mejores puestos en los rankings que construirán artificial e interesadamente las evaluaciones externas.
- Permite sostener con fondos públicos a colegios que segregan por sexo.
- Convierte a la población estudiantil y sus familias en clientes, desarticulando su condición de ciudadanía.
- Favorece la intromisión política en el proceso educativo con una recentralización impropia de sociedades democráticas.
- Crea una institución costosa como el “Instituto Nacional de Evaluación Educativa” (que además generará efectos muy perversos sobre la Educación Pública), al tiempo que se recortan los servicios públicos alegando razones económicas.
Por todo ello pedimos la destitución inmediata del Ministro Wert y la retirada definitiva de la LOMCE.
La sociedad civil no va a tolerar una ley sin acuerdos y que no cuente con el apoyo de la comunidad educativa. Imponerla por la fuerza del rodillo parlamentario sería una muestra de la ausencia absoluta de voluntad democrática.
Consideramos imprescindible la apertura de un espacio de debate con toda la comunidad educativa para alcanzar una ley de consenso, así como la creación de un marco legal que garantice estabilidad al sistema educativo.
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“Pueblos Unidos contra la Troika”, manifestación internacional.
Comunicado sobre la manifestación internacional “Pueblos Unidos contra la Troika”
El día 1 de junio tendrá lugar la manifestación internacional
“Pueblos Unidos contra la Troika”,que en España está convocada por la
Marea Ciudadana contra los Recortes y por una verdadera Democracia. Esta
movilización, promovida desde el colectivo portugués “Que se Lixe a
Troika” (Que se joda la Troika en conjunción con movimientos y
colectivos de países como España (Marea Ciudadana, asambleas del 15M y
otros), Grecia (sindicato GSEE ligado a Syriza), Francia, Inglaterra,
Italia, Eslovenia, Irlanda, Chipre y Alemania (Blockupy), quiere hacer
más visible, si cabe,la actual situación.
A la pérdida de todos nuestros derechos se suma la pérdida de
soberanía al ser, de facto, tres organismos supranacionales y sin
legitimidad democrática alguna, el Banco Central Europeo, la Comisión
Europea y el Fondo Monetario Internacional quienes están rigiendo
nuestros destinos. No haría falta recordar lo que estamos viviendo en
nuestro día a día: la imposición salvaje de un modelo
económico–ideológico que no tiene en cuenta ni a personas ni los daños
irreversibles que causan a las mismas.
Una vez analizada y aprobada por unanimidad la propuesta en la Mesa
Técnica, la Comisión Gestora Estatall del Frente Cívico Somos Mayoría
quiere hacer público con este comunicado su participación en las
movilizaciones del sábado 1 de junio.
Para ello vamos a sumarnos como parte activa a la Marea Ciudadana con
la certeza de que todos los Frentes Locales, Comarcales, Provinciales y
Autonómicos se volcarán en el trabajo común con el resto de colectivos
para conseguir que sea la voz de la Ciudadanía, no la de los mercados,
la que se oiga
Los crímenes del Gobierno Rajoy
Casi sin darnos cuenta, muy poco a poco, se va conduciendo a la ciudadanía de este país a una situación insostenible. El Gobierno del Partido Popular, sin prisa pero sin pausa, está conduciendo a este país al abismo. Con la complicidad de los sectores en la sombra, de la Iglesia, de la Banca, de las grandes empresas transnacionales, de los intereses de las grandes corporaciones, de las grandes fortunas, del poder financiero, de los ricos y poderosos, está desmantelando no sólo el incipiente Estado del Bienestar que habíamos comenzado a disfrutar, sino todos los cimientos de la protección social que se había desplegado hasta su llegada al poder.
El acoso y derribo a la clase trabajadora, a los de abajo, por parte de los poderosos, de la casta oligárquica, del Gobierno y de sus secuaces, las grandes empresas, la CEOE, los partidos que les apoyan, las Instituciones que los mantienen, y sus cómplices internacionales que los alientan, los justifican y los jalean, tales como la Comisión Europea, el FMI, el BCE, la OCDE, etc., nos están llevando a un escenario de caos y de fractura social. Podemos calificarlas como auténticas situaciones de muertes o de asesinatos civiles, de crímenes sociales, que en un intento de recopilación no exhaustiva, presentamos a continuación en el siguiente decálogo:
SEGUNDO CRIMEN SOCIAL: El segundo crimen social de este país lo constituye el desmantelamiento que se está realizando de la Sanidad Pública, que otrora representara uno de los grandes pilares de nuestro Estado del Bienestar, por el que lucharon desde los tiempos de nuestros abuelos, y que ahora perversos gobernantes quieren aniquilar.Cierres de servicios de urgencia nocturnos, privatización de servicios hospitalarios, privatización de la gestión de hospitales públicos, deudas de dinero público hacia empresas privadas que gestionan hospitales, reducción de personal (médicos, enfermeros, etc.), figuran entre las estrategias en marcha para conseguir el desmantelamiento total de nuestra Sanidad Pública. Todo ello sin contar con algunas dramáticas situaciones de precariedad a las que están llegando algunos Hospitales debido a los indiscriminados y brutales recortes.
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QUINTO CRIMEN SOCIAL: La desprotección al colectivode las personas dependientes constituye el quinto crimen social. En efecto, con una Ley de la Dependencia a la que se deja sin recursos, unido al exigente objetivo del cumplimiento del déficit público que se exige a las Administraciones, asfixia las dotaciones económicas y presupuestarias ligadas al reconocimiento y a la vida mínimamente digna de estas personas, lo cual está provocando, junto al pago de sus propios medicamentos, que este colectivo sea uno de los que más esté sufriendo las consecuencias de este criminal Gobierno.
SEXTO CRIMEN SOCIAL: Como una variante o modalidad del segundo crimen social, tenemos las situaciones de desamparo, marginación y desprotección que se están realizando a los inmigrantes, en lo que tiene que ver con su cobertura sanitaria. Primero les dejaron sin derecho gratuito a la Sanidad, quedando únicamente la posibilidad de que pudieran acudir a los Servicios de Urgencia. Pero ya se están denunciando muchos casos en los cuales tampoco se atiende en urgencias, o bien se envían facturas abusivas intentando que los inmigrantes ilegales paguen por los servicios médicos llevados a cabo. Partos, sesiones de rehabilitación, atención de urgencia, etc., pasan gravosa factura a posteriori a los inmigrantes que acuden a los Centros de Salud.
OCTAVO CRIMEN SOCIAL: En octavo lugar, tenemos el crimen social que representa el conjunto de la población española que ya se encuentra en situación límite, es decir, en exclusión social, en los umbrales o dentro de la situación de pobreza, con un porcentaje que va creciendo que se sitúa en pobreza severa o extrema, es decir, en situación de indigencia. Ni qué decir tiene que esto es consecuencia directa de los otros crímenes sociales, pues se comienza con salarios precarios, se continúa en situación de paro, y se finaliza en situación de máxima precariedad, lo que lleva a la población afectada a no poder hacer frente al pago de los servicios para cubrir sus necesidades básicas, y por último, a la pérdida de su vivienda. Se han disparado los servicios que prestan los Bancos de Alimentos, los albergues públicos y de las distintas ONG's, así como la asistencia social que prestan algunas plataformas. Este crimen social se ceba también y fundamentalmente con la infancia, afectando ya a más de 2 millones de niños/as pobres en nuestro país.
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DÉCIMO CRIMEN SOCIAL: Para el décimo lugar hemos dejado el crimen social más aberrante, que es el que se comete con los inmigrantes, desde las deportaciones masivas, hasta el internamiento en los CIE, en una situación deplorable y que rayaría en el desamparo más absoluto de los Derechos Humanos, hasta auténticas aberraciones cometidas por las autoridades, como el atropello de pateras por parte de embarcaciones patrulleras de la Guardia Civil, como la que ocurrió hace pocos días cerca de las costas de Tenerife. Es de todo punto intolerable que un Gobierno mínimamente sensible y que se las da de legal y de democrático, someta a personas extranjeras a tan vil vasallaje, con un total desprecio hacia sus vidas. Acciones de este tipo sólo pueden ser tildadas de criminales.
Se criminaliza también a los desempleados, porque "tienen lo que se merecen", por no esforzarse lo bastante en encontar un esclavizante empleo. A Laponia deberíamos irnos si hace falta, nos dicen los mismos que se benefician de las amnistías fiscales, la desesperación y el miedo a la pobreza. Es el negocio redondo: si te cuesta encontrar empleo, cuando finalmente lo encuentras, si lo consigues, debes olvidarte de tus derechos, porque simplemente, "es lo que hay", como le gusta afirmar al indecente Presidente de los empresarios de este país.
Rafael Silva Martínez
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Por la recuperación de la soberanía económica, monetaria y ciudadana
POR LA RECUPERACIÓN DE LA SOBERANÍA ECONÓMICA, MONETARIA Y CIUDADANA.
SALIR DEL EURO
La dramática
situación social y económica en la que está hundida nuestra sociedad
exige una política capaz de crear las condiciones para salir de la
crisis. Es una necesidad urgente. El tiempo se ha convertido en un dato
primordial por los riesgos de agravamiento y degradación que existen,
por el enorme sufrimiento social que provoca la persistencia de las
políticas de ajuste, austeridad y privatización de lo público.
La red en la que estamos
atrapados está conformada por un nivel de paro catastrófico, por un
endeudamiento del país frente al exterior imposible de afrontar y por
una evolución de las cuentas públicas que conducen a la quiebra
económica del Estado. Más de 6 millones de parados, más de 2,3 billones
de euros de pasivos brutos frente al exterior, y una deuda pública de
casi un billón de euros, creciente y próxima al 100% del PIB, son datos
que definen un desastre inmanejable, ponen en peligro la convivencia y
derruyen derechos sociales fundamentales.
Una crisis de esta envergadura tiene causas complejas y múltiples,
desde la crisis general del capitalismo financiero hasta el despilfarro
y la corrupción propios, pasando por un sistema fiscal tan regresivo
como injustamente aplicado, pero aun a riesgo de simplificar el
análisis para desentrañar las soluciones, hay que atribuir a la
incorporación de nuestro país a la moneda única la principal razón de
esta desoladora situación.
Como ahora se reconoce, no había condiciones para implantar una
moneda única entre países tan desiguales económicamente sin ir
acompañada de una fiscalidad común. Su creación implicaba, por otra
parte, un marco propicio para implantar políticas regresivas y
antisociales de todo tipo según la doctrina neoliberal, que ha tenido
en la construcción de la Europa de Maastricht su máxima expresión.
Como se calibró en su momento, el Estado del bienestar no es compatible
con la Europa de Maastricht.
Con la incorporación al euro, nuestro país perdió un instrumento
esencial para competir y mantener un equilibrio razonable de los
intercambios económicos con el exterior, como era el control y manejo
del tipo de cambio con respecto al resto de las monedas. Por otra
parte, hubo una cesión de la soberanía al BCE en cuanto a la creación de
liquidez y aplicación de la política monetaria, una institución
dominada desde los orígenes por los intereses del capitalismo alemán.
Como no podía ser de otro modo, el retraso y la debilidad de la
economía española frente a otros países y la rigidez absoluta impuesta
por el euro llevaron a lo largo de la década del 2000 a un déficit de
la balanza de pagos por cuenta corriente abrumador. Se registraron unos
desequilibrios insostenibles, como también les ocurrió a otros países
como Grecia y Portugal, apresados en la misma trampa. En los 14 años
transcurridos desde la creación del euro en 1999 hasta el final del
2012, el déficit exterior acumulado fue de casi 700 mil millones de
euros, que hubo de financiarse endeudándose con el exterior. Las
entidades crediticias y las empresas españolas demandaron más de otro
billón de euros de recursos para sus planes de inversiones en el
exterior, principalmente en América Latina.
Hasta el año 2008, en que se desató la crisis financiera
internacional, por las facilidades extraordinarias de financiación, el
país vivió un sueño, como drogado, alimentando la burbuja inmobiliaria y
ajeno a los problemas que se habían gestado. En ese año, todo cambió
radicalmente, los mercados financieros se cerraron, por los canales no
fluía la liquidez y la situación de cada deudor pasó a examinarse con
rigor. Con el cambio abrupto en la posición deudora de nuestra economía
frente al exterior, los pasivos brutos pasaron de 540 mil millones al
final de 1998 a 2,2 billones en 2008, el país entró en quiebra y
sobrevino una profunda recesión que a todos los efectos sigue vigente.
El sector público se resintió profundamente desde entonces,
incurriendo en un déficit desorbitado por la caída drástica de los
ingresos, reforzada por el estallido de la burbuja inmobiliaria. El
Estado, sobre el que acaban descargando todas las tensiones de las
administraciones públicas, ha necesitado de centenares de millones de
euros, obtenidos con la emisión de deuda pública en los mercados
interior y exterior, ante la imposibilidad de la financiación directa
por la autoridad monetaria. Al final de 2007, la deuda en circulación
del Estado era de 307.000 millones de euros, el 37% del PIB. Al final
de 2012 había subido a 688,000 millones, el 65% del PIB, y sigue
aumentando como corresponde a la evolución deficitaria de las cuentas
públicas.
Desde que se admitió la crisis, la política económica ha tenido unos
rasgos básicos inamovibles. La pérdida de competitividad de la economía
española ha servido de excusa para aplicar a rajatabla las recetas
neoliberales y se ha tratado de compensar con el llamado “ajuste
interno”, un proceso dirigido a disminuir los salarios y facilitar los
despidos para abaratar los precios de las mercancías y servicios
españoles, desde el momento en que la vía natural e histórica de la
devaluación de la moneda está cegada por el euro. Ajustes,
contrarreformas laborales y recortes continuos jalonan la política de
los últimos años. Por otra parte, la mal denominada austeridad se ha
impuesto brutalmente en la política fiscal, como exigencia de los
poderes económicos, haciéndose de la lucha contra el déficit publico el
talismán engañoso de la solución a la crisis.
Esta política ha producido un retroceso social muy doloroso, ha
impulsado inconteniblemente el crecimiento del paro y, lo que es
fundamental, es inútil. El país se desliza sin freno y se despeña hacia
una fosa profunda. Los determinantes de la crisis siguen intactos
cuando no degradados. Los pasivos exteriores no pueden disminuir sin
que se registre un excedente de la balanza de pagos, cosa prácticamente
inalcanzable para una economía bastante derruida y de escasa
competitividad, y la pesada carga de deuda pública no dejará de crecer
hasta que se diluya el déficit público, algo que el propio gobierno no
alcanza a vislumbrar. La desconfianza es general.
La sociedad en una encrucijada.
¿Cómo superar el desastre? La alternativa a la crisis que defiende la
Troika y abiertamente el PP pasa por profundizar en los ajustes, en
la austeridad y en la destrucción de lo público. La economía española,
como ya le ha ocurrido a Grecia o Portugal, cae por el precipicio y se
desfondará en el abismo, con unas consecuencias sociales dramáticas y
riesgos políticos de todo signo.
El PSOE, copartícipe activo en el actual diseño económico y social,
finge ahora un desacuerdo con el PP y critica su política suicida, pero
sigue amarrado al criterio de que el euro es irreversible.
Las direcciones de los sindicatos mayoritarios, una vez contrastado
el error de cálculo cometido con el sí crítico a Maastricht, denuncian
ahora el actual estado de cosas, pero no están en condiciones de
proponer medidas anticrisis realmente efectivas ya que no cuestionan con
coherencia la Europa construida.
Otras fuerzas, organizaciones y autores de la izquierda critican la
Europa actual y proponen cambios bastante utópicos y proyectos sin
fundamento, dado el carácter irreformable de la Europa surgida, sobre
todo después de la ampliación de la zona euro al Este. A las carencias
originales de la moneda única se añade el peso que ha cobrado Alemania
como país hegemónico y la realidad de una descomposición de Europa,
aprisionados algunos países en deudas impagables. La imprescindible y
urgente necesidad de romper con las ataduras de los Tratados europeos no
puede paralizarse ni ocultarse tras propuestas de proyectos de otra
naturaleza. Por deseable que sea otra Europa, es ahora inviable,
requiere de bases en que sustentarse bien distintas y de la soberanía
perdida de cada Estado.
El fracaso del proyecto de construcción de Europa es inocultable,
con independencia de que no sea posible determinar cuándo y cómo se
desbaratará la insostenible situación existente.
A los firmantes de este manifiesto nos parece claro que la Europa de
Maastricht no podrá sobrevivir con su actual configuración, tras los
desastres y sufrimientos que ha causado, además de vaciar de contenido
la democracia y sustraer la soberanía popular.
También afirmamos que nuestro país no puede salir de la crisis en el
marco del euro. Sin moneda propia y sin autonomía monetaria es imposible
hacer frente al drama social y económico, tanto más cuanto que la
política fiscal también ha quedado anulada con el Pacto de Estabilidad,
alevosamente constitucionalizado.
Es precisa una moneda propia para competir y una política monetaria
soberana para suministrar liquidez al sistema y estimular una demanda
razonable. Y esto como primera condición ineludible, pero en modo alguno
suficiente, para poder desarrollar una política avanzada de control
público de los sectores estratégicos de la economía, entre ellos la
nacionalización de la banca, de reconstrucción del tejido industrial y
agrícola, de defensa y potenciación de los servicios públicos
fundamentales con un poderoso y progresivo sistema fiscal, de
amortiguación de las desigualdades y distribución de la riqueza, del
reparto del trabajo para combatir el paro, de derogar las
contrarreformas laborales y de las pensiones, de respeto en serio al
medio ambiente, etc., y de abordar un proceso constituyente que permita
recuperar y profundizar la democracia. Por todo ello hay que
despreocuparse transitoriamente del déficit público, olvidarse de hacer
propuestas imposibles al BCE y dejar de añorar a la Reserva Federal o
el Banco de Inglaterra cuando se puede disponer del Banco de España como
institución equivalente.
El montante de la deuda externa es impagable. Su mayor parte es deuda
del sector privado, y corresponde a sus agentes resolver los problemas
que se presenten, incluido el sector financiero, muy comprometido. Por
ello rechazamos toda operación de “rescate” de nuestro país y por la
misma razón consideramos como deuda completamente ilegitima la contraída
por el Estado para proporcionar fondos de salvamento a las entidades
crediticias que no hayan sido nacionalizadas.
Con respecto a la deuda pública, el Estado debe realizar una profunda
reestructuración de la misma (quita, moratoria, conversión en moneda
nacional) que alivie la presión abrumadora que soportan las cuentas
públicas. En otro caso, puede darse como irremediable la quiebra del
Sector público.
No se nos escapan los problemas y complejidades de los pasos que
proponemos, entre otros limitar la libre circulación de capitales.
Tampoco nuestro análisis nos impide colaborar en acciones, propuestas y
movilizaciones con aquella parte de la ciudadanía y sus organizaciones
que, bajo el efecto del bombardeo mediático al que somos sometidos o por
otros motivos, aún no comparte nuestra opción ante la encrucijada en
que estamos y la necesidad de romper el nudo gordiano del euro. Sin
embargo, ante el desastre que nos envuelve y ante las causas profundas
que lo promueven y agudizan, no podemos mantenernos mudos ni evasivos.
A nuestro entender, hoy la sociedad española, que ya ha entrado en una
agonía prolongada y sin esperanza, no dispone de otra elección que
salir del euro para impedir el hundimiento definitivo del país.
Recuperar la soberanía económica perdida, hacer efectiva la soberanía
popular, requiere desprenderse de los dogales que nos paralizan,
encarar la cruda realidad y dotarse de los medios para trazar un
proyecto de supervivencia que, con todas sus dificultades, puede
representar también una gran oportunidad para crear una sociedad
soberana, próspera, justa, solidaria, democrática, ecológicamente
responsable y libre.
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