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COMUNICADO FCSM-ASTURIES sobre la entrega de premios Príncipe de Asturias.
Un año más, la fundación privada que gestiona los Premios Príncipe de
Asturias celebra en Oviedo su entrega de premios. Diversas administraciones públicas
aportan directa-mente entre el 18% y el 15% del presupuesto de esta entidad
privada, en torno a 1.112.000 €. En cuanto a las aportaciones indirectas del
erario público, como el desplie-gue policial, no se conocen datos y tampoco a
qué tipo de gastos se destina el dinero público en esta fundación y cual es el
procedimiento para contratar a las empresas que desarrollan las actividades.
Según datos proporcionados por los gestores de esta funda-ción (1), de cada
euro público que gasta la administración en esta actividad, se generan siete
euros en el PIB global del país.
Sobre la correcta utilización de dinero público en estas actividades no
habría que dudar, pues los medios de comunicación informan abundantemente de la
filantropía de la familia real para con la sociedad española. Tampoco deben
extrañar estos buenos resultados económicos, pues la fundación cuenta entre sus
patronos con reputados gestores como Rodrigo Rato, con una trayectoria
reconocida ampliamente en el FMI o Bankia. También se encuentran entres sus
patronos las principales multinacionales de este país (2), a las cuales hay que
agradecer su contribución a la riqueza nacional, aunque informes como el de
GESTHA sindicato de técnicos de hacienda, (3) asegura que las grandes empresas
y fortunas son responsables del 72% del fraude fiscal total, aproximadamente
70.000 millones de Euros.
Lo que llama la atención de esta fundación privada es que acepte fondos
de las adminis-traciones públicas, ya que está compuesta por destacados
partidarios de la no interven-ción del estado en la economía, de la privatización
de sectores productivos que eran ren-tables para el estado (Telefónica,
Argentaria…), partidarios de la regulación de práctica-mente de todos los
aspectos de la vida social por la mano invisible del mercado y par-tidarios de
las “reformas” que se están llevando a cabo en los servicios sociales.
Entonces ¿para qué necesitan fondos públicos y todos los recursos que el
estado les proporciona, cuando se dice constantemente que el estado no debe
intervenir en la economía?
Se
podría argumentar que las aportaciones de dinero público son fundamentales para
evitar la deslocalización de las actividades de esta fundación privada.
Seguramente los chinos o los rusos están muy interesados en trasladar
actividades tan rentables como una entrega de premios a sus países, donde podrían
hacer lo mismo con menos dinero, debi-do a los bajos salarios de sus
trabajadores De esta manera se asegura la administración que la Fundación Príncipe
de Asturias no va a trasladar su producción a los países del Este u otros
lugares.
Las preguntas que suscitan esta lógica son varias:¿porqué no se hizo lo mismo cuando se privatizó Telefónica o Ensidesa, reservar una participación del estado en las mismas? ¿Porqué se dejó una empresa pública rentable en manos de los intereses de multina-cionales que para continuar su producción en nuestro país chantajean constantemente a sus ciudadanos y exigen sus “mordidas”?. ¿No se habrían merecido los trabajadores en Piloña de Chupa-Chups un apoyo de la administración para continuar con la actividad de una fábrica rentable, por ejemplo como cooperativa, y evitar su deslocalización? ¿Y los trabajadores de Tenneco en Gijón? ¿y los mineros de Cerréu? ¿y el desmantelamiento de una fábrica centenaria como la de Santa Bárbara en Oviedo para especular con su suelo?¿Cuánto aportaban todas estas empresas al PIB regional y nacional directamente e indirectamente y porqué no se hace nada para evitar su cierre y desmantelamiento? ¿Con qué argumento se puede echar a decenas de trabajadores de la RTPA a la calle, después de conocer estos datos?
¿Qué ideología o qué ley es la que sustenta todo este disparate y este descalabro social al que nos conducen estas políticas?
Las preguntas que suscitan esta lógica son varias:¿porqué no se hizo lo mismo cuando se privatizó Telefónica o Ensidesa, reservar una participación del estado en las mismas? ¿Porqué se dejó una empresa pública rentable en manos de los intereses de multina-cionales que para continuar su producción en nuestro país chantajean constantemente a sus ciudadanos y exigen sus “mordidas”?. ¿No se habrían merecido los trabajadores en Piloña de Chupa-Chups un apoyo de la administración para continuar con la actividad de una fábrica rentable, por ejemplo como cooperativa, y evitar su deslocalización? ¿Y los trabajadores de Tenneco en Gijón? ¿y los mineros de Cerréu? ¿y el desmantelamiento de una fábrica centenaria como la de Santa Bárbara en Oviedo para especular con su suelo?¿Cuánto aportaban todas estas empresas al PIB regional y nacional directamente e indirectamente y porqué no se hace nada para evitar su cierre y desmantelamiento? ¿Con qué argumento se puede echar a decenas de trabajadores de la RTPA a la calle, después de conocer estos datos?
¿Qué ideología o qué ley es la que sustenta todo este disparate y este descalabro social al que nos conducen estas políticas?
Constitución Española
TÍTULO VII Economía y Hacienda
Artículo
128
1.
Toda
la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está
subordinada al interés general.
2.
Se
reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá
reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en
caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo
exigiere el interés general.
Artículo
129
1.
La
ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad
Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte
directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
2.
Los
poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en
la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades
cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los
trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
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comunicado
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Frente Cívico
Declaración política de la Mesa Estatal del Frente Cívico Somos Mayoría
POR UN PLAN DE ACTUACIÓN UNITARIO CONTRA LAS MEDIDAS REGRESIVAS.
Impulsemos una movilización unitaria, contundente, sostenida en el tiempo.
El gobierno da la espalda al pueblo y con el dinero de todos esta
rescatando a los grandes poderes financieros. El BBVA y el Banco de
Santander han obtenido este año respectivamente 2882 y 2255 millones de
euros de beneficio. Mientras, nuestra vida cotidiana oscila entre la
disminución de salarios, la pérdida de derechos y la destrucción de
puestos de trabajo.
Los poderosos han secuestrado al poder político mediante la
corrupción. Gobiernos y medios de comunicación intentan distraernos
creyendo que solo vivimos de televisión, radio, prensa, la manipulación
estadística o vacías arengas políticas.
Y en lugar de sacarnos de la pobreza, de aliviar nuestro
sufrimiento, de sacarnos de la incertidumbre, la desesperanza y el
miedo, no cesan de preparar más medidas para exprimir aun más a los de
abajo. Este verano mientras que el gobierno estaba enfangado por el caso
Bárcenas, cuyas implicaciones sabemos que llegan hasta el mismo
Presidente, no se dejaban de lanzar nuevas propuestas de agresiones,
invocando futuras recuperaciones, letanía vacía conocida desde hace 5
años. Ahora quieren reducir de nuevo las pensiones, reducir los salarios
otro 10%, aumentar los impuestos sobre el consumo (IVA)....
En España vivimos una situación de emergencia, que necesita una
respuesta desde la ciudadanía. El Frente Cívico Somos Mayoría entiende
que existen soluciones a esta situación que pasan por revertir la
dirección de las políticas y medidas impuestas hasta ahora, con
propuestas como:
- Acabar con la deflación de sueldos que nos están imponiendo, y elevar el salario y las pensiones mínimas a los 1000 euros.
- Recuperar el control sobre los precios de los abastecimientos básicos de: luz, agua, gas, comunicaciones, alimentación…
- Recuperar los Sectores Estratégicos de la Economía,
devolvérselos al Estado, de donde no debieron salir, pues los
abastecimientos son un bien común que pertenecen a toda la ciudadanía.
- Recuperar la Banca Pública, que
pueda inyectar dinero a intereses fuera de los niveles de usura,
acabando con el secuestro financiero que la banca privada está
perpetrando y permitiendo reactivar los medios de producción y hacer que
la economía real sustituya a la especulativa. Ello implica abrir un
debate sobre el Euro y el sistema monetario europeo que ha secuestrado
nuestra soberanía.
- Y lo más importante: Recuperar la legitimidad de las bases de nuestra sociedad.
La constitución de 1978 ha sido violada sistemáticamente. La última vez
con la reforma del artículo 135, consensuada entre el PP y el PSOE, que
dicta que el pago de la deuda está por delante de atender las
necesidades de las personas. Sin consulta, sin referéndum y sin seguir
los pasos previstos en la propia Constitución. Necesitamos una nueva Constitución sobre
la base de los Derechos Humanos y la Carta de la Tierra, elaborada con
la participación de todos los colectivos sociales que queremos recuperar
la dignidad.
Pero
sabemos que con nuestras fuerzas no basta. Para confrontar con el
Tsunami de nuevas medidas regresivas propuestas para este otoño,
necesitamos auto-convocarnos sin ninguna exclusión, para urdir un denso
tejido social, sobre el compromiso de defender a la mayoría. En este
sentido proponemos una convergencia que trace un plan de actuación unitario, en el que confluyan las organizaciones y personas que estén dispuestas a luchar por un cambio en nuestro país.
Esta
llamada quiere permitir la suma de muchas entidades con el fin de
diseñar propuestas que impliquen claramente la defensa concreta del
bienestar de los ciudadanos, enfrentándose a los que causan el
sufrimiento a la mayoría de la ciudadanía.
Para ese marco de compromiso común planteamos el siguiente programa de mínimos:
Medidas contra el empobrecimiento (cobertura de rentas mínimas);
protección social plena; paralización de desahucios; garantía de
servicios básicos como el agua o luz; empleo digno revirtiendo las
reformas laborales; reparto del trabajo; impago de la deuda ilegitima
contraída con el poder financiero internacional; defensa de lo público
en materia de salud, educación y sectores estratégicos; reversión de las
privatizaciones; reforma fiscal que elimine los privilegios de los
ricos y reparta la riqueza; medidas contundentes contra la corrupción,
el fraude fiscal y el fraude laboral; creación de una banca pública al
servicio de la mayoría social; referéndum vinculante sobre cuestiones
que afecten a la mayoría social; Modificación de la Ley Electoral.
Necesitamos
una movilización contundente, sostenida en el tiempo y de intensidad
creciente. Entendemos que ésta puede construirse sobre la base de una
propuesta de mínimos que aúne las distintas reivindicaciones y
movilizaciones que están emergiendo en la sociedad aún de forma
dispersa, pero que en última instancia giran en torno a los mismos
problemas de fondo. El objetivo de esta propuesta es ayudarnos a superar
la actual situación, para que la crisis no recaiga sobre la ciudadanía y
podamos empezar a levantar un nuevo porvenir.
Solo
las gentes organizadas y movilizadas podemos cambiar esta situación.
Debemos dejar de mirar para otro lado con la esperanza de que las cosas
se arreglen solas. Debemos plantarnos tomar la responsabilidad de
nuestras vidas y recuperar el rumbo de nuestro país. Desde Frente Cívico
Somos Mayoría invitamos a la reflexión y a la acción para construir sin
dilación una respuesta unitaria, masiva, contundente y sostenida en el
tiempo que haga caer el sistema político actual y retorne la dignidad y
el poder a la ciudadanía.
FRENTE CÍVICO SOMOS MAYORÍA
Galiza nun tá sola
"La solidaridad es la ternura de los pueblos" Hoy, Galicia somos todos.
Desde en FCSM Aviles no encontramos las palabras de apoyo y consuelo para las victimas, y familiares de la tragedia del tren en Santiago. Animo Galiza, nuestro mas caluroso abrazo.
También reconocer la labor ciudadana y de todos los equipos que están trabajando en el lugar. Hospitales colapsados de gente queriendo donar sangre, trabajadores públicos acudiendo a sus centros en descanso y vacaciones para trabajar, bomberos desconvocando huelga y todo el mundo aportando lo que puede. En momentos trágicos todavía somos capaces de sacar lo mejor de nosotros.
A lo sonoro llega la muerte
como un zapato sin pie, como un traje sin hombre,
llega a golpear con un anillo sin piedra y sin dedo,
llega a gritar sin boca, sin lengua, sin garganta.
Sin embargo sus pasos suenan
y su vestido suena, callado, como un árbol.
Yo no sé, yo conozco poco, yo apenas veo,
pero creo que su canto tiene color de violetas húmedas,
de violetas acostumbradas a la tierra
porque la cara de la muerte es verde,
y la mirada de la muerte es verde,
con la aguda humedad de una hoja de violeta
y su grave color de invierno exasperado.
PABLO NERUDA
Por la dimisión del Gobierno con Rajoy al frente y para la apertura de un proceso constituyente
Comunicado del Frente Cívico Somos Mayoría
Por la dimisión del Gobierno con Rajoy al frente y para la apertura de un proceso constituyente
Por la dimisión del Gobierno con Rajoy al frente y para la apertura de un proceso constituyente
Hay hechos habituales que conocemos de sobra pero de los que sólo
extraemos sus últimas consecuencias cuando nos estallan en la cara. Hace
ya mucho tiempo que la mayoría de los ciudadanos llegamos a la
conclusión de que el neoliberalismo nos hurtó la democracia al pueblo
mediante un sinfín de estrategias que incluye la deuda ilegítima, la
imposición de bajadas salariales o reformas laborales decimonónicas y
una grosera y tosca manipulación mediática. Dentro de estos métodos
sobresale la corrupción de los partidos políticos mayoritarios. Rajoy,
Bárcenas y la financiación del PP no constituyen un caso aislado. Es la
tónica general de una democracia y una cultura que nacieron mancas en el
poder popular.
Los ERE, Palma Arena, Gürtel, Palau de la Música, Noos… forman parte
de una constelación de ejemplos apenas los que han saltado a la luz
pública en mitad de la estafa que llaman crisis. La corrupción es
utilizada por el gran capital para imponer sus intereses minoritarios a
todos los ciudadanos. Se apropia de la soberanía popular y legisla
contra el pueblo. Hoy sabemos que, bajo sus decisiones, además se ha
conducido a más de un 21% de la población de España a situaciones de
pobreza, mientras que ha aumentado en un 5,4% el número de millonarios,
esa exigua minoría para la que gobiernan.
Sin embargo, en el caso Bárcenas hay dos matices que aumentan nuestro
escándalo. Nunca habían salido a la luz hechos tan claros que
inculparan directamente al presidente del gobierno y el partido durante
su gestión, ni la cúpula de un partido había sido tan ciega a las
demandas democráticas de la población. Dicho de otro modo, el PP y Rajoy
han adoptado la postura de resistir el embate de cada nueva revelación
con el solo ejercicio de esperar que pierda fuerza la efervescencia
ciudadana. Por eso, hemos de sostener la lucha en el tiempo.
El Frente Cívico Somos Mayoría es consciente de que hemos de luchar
para que esta situación de inestabilidad política no se resuelva de
nuevo contra la mayoría y busque los beneficios de la banca y la troika
frente a los legítimos intereses de los ciudadanos, como ha demostrado
el recurso contra el Decreto Antidesahucios de Andalucía. La troika y el
capital, si termina por caer Rajoy, tratarán de imponer un gobierno que
continúe el expolio de la ciudadanía, legisle contra los ciudadanos,
desmonte la sanidad y la educación públicas, atente contra los derechos
laborales obtenidos tras años de lucha, arroje cada día a más gente a
contratos y salarios de miseria, aumente la carga fiscal sobre los
asalariados y la disminuya sobre empresas y fortunas.
Ello es posible porque estamos sometidos a un sistema en el que los
que gobiernan no se presentan a las elecciones, sino que tras bambalinas
mediante la corrupción generalizada de las instituciones políticas,
sociales y jurídicas están imponiendo el saqueo generalizado sobre la
mayoría.
Este gobierno debe dimitir ya que no tiene ninguna legitimidad pues
ganaron las elecciones mediante financiación fraudulenta y han impuesto
medidas que jamás presentaron en la campaña electoral. Representan unos
poderes que ahora han fijado sus garras en nuestras pensiones. Hemos de
evitar que haya otro gobierno que prosiga con la conversión de nuestros
derechos en sus negocios. Debemos impedirlo tanto con este gobierno o
con otro con un lavado de nombres que no cambie nada en las decisiones
políticas y antisociales.
Por tanto no basta una mera dimisión de este gobierno con su
presidente al frente que dé paso a una alternancia que reproduzca esa
situación. El FCSM llama a desmontar el sistema político del
bipartidismo que sustenta a la corona y abrir un proceso constituyente
que entre otras cosas sustraiga el poder al Rey y a su Corte de 40
empresarios y la devuelva a la ciudadanía.
La corrupción no es un problema exclusivo de los partidos políticos,
es un problema de la construcción misma del sistema de desarrollo
económico y la relación entre capital y estado. La corrupción es un
hecho generalizado pero no independiente del sistema económico. Forma
parte de la estructura misma de este sistema y esta sociedad y es
indispensable para su desarrollo. Tanto los corruptores como los que se
dejan corromper forman parte de este sistema injusto de producción y
distribución de la riqueza.
Esta situación es excepcional y excepcional tiene que ser nuestra
respuesta. Tomemos la calle, reclamemos el final del sistema corrupto,
de las políticas de austeridad, la recuperación de los derechos
perdidos, el fin del gobierno de los indecentes, que no tienen
suficiente con el robo amparado en la ley, con el que nos castigan cada
día. Ahora se escudan impunes en la perversión de la palabra democracia
ante las pruebas de comisiones y sobresueldos.
El Frente Cívico Somos Mayoría hace un llamamiento a todos los
movimientos sociales y políticos para sostener y hacer crecer la
participación ciudadana, de manera que se encamine hacia un proceso
constituyente. Hacemos un llamamiento para dar una respuesta
contundente, masiva, unitaria y sostenida en el tiempo que de respuesta a
la grave crisis democrática, económica y social que hoy vive nuestro
país.
Ya PP y PSOE aprovecharon las vacaciones de verano para la ilegítima
modificación del artículo 135 de la Constitución, que es conculcada
sistemáticamente. ¿Qué tratarán de hacer con los escasos derechos que
aún no han convertido en negocio en esta situación de inestabilidad
política si no estamos atentos a responder democráticamente? No dejemos
que Bárcenas encubra el siguiente robo de soberanía a toda la
ciudadanía.
Mesa Estatal del Frente Cívico Somos – Mayoría
Madrid, a 20 de julio de 2013.
Madrid, a 20 de julio de 2013.
Comunicado de la Plataforma Stop Ley Wert
Desde la Plataforma Stop Ley Wert manifestamos nuestro convencimiento de que han sido las muchísimas voces discrepantes y las multitudinarias y constantes movilizaciones populares las que han provocado el aplazamiento de la aprobación de la LOMCE.
La ciudadanía no admite una ley que:- No parte de un diagnóstico serio y riguroso y del diálogo con toda la comunidad educativa.
- Aprovecha una coyuntura de crisis económica y la utiliza como coartada para abrir las puertas a la privatización de la Educación Pública.
- Está al servicio de los mercados y la Conferencia Episcopal y no de las personas.
- Da la espalda a la Educación Infantil y a las Enseñanzas no obligatorias.
- Se articula en torno a un sistema trasnochado de reválidas, perversos instrumentos de su carácter segregador y excluyente.
- Ignora y desatiende al alumnado con más necesidades educativas.
- Permite a los centros concertados con fondos públicos seleccionar a su alumnado, con el objetivo de lograr los mejores puestos en los rankings que construirán artificial e interesadamente las evaluaciones externas.
- Permite sostener con fondos públicos a colegios que segregan por sexo.
- Convierte a la población estudiantil y sus familias en clientes, desarticulando su condición de ciudadanía.
- Favorece la intromisión política en el proceso educativo con una recentralización impropia de sociedades democráticas.
- Crea una institución costosa como el “Instituto Nacional de Evaluación Educativa” (que además generará efectos muy perversos sobre la Educación Pública), al tiempo que se recortan los servicios públicos alegando razones económicas.
Por todo ello pedimos la destitución inmediata del Ministro Wert y la retirada definitiva de la LOMCE.
La sociedad civil no va a tolerar una ley sin acuerdos y que no cuente con el apoyo de la comunidad educativa. Imponerla por la fuerza del rodillo parlamentario sería una muestra de la ausencia absoluta de voluntad democrática.
Consideramos imprescindible la apertura de un espacio de debate con toda la comunidad educativa para alcanzar una ley de consenso, así como la creación de un marco legal que garantice estabilidad al sistema educativo.
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Las razones de la lucha
En la lucha económica, política e ideológica es fundamental e imprescindible tener un mensaje, unas razones, unos argumentos que reiterada y repetidamente manifestados producen afecciones y grados de simpatía hacía una causa. Esas líneas argumentales se proyectan en dos direcciones, la que fundamenta y legitima nuestra acción y la que despoja de toda legitimidad a la parte contraria y oponente. Y ello que podría interpretarse como una cierta predisposición a la distorsión de los hechos y las situaciones es, en el caso de España y su Gobierno, una simple descripción objetiva de los hechos.
La condición sine qua non para que ello se constate y resulte posible es que el origen de nuestras posiciones y la crítica a las opuestas tenga como referencia una serie de valores, textos documentales y propuestas considerados universalmente válidos. Dicho de otra manera; es totalmente erróneo en las actuales circunstancias, combatir la política del PP basándose en el argumento de que no es de izquierdas; eso significa lanzar una ofensiva partiendo ya de una visión parcial de la sociedad; es ir al combate renunciado a priori a unos posibles apoyos aunque sean coyunturales pero válidos para una fase de la lucha.
Y eso que sería un error por parte de la izquierda, se transformaría en un desastre para el Frente Cívico Somos Mayoría o para cualquier otro colectivo, movimiento o causa que pretenda para una causa justa, el respaldo mayoritario o al menos importante de la sociedad. El objetivo de nuestra tarea es conseguir lo de aquél personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo. Trasladar un mensaje al campo de la propuesta programática es objetivar en cada medida una solución válida para la mayoría Una propuesta válida que además se sustente en el marco legal existente. Es en definitiva hacer en nuestra práctica y mensajes un uso alternativo del Derecho. Es evidente que el capitalismo en general y el gobierno en particular no pueden mantenerse si no es conculcando los grandes principios y los grandes textos a los que permanentemente recurren para justificar la necesidad de obediencia por parte de la ciudadanía…
En consecuencia voy a desarrollar una breve línea argumental para nuestros discursos, documentos y comunicaciones.
Nuestro mensaje debe, a mi juicio, vertebrarse en torno a tres ideas reiteradas hasta la saciedad:
- Pedimos, exigimos y nos movilizamos para que se cumpla la legalidad constitucional y los textos internacionales en los que se fundamenta.
- Es el Gobierno el que está en la ilegalidad, fuera de la ley, conculcándola y violándola.
- Nuestra lucha, pacífica, está respaldada y justificada por los grandes documentos internacionales, la Historia y la razón. En consecuencia la insumisión, la rebelión o la desobediencia, en situaciones como ésta son legítimas, necesarias y justas.
La Constitución española en su artículo 10 incorpora como materia de
la misma la solemne Declaración de DDHH de 1948 y demás documentos que
la desarrollan. Los más importantes de ellos son los tres pactos
firmados en 1966 y ratificados por el Reino de España en 1977: el Pacto
por los Derechos Políticos, el Pacto por los Derechos Económicos y
Sociales y el Protocolo Vinculante. En consecuencia constituyen materia
constitucional y son, por tanto, de obligado cumplimiento. De igual
manera son también de obligado cumplimiento documentos como la Carta
Europea de Derechos Sociales de 18 de Octubre de 1961, ratificada por el
Reino de España el 26 de Junio de 1980. Obviamente que los contenidos
de la propia Constitución que en muchos casos no son sino una traslación
de la Carta de DDHH, también entran a formar parte de este acervo
documental. En consecuencia, nosotros somos los defensores del
cumplimiento de la legalidad vigente. Ante este razonamiento el gobierno
y los medios de comunicación afines al estatus, alegan que habiendo
cedido soberanía a través de los acuerdos y tratados como el de
Maastricht, desarrollando el artículo 93 de la constitución, los poderes
europeos sustituyen a los textos constitucionales en una serie de
competencias.
Lo anterior plantea dos contradicciones que debemos denunciar, el reconocer que se ha hecho una reforma constitucional mediante los hechos consumados (lo cual es ilegítimo e ilegal) y no a través de los procedimientos reglados y el de la cesión de soberanía sin haber consultado a la población a través de referéndum.
Pero a pesar de ello hay Títulos y artículos que no se han visto
afectados por esa circunstancia; tal es el caso del Título VII y el de
los artículos que lo componen, especialmente el 128. Pero además se debe
tener presente que tras la reforma constitucional pactada entre el PSOE
y el PP en el año 2011 se amplió el artículo 135 para hacer prioritario
el pago de la deuda. Pues bien en el citado artículo y en su punto 4 se
dice que Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda
solo podrán superarse en casos de catástrofe natural, recesión económica
y situaciones de emergencia extraordinaria…..El Reino de España está en recesión desde hace varios años.
En virtud de todo lo anterior quedan claras dos conclusiones que debemos reiterar una y otra vez:
- Nosotros, es decir, los que nos movilizamos contra este estado de cosas, somos los únicos que hemos optado por el cumplimiento de la legalidad.
- Son ellos, el gobierno, los poderes económicos, políticos y mediáticos los que están fuera de la ley .En estos momentos no estamos ante un Estado de Derecho.
El gobierno suele aducir que es un gobierno legítimo porque nació de
las urnas; es cierto Pero, y también es verdad, que una cosa es la
legitimidad de origen y otra la de ejercicio. La primera
se obtiene en las urnas, la segunda en el ejercicio diario de una labor
de Gobierno conforme con los textos constitucionales, la legalidad
internacional y la correcta adecuación entre las promesas electorales y
el ejercicio de la acción gubernamental tras el acceso al Gobierno. El
actual Gobierno tiene la primera pero ha perdido la segunda. Y es esta
última la que valida o invalida la legitimidad global.
Consecuentemente con todo ello, nuestra posición de movilización y
rebeldía está legitimada.
Pero además, lo está por razones basadas en la Historia y en los textos internacionales. En el debate, la controversia y la lucha de ideas hay que referirse a antecedentes que ante la opinión pública legitimen nuestra lucha movilizadora. Ante muchos católicos hay que recordar a Santo Tomás de Aquino, al Padre Mariana o al también jesuita Francisco Suárez que defendieron la rebeldía ante el mal gobierno. Todo ello sin olvidar, por otra parte, al legado que en esta materia nos dejó John Locke. Especial mención merece, por su altísimo valor de ejemplo la trayectoria del universal Gandhi.
Pero además, lo está por razones basadas en la Historia y en los textos internacionales. En el debate, la controversia y la lucha de ideas hay que referirse a antecedentes que ante la opinión pública legitimen nuestra lucha movilizadora. Ante muchos católicos hay que recordar a Santo Tomás de Aquino, al Padre Mariana o al también jesuita Francisco Suárez que defendieron la rebeldía ante el mal gobierno. Todo ello sin olvidar, por otra parte, al legado que en esta materia nos dejó John Locke. Especial mención merece, por su altísimo valor de ejemplo la trayectoria del universal Gandhi.
De la misma manera la Declaración de Independencia de EEUU de 4 de Julio de 1776 reconoce el derecho a la rebelión. También la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.. La constitución francesa de 1793 llegó incluso a reconocer el derecho a la insurrección.
En la actualidad el Preámbulo de la Declaración de DDHH de 1948 dice en su tercer considerando que se debe exigir que
los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen de Derecho a fin de
que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión….
Estas breves consideraciones tienen como objetivo unificar el mensaje
y dotarlo de base para explicarnos ante la ciudadanía, Por ello someto a
vuestra consideración dos propuestas:
- Que si se está de acuerdo, sea esta línea argumental la que llevemos a nuestros actos y documentos.
- Que en los encuentros con otros colectivos y organizaciones para programar las distintas actividades y luchas comunes, propongamos este mensaje como elemento de unidad y visualización de la misma. Todo ello independientemente, claro está, de la especificidad y soberanía de cada uno. Es hora de aunar esfuerzos y conseguir un mensaje común que desde las razones y argumentos de al movimiento global una visualización de unidad en el objetivo común: la Justicia. Video intervención de Julio Anguita
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