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Los crímenes del Gobierno Rajoy


Casi sin darnos cuenta, muy poco a poco, se va conduciendo a la ciudadanía de este país a una situación insostenible. El Gobierno del Partido Popular, sin prisa pero sin pausa, está conduciendo a este país al abismo. Con la complicidad de los sectores en la sombra, de la Iglesia, de la Banca, de las grandes empresas transnacionales, de los intereses de las grandes corporaciones, de las grandes fortunas, del poder financiero, de los ricos y poderosos, está desmantelando no sólo el incipiente Estado del Bienestar que habíamos comenzado a disfrutar, sino todos los cimientos de la protección social que se había desplegado hasta su llegada al poder.

El acoso y derribo a la clase trabajadora, a los de abajo, por parte de los poderosos, de la casta oligárquica, del Gobierno y de sus secuaces, las grandes empresas, la CEOE, los partidos que les apoyan, las Instituciones que los mantienen, y sus cómplices internacionales que los alientan, los justifican y los jalean, tales como la Comisión Europea, el FMI, el BCE, la OCDE, etc., nos están llevando a un escenario de caos y de fractura social. Podemos calificarlas como auténticas situaciones de muertes o de asesinatos civiles, de crímenes sociales, que en un intento de recopilación no exhaustiva, presentamos a continuación en el siguiente decálogo:

PRIMER CRIMEN SOCIAL: El primer crimen social lo constituyen los deshaucios en este país, debido a los cuales se vienen dando de un tiempo acá una serie de suicidios de personas, forzados por la desesperación de contemplar cómo se quedan sin su vivienda, sin su negocio, sin su vida. Auténticas situaciones de perversión social, donde el imperio de la Ley representa el imperio del terror y del miedo, de la marginación y de la exclusión social. Esperemos que la fuerza y la presión de la calle, mediante las Plataformas como PAH, Stop Deshaucios, 15-M, y la objeción de conciencia de colectivos como el de la policía y los jueces, unidos al reconocimiento de Bruselas de que nuestra legislación era ilegal y abusiva, vayan cambiando la situación.

SEGUNDO CRIMEN SOCIAL: El segundo crimen social de este país lo constituye el desmantelamiento que se está realizando de la Sanidad Pública, que otrora representara uno de los grandes pilares de nuestro Estado del Bienestar, por el que lucharon desde los tiempos de nuestros abuelos, y que ahora perversos gobernantes quieren aniquilar.Cierres de servicios de urgencia nocturnos, privatización de servicios hospitalarios, privatización de la gestión de hospitales públicos, deudas de dinero público hacia empresas privadas que gestionan hospitales, reducción de personal (médicos, enfermeros, etc.), figuran entre las estrategias en marcha para conseguir el desmantelamiento total de nuestra Sanidad Pública. Todo ello sin contar con algunas dramáticas situaciones de precariedad a las que están llegando algunos Hospitales debido a los indiscriminados y brutales recortes.

TERCER CRIMEN SOCIAL: El tercer crimen social lo hemos reservado para la situación de desprotección, también cada vez mayor, del colectivo de los desempleados. Con suerte, te puede quedar temporalmente un mísero subsidio de 400 euros al mes, que no llega en muchos casos ni siquiera para poder pagar el alquiler o la hipoteca de tu vivienda. No tienen siquiera la decencia de equiparar el mínimo subsidio al SMI, ni de garantizártelo hasta que encuentres trabajo, ni de proporcionarte la gratuidad de los servicios básicos que una familia necesita. Ello unido a que cada día es mayor el número de personas que quedan en la desprotección total, sin ningún tipo de ingreso, al amparo sólo de sus familiares, o de la caridad.

CUARTO CRIMEN SOCIAL: El terrorismo empresarial, ejercido al amparo de este ilegítimo Gobierno, es el cuarto crimen social que se comete masivamente contra la clase trabajadora. A diario saltan a la palestra nuevos casos de despidos masivos, de deslocalizaciones de grandes empresas, de ERE's de empresas públicas y privadas, que dejan en la calle a miles y miles de trabajadores. 3.500 trabajadores en Orizonia, 500 en Roca, 950 en TeleMadrid, 3.100 en Iberia, y un infinito etcétera se suceden diariamente engordando las listas de desempleados, así como los beneficios de los tiránicos dirigentes de esas mismas empresas. Al final del decálogo insistiremos más en este punto.



QUINTO CRIMEN SOCIAL: La desprotección al colectivo
de las personas dependientes constituye el quinto crimen social. En efecto, con una Ley de la Dependencia a la que se deja sin recursos, unido al exigente objetivo del cumplimiento del déficit público que se exige a las Administraciones, asfixia las dotaciones económicas y presupuestarias ligadas al reconocimiento y a la vida mínimamente digna de estas personas, lo cual está provocando, junto al pago de sus propios medicamentos, que este colectivo sea uno de los que más esté sufriendo las consecuencias de este criminal Gobierno.

SEXTO CRIMEN SOCIAL: Como una variante o modalidad del segundo crimen social, tenemos las situaciones de desamparo, marginación y desprotección que se están realizando a los inmigrantes, en lo que tiene que ver con su cobertura sanitaria. Primero les dejaron sin derecho gratuito a la Sanidad, quedando únicamente la posibilidad de que pudieran acudir a los Servicios de Urgencia. Pero ya se están denunciando muchos casos en los cuales tampoco se atiende en urgencias, o bien se envían facturas abusivas intentando que los inmigrantes ilegales paguen por los servicios médicos llevados a cabo. Partos, sesiones de rehabilitación, atención de urgencia, etc., pasan gravosa factura a posteriori a los inmigrantes que acuden a los Centros de Salud.

SÉPTIMO CRIMEN SOCIAL: El crimen social séptimo lo hemos reservado para el caso de la estafa por las participaciones preferentes.En efecto, y por eso lo catalogamos de crimen social, no se trata de que un accionista pierda miles de euros en su empresa, sino que a personas que habían invertido sus ahorros, muchas de ellas personas mayores, sin conocimientos financieros, y muchas de ellas invirtiendo todos los ahorros de su vida, se vean ahora en la situación de que van a tener que renunciar a que su Banco les devuelva dicho dinero, suponiendo auténticos casos de drama humano y familiar. Ni Bruselas, ni por supuesto este cruel e inhumano Gobierno, son capaces de ofrecer una respuesta satisfactoria ante tanto ejercicio de robo, engaño, abuso y estafa colectiva.

OCTAVO CRIMEN SOCIAL: En octavo lugar, tenemos el crimen social que representa el conjunto de la población española que ya se encuentra en situación límite, es decir, en exclusión social, en los umbrales o dentro de la situación de pobreza, con un porcentaje que va creciendo que se sitúa en pobreza severa o extrema, es decir, en situación de indigencia. Ni qué decir tiene que esto es consecuencia directa de los otros crímenes sociales, pues se comienza con salarios precarios, se continúa en situación de paro, y se finaliza en situación de máxima precariedad, lo que lleva a la población afectada a no poder hacer frente al pago de los servicios para cubrir sus necesidades básicas, y por último, a la pérdida de su vivienda. Se han disparado los servicios que prestan los Bancos de Alimentos, los albergues públicos y de las distintas ONG's, así como la asistencia social que prestan algunas plataformas. Este crimen social se ceba también y fundamentalmente con la infancia, afectando ya a más de 2 millones de niños/as pobres en nuestro país.

NOVENO CRIMEN SOCIAL: En el puesto nueve se sitúan el conjunto de acciones que se realizan desde el poder para reprimir y criminalizar todas las movilizaciones ciudadanas que protestan ante todos los crímenes anteriores, así como las Asociaciones y Plataformas que apoyan a dichos sectores ciudadanos afectados por los mismos. Desde multas indiscriminadas por participar en manifestaciones o sólo por ocupar la vía pública, pasando por golpes, amenazas, disparos de objetos contundentes, porrazos, balas de goma (que ya han causado gravísimas lesiones a algunas personas), represión policial, detenciones injustificadas, mantenimiento de la situación de prisión preventiva más allá de los límites razonables, etc., forman el mosaico de las acciones que los grupos de antidisturbios (que ni siquiera van bien identificados) ejecutan contra la población que se manifiesta, amparados desde el poder y los despóticos mandos de este Gobierno.

DÉCIMO CRIMEN SOCIAL: Para el décimo lugar hemos dejado el crimen social más aberrante, que es el que se comete con los inmigrantes, desde las deportaciones masivas, hasta el internamiento en los CIE, en una situación deplorable y que rayaría en el desamparo más absoluto de los Derechos Humanos, hasta auténticas aberraciones cometidas por las autoridades, como el atropello de pateras por parte de embarcaciones patrulleras de la Guardia Civil, como la que ocurrió hace pocos días cerca de las costas de Tenerife. Es de todo punto intolerable que un Gobierno mínimamente sensible y que se las da de legal y de democrático, someta a personas extranjeras a tan vil vasallaje, con un total desprecio hacia sus vidas. Acciones de este tipo sólo pueden ser tildadas de criminales.

A todo ello hay que unir el hecho de que España, con instrumentos perversos como la última Reforma Laboral, se haya convertido en un paraíso para el poder y la corrupción empresarial. No es una opinión sólo nuestra, sino que así lo constata un reciente informe editado por la Administración norteamericana. La CEOE y sus parásitos, esa casta empresarial que cuenta entre sus filas con personas tan modélicas como Díaz Ferrán o Arturo Fernández, o su actual presidente Joan Rosell, llevan tiempo acusando a los parados por no aceptar trabajos, porque o bien se les paga menos que con la prestación o bien no les sale a cuenta considerando el desplazamiento, el sueldo u otros factores.

Se criminaliza también a los desempleados, porque "tienen lo que se merecen", por no esforzarse lo bastante en encontar un esclavizante empleo. A Laponia deberíamos irnos si hace falta, nos dicen los mismos que se benefician de las amnistías fiscales, la desesperación y el miedo a la pobreza. Es el negocio redondo: si te cuesta encontrar empleo, cuando finalmente lo encuentras, si lo consigues, debes olvidarte de tus derechos, porque simplemente, "es lo que hay", como le gusta afirmar al indecente Presidente de los empresarios de este país.

Hasta aquí el decálogo recogido, pero seguro que se me olvidan muchos otros, que mis lectores serán capaces de recordar y señalar. ¿Hasta cuándo tanta injusticia y crimen social? ¿Hasta cuándo vamos a quedarnos con los brazos cruzados, contemplando cómo se derrama tanta sangre, cómo se encadena tanta gente, cómo se organizan tantas huelgas de hambre, o tantos encierros para defender la dignidad del pueblo? ¿Hasta cuándo tanta impunidad e ilegitimidad de un Gobierno? ¿Hasta cuándo tanto desprecio a la ciudadanía de este país? ¿Hasta cuándo tanta tiranía institucional? No debemos perder ni un minuto más en reorganizar y emprender nuevas mareas humanas, ciudadanas, de indignación, de rebeldía, de desobediencia civil, para enfrentarnos a este despótico sistema y a este Gobierno criminal, y no abandonar las calles hasta hacerlo caer. ¡¡BASTA YA DE TANTO SUFRIMIENTO SOCIAL, DE TANTA PODREDUMBRE INSTITUCIONAL, DE TANTA MISERIA CIUDADANA!! 


Rafael Silva Martínez

Por la recuperación de la soberanía económica, monetaria y ciudadana


POR LA RECUPERACIÓN DE LA SOBERANÍA ECONÓMICA, MONETARIA Y CIUDADANA.
 SALIR DEL EURO
La dramática situación social y económica en la que está hundida nuestra sociedad exige una política capaz de crear las condiciones para salir de la crisis. Es una necesidad urgente. El tiempo se ha convertido en un dato primordial por los riesgos de agravamiento y degradación que existen, por el enorme sufrimiento social que provoca la persistencia de las políticas de ajuste, austeridad y privatización de lo público.
La red en la que estamos atrapados  está conformada por un nivel de paro catastrófico, por un endeudamiento del país frente al exterior imposible de afrontar y por una evolución de las cuentas públicas que conducen a la quiebra económica del Estado. Más de 6 millones de parados, más de 2,3 billones de euros de pasivos brutos frente al exterior, y una deuda pública de casi un billón de euros, creciente y próxima al 100% del PIB,  son datos que definen un desastre inmanejable, ponen en peligro la convivencia y derruyen derechos sociales fundamentales.
Una crisis de esta envergadura tiene causas complejas y múltiples, desde la crisis  general del capitalismo financiero hasta el despilfarro y la corrupción propios, pasando por un sistema fiscal tan regresivo como injustamente aplicado, pero aun a  riesgo de simplificar el análisis para desentrañar  las soluciones, hay que atribuir a la incorporación de nuestro país a la moneda única la principal razón de esta desoladora situación.
Como ahora se reconoce, no había condiciones  para implantar una moneda única  entre países tan desiguales económicamente sin ir acompañada de una fiscalidad común. Su creación implicaba, por otra parte,  un marco propicio para implantar políticas regresivas y antisociales de todo tipo según la doctrina neoliberal, que ha tenido en  la construcción de la Europa de Maastricht su máxima expresión.  Como se calibró en su momento, el Estado del bienestar no es compatible con la Europa de  Maastricht.
Con la incorporación al euro, nuestro país perdió un instrumento esencial para competir y mantener un equilibrio razonable de los intercambios económicos con el exterior, como era el control y manejo del  tipo de cambio con respecto al resto de las monedas. Por otra parte, hubo una cesión de la soberanía al BCE en cuanto a la creación de liquidez y aplicación de la política monetaria, una institución dominada desde los orígenes por los intereses del capitalismo alemán.
Como no podía ser de otro modo, el retraso y la debilidad de la economía española frente a  otros países y la rigidez absoluta impuesta por el euro llevaron a lo largo de la década del  2000 a un déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente abrumador. Se registraron unos desequilibrios insostenibles, como también les ocurrió a otros países como Grecia y Portugal, apresados en la misma trampa. En los 14 años transcurridos desde la creación del euro en 1999 hasta el final del 2012, el déficit exterior acumulado fue de casi 700 mil millones de euros, que hubo de financiarse endeudándose con el exterior.  Las entidades crediticias y las empresas españolas demandaron más de otro billón de euros de recursos para sus planes de inversiones en el exterior, principalmente en América Latina.
Hasta el año 2008, en que se desató la crisis financiera internacional,  por las facilidades extraordinarias de financiación, el país vivió un sueño, como drogado, alimentando la burbuja inmobiliaria y ajeno a los problemas que se habían gestado. En ese año, todo cambió radicalmente, los mercados financieros se cerraron, por los canales no fluía la liquidez y la situación de cada deudor pasó a examinarse con rigor. Con el  cambio abrupto en la posición deudora de nuestra economía frente al exterior, los pasivos brutos pasaron de 540 mil millones al final de 1998 a 2,2 billones en 2008, el país entró en quiebra y sobrevino una profunda recesión que a todos los efectos sigue vigente.
El sector público se resintió profundamente desde entonces, incurriendo en un déficit desorbitado por la caída drástica de los ingresos, reforzada por el estallido de la burbuja inmobiliaria. El Estado, sobre el que acaban descargando todas las tensiones de las administraciones públicas, ha necesitado  de centenares de millones de euros, obtenidos con la emisión de deuda pública en los mercados interior y exterior, ante la imposibilidad de la financiación directa por la autoridad monetaria.  Al final de 2007,  la deuda en circulación del Estado era de 307.000 millones de euros, el 37% del PIB. Al  final de 2012 había subido a 688,000  millones,  el 65% del PIB, y sigue aumentando como corresponde a la evolución deficitaria de las cuentas públicas.
Desde que se admitió la crisis, la política económica ha tenido unos rasgos básicos inamovibles. La pérdida de competitividad de la economía española ha servido de excusa para aplicar a rajatabla las recetas neoliberales y se ha tratado de compensar con el llamado “ajuste interno”, un proceso dirigido a disminuir los salarios y facilitar los despidos para abaratar los precios de las mercancías y servicios españoles, desde el momento en que la vía natural e histórica de la devaluación de la moneda está cegada por el euro. Ajustes, contrarreformas laborales y recortes continuos jalonan la política de los últimos años. Por otra parte, la mal denominada austeridad se ha impuesto brutalmente en la política fiscal, como exigencia de los poderes económicos, haciéndose de la lucha contra el déficit publico el talismán engañoso  de la solución a la crisis.
Esta política ha producido un retroceso social muy doloroso, ha impulsado inconteniblemente el crecimiento del paro y, lo que es fundamental, es inútil. El país se desliza sin freno y  se despeña hacia una fosa profunda. Los determinantes de la crisis siguen intactos cuando no degradados. Los pasivos  exteriores no pueden disminuir sin que se registre un excedente de la balanza de pagos, cosa prácticamente inalcanzable para una economía bastante derruida y de escasa  competitividad,  y la pesada carga de deuda pública no dejará de crecer hasta que se diluya el déficit público, algo que el propio gobierno no alcanza a vislumbrar. La desconfianza es general.
La sociedad en una encrucijada.
¿Cómo superar el desastre? La alternativa a la crisis que defiende la Troika y abiertamente el PP pasa por profundizar  en los ajustes,  en la  austeridad y en la destrucción de lo público. La economía española, como ya le ha ocurrido a Grecia o Portugal, cae por el precipicio y se desfondará en el abismo,  con unas consecuencias sociales dramáticas y riesgos políticos de todo signo.
El PSOE, copartícipe activo en el actual diseño económico y social, finge ahora un desacuerdo con el PP y critica su  política suicida, pero sigue amarrado al criterio de que el euro es irreversible.
Las direcciones de los sindicatos mayoritarios, una vez contrastado el error de cálculo cometido con el  sí crítico a Maastricht, denuncian ahora el actual estado de cosas, pero no están en condiciones de proponer medidas anticrisis realmente efectivas ya que no cuestionan con coherencia la Europa construida.
Otras fuerzas, organizaciones y autores de la izquierda critican  la Europa actual y proponen cambios bastante utópicos y proyectos sin fundamento, dado el carácter irreformable de la Europa surgida, sobre todo después de la ampliación de la zona euro al Este. A las carencias originales de la moneda única se añade el peso que ha cobrado Alemania como país hegemónico y la realidad de una descomposición de Europa, aprisionados algunos países en deudas impagables. La imprescindible y urgente necesidad de romper con las ataduras de los Tratados europeos no puede paralizarse ni ocultarse tras propuestas de proyectos de otra naturaleza. Por deseable que sea otra Europa, es ahora inviable, requiere de bases en que sustentarse bien distintas y de la soberanía perdida de cada Estado.
El fracaso del proyecto de construcción  de Europa es inocultable, con independencia de que no sea posible determinar cuándo y cómo se desbaratará la insostenible situación existente.
A los firmantes de este manifiesto  nos parece claro que la Europa de Maastricht no podrá sobrevivir con su actual configuración, tras  los desastres y sufrimientos que ha causado, además de vaciar de contenido la democracia y sustraer la soberanía popular.
También afirmamos que nuestro país no puede salir de la crisis en el marco del euro. Sin moneda propia y sin autonomía monetaria es imposible hacer frente al drama social y económico, tanto más cuanto que la política fiscal también ha quedado anulada con el Pacto de Estabilidad, alevosamente constitucionalizado.
Es precisa una moneda propia para competir y una política monetaria soberana para suministrar liquidez al sistema y estimular una demanda razonable. Y esto como primera condición ineludible, pero en modo alguno suficiente, para poder desarrollar una política avanzada de control público de los sectores estratégicos de la economía, entre ellos la nacionalización de la banca, de reconstrucción del tejido industrial y agrícola, de defensa  y potenciación de  los servicios públicos fundamentales con un poderoso y progresivo  sistema fiscal, de amortiguación de las desigualdades y distribución de la riqueza, del reparto del trabajo para combatir el paro, de  derogar las contrarreformas laborales y de las pensiones, de respeto en serio al medio ambiente, etc., y de  abordar un proceso constituyente que permita recuperar y profundizar la democracia. Por todo ello hay que despreocuparse transitoriamente del déficit público, olvidarse de hacer propuestas imposibles al BCE y dejar de añorar a la  Reserva Federal o el Banco de Inglaterra cuando se puede disponer del Banco de España como  institución equivalente.
El montante de la deuda externa es impagable. Su mayor parte es deuda del sector privado, y corresponde a sus agentes resolver los problemas que se presenten, incluido el sector financiero,  muy comprometido. Por ello rechazamos toda operación de “rescate” de nuestro país y por la misma razón consideramos como deuda completamente ilegitima la contraída por el Estado para proporcionar fondos de salvamento a las entidades crediticias que no hayan sido nacionalizadas.
Con respecto a la deuda pública, el Estado debe realizar una profunda reestructuración de la misma (quita, moratoria, conversión en moneda nacional) que alivie la presión abrumadora que soportan las cuentas públicas. En otro caso, puede darse como irremediable la quiebra del Sector público.
No se nos escapan los problemas y complejidades de los pasos que proponemos, entre otros limitar la libre circulación de capitales. Tampoco nuestro análisis nos impide colaborar en acciones, propuestas y movilizaciones con aquella parte de la ciudadanía y sus organizaciones que, bajo el efecto del bombardeo mediático al que somos sometidos o por otros motivos, aún no comparte nuestra opción ante la  encrucijada en que estamos y la necesidad de romper el nudo gordiano del euro. Sin embargo,  ante el desastre que nos envuelve y ante las causas profundas que lo promueven y agudizan,  no podemos mantenernos mudos ni evasivos.  A nuestro entender, hoy la sociedad española, que ya ha entrado en una agonía prolongada y sin esperanza, no dispone de otra  elección que salir del euro para impedir el hundimiento definitivo del país.
Recuperar la soberanía económica perdida, hacer efectiva la soberanía popular, requiere desprenderse de los dogales que nos paralizan, encarar la cruda realidad y dotarse de los medios para trazar un proyecto de supervivencia que, con todas sus dificultades, puede representar también una gran oportunidad para  crear una sociedad soberana, próspera, justa, solidaria, democrática, ecológicamente responsable  y libre.

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